Tres organizaciones sociales vinculadas a legislación, datos y acceso a la información se manifestaron ayer con preocupación en relación al protocolo de actuación de uso de El Guardián, el sistema de vigilancia de llamadas y redes sociales que comenzará a utilizar el Ministerio del Interior (MI). El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay difundieron una declaración en la que advierten por la “insuficiente” regulación bajo la cual operará el nuevo sistema y por el “alcance limitado de los controles”.
Si bien reconocen como un avance que se haya publicado el protocolo firmado por el MI, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación (Cainfo había presentado en 2014 una acción judicial para que se difundiera el protocolo del sistema), las organizaciones hacen algunas puntualizaciones. En primer lugar, que el memorando de entendimiento firmado por los tres organismos refiere al Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales y no al sistema de recolección de datos El Guardián. “A través de este instrumento la sociedad conoce la existencia de un nuevo sistema informático asociado a El Guardián diseñado por el Ministerio del Interior, sin conocerse bajo qué criterios se ha realizado este proceso. No sabemos qué tecnología se utilizó, si se cumple con los estándares de la Ley 19.179 (software libre) y que términos de uso tendrá la información personal que el sistema recabe”, indican. Advierten que según el memorando, el Poder Judicial y la Fiscalía tendrán acceso “únicamente” al sistema de diligenciamiento de solicitudes, y añaden: “Es importante precisar que el Poder Judicial no tendrá control directo sobre El Guardián, sino sobre el software que habilita su funcionamiento”. Además, señalan que el protocolo no es una “norma de rango legal”, pese a las recomendaciones de los estándares internacionales. “Si bien la implementación del nuevo sistema de vigilancia electrónica en nuestro país se dará bajo la garantía de una autorización judicial previa, el marco legal a partir del cual se pondrá en práctica el sistema es inadecuado”, concluyen.