No hay corrección política que salve al conservadurismo más rancio. El lenguaje de derechos no es garantía de resistencia y las palabras inclusivas no curan las heridas, pero apuestan por interacciones más democráticas.

Cómo nos nombramos quizá sea la cara más visible de la agenda de derechos, ésa que no es consigna para guiar la moral, sino posibilidad emancipadora. Sin derechos el otro, el no-universal, no se dice, no se nombra.

Las mujeres invisibles, subalternas, pululan en nuestro presente y en los anales de la historia. El surgimiento del movimiento feminista fue la apuesta política de las mujeres ante el silenciamiento histórico y la dominación patriarcal. Pasaron los años, el movimiento siguió expandiéndose como doctrina y práctica política y fue transformándose, textualizándose en diversas corrientes. Llegó a América Latina con una impronta monolítica, a-histórica y transcultural que invisibilizó la herida colonial codificada en las diversidades que se extienden más allá de nuestro sexo. Heredero de ese feminismo hegemónico, que universaliza a la mujer y enfatiza la diferencia sexual, el movimiento feminista en Uruguay ha tenido dificultades para reivindicar su lugar en la izquierda política y social, para trascender sus contradicciones, y renovarse en cuerpo y alma.

La misoginia existe y las víctimas del patriarcado también, pero no somos víctimas ni subalternas por el solo hecho de ser mujeres. Ésa quizá es la apuesta más radical de nuestro tiempo: repensarnos como mujeres más allá del lugar donde nos coloca la “opresión natural” por no tener o no querer tener un falo redentor. Maribel Núñez, feminista poscolonial, ha afirmado que “la victimización como acto de colonialismo genera que las personas sean minimizadas a sus facetas de víctimas negando de forma total sus otras experiencias o capacidades, impidiéndoles así la posibilidad de encontrar fin al calvario”. En algunos espacios de la academia uruguaya a los feminismos poscoloniales, ésos que vislumbran otras formas opresivas y desmantelan la ilusión de una “opresión común” a todas las mujeres, se los ha nombrado como “feminismo diluyente”: un feminismo que parece pero que no es. Una sugerente invitación para complejizar ciertas posturas monolíticas: desde un esencialismo biologisista no es posible alcanzar horizontes igualitarios más efectivos.

La clase y más allá

Norbert Lechner define a la política como “la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”. La subjetividad y los afectos no son independientes de las decisiones de política pública y la brecha que se abre entre sociedad y política tiene que ver con las dificultades para incorporar la subjetividad. ¿Cómo entendemos, cómo “normamos” el ámbito público, el privado, la familia, los afectos, la sexualidad, la reproducción, el cuerpo, la libertad, la no discriminación, el uso de la fuerza, el lenguaje, el sentido del humor?

En los últimos años, han existido dificultades en la forma en la que se sostienen y problematizan las discusiones que incorporan las demandas de igualdad en la agenda política de cuño progresista. Concepciones anacrónicas basadas en cierta ortodoxia marxista casi urticante, estrategias fallidas, ignorancias compartidas y reconfortantes, no han permitido introducir de manera plena las dimensiones que implica el análisis de la diferencia con las complejidades asociadas a la lucha de clases.

Algunos discursos profundizaron las confusiones en la opinión pública. Los de Mujica resultan muy representativos de algunos sectores que consideran aspiraciones burguesas las reivindicaciones vinculadas al reconocimiento de las “otras” desigualdades: “En el país hay gente que pelea por derechos, donde hay corrientes feministas que piden que en esta sociedad de machistas se les abran oportunidades a las mujeres para ocupar todos los cargos […], pero de esas uruguayas sumergidas, llenas de hijos, no se acuerda nadie”. Y más recientemente en Brasil afirmó: “Hay que empezar a pensar como especie, no como país, especie que no debería anhelar tanto la igualdad de género como la igualdad de derechos”.

Si bien no podemos negar que las líneas divisorias entre las clases sociales son las que delimitan las maneras en que las mujeres estamos articuladas al sistema patriarcal, y que quizá en pos de la incidencia y el cabildeo político muchos de los movimientos feministas y de la diversidad han perdido presencia en el territorio, estos discursos suelen alimentar la ilusión de que las clases explotadas no reproducen otras opresiones ni introyectan los mandatos sociales hegemónicos.

Ser o no ser “puta”

Estar en territorio implica involucrarse en los intersticios de los cautiverios de nuestra sociedad, no solamente deambular en las calles de los barrios céntricos con pancartas de colores.

La “Marcha de las putas”, movilización callejera nacida en Canadá, y realizada desde hace tres años en el Parque Rodó, tiene como objetivo, según señala una página de internet, “reapropiarse de la palabra ‘puta’, en sus distintas acepciones, para reclamar contra la violencia de género y visibilizar que la cultura patriarcal culpa a la víctima de violación sexual […] Se intenta dignificar el rol de la mujer en la sociedad y evitar se la estigmatice por su forma de vestir”. En nombre de esa reivindicación, algunas de las asistentes a la marcha se travisten de las mujeres que no son, usan los tacos, las cancan, las polleras cortas que no se pondrían nunca, inscriben en sus cuerpos mensajes dirigidos a los “cerdos machistas que las miran lascivamente”. Paradójicamente, “reivindican el derecho de vivir libre de estereotipos”.

Quizá el anverso sea la consigna “Ninguna mujer nace para puta”, algo que ha dicho una y otra vez Sonia Sánchez, una mujer que vivió de la prostitución y superó la identidad violenta de ser por muchos años “la puta”. Las mujeres, que desde niñas sangran, sudan y se retuercen por unos pesos a cambio de “vender” su sexo y su boca caliente no son nombradas en las concentraciones del parque.

Así, nuevas manifestaciones del movimiento feminista de enclave urbano se han hecho presentes en las calles. A partir de este año, ante la emergencia de la muerte violenta de mujeres, surgió una instancia de coordinación de organizaciones y colectivos representativos de “los feminismos en el Uruguay”. Mujeres y hombres de todas las edades por cada muerte -considerada feminicidio por organizaciones sociales- se han manifestado en el espacio público. La rabia y la indignación han convivido con el alboroto y la algarabía de las performances callejeras.

En las concentraciones ha abundado el lila, el puño libertador -ícono de las feministas alemanas de los 70- y pancartas en las que se transcribe la indignación en clave de red social: #NiUnaMenos.

Palabras y castigos

En lo que va del año 30 mujeres han sido asesinadas en el marco de sus relaciones de pareja. La alarma social encendida ha llevado a algunos sectores del movimiento feminista a apostar por el tratamiento jurídico de la violencia de género por medio del derecho penal, mediante la tipificación de la figura de feminicidio. Aun cuando en los espacios en los que se ha defendido esta propuesta se habla de un efecto simbólico y no de endurecimiento de penas, estas demandas implican una peligrosa adscripción de militantes y organizaciones feministas hacia una cultura del castigo.

Más allá de las discusiones de tipo estrictamente jurídico, la fuga hacia el derecho penal ¿no implicaría diluir los problemas estructurales de reparaciones históricas en exigencias de castigo individual? ¿Cómo adaptaría el aparato institucional y judicial –profundamente machista- tales demandas? ¿Cómo transforma el Derecho Penal nuestras subjetividades más profundas en soluciones concretas? ¿En qué medida se ejerce la construcción de nuevos sentidos comunes con una apuesta que más bien es común de la derecha conservadora? Quizá falta comprender mejor los fenómenos, las cifras, los recorridos de esas 30 mujeres antes de que fueran asesinadas.

La pregunta obvia, incómoda pero más importante de todas, es si se pudieron prevenir esas muertes violentas. Es que más allá de comisiones, unidades temáticas en ministerios, en el Parlamento, en el PIT-CNT o de jueces y operadores jurídicos “especializados”, que intentan congregar las buenas voluntades del gobierno en torno a la necesidad de paliar los efectos de la violencia de género, se trabaja a pulmón en una agenda política que no interpela lo suficiente. Habría que ver qué tanto se apuesta a la prevención para combatir los atisbos culturales con los que cargamos.

Defender la idea de que la identidad de los hombres es ser violentos contradice las concepciones antideterministas. Pero no podemos negar que todavía hay muchos varones, pobres y ricos, laicos y creyentes y todos los grises, que no superaron el mandato de la caza de mujeres. ¿Qué hacemos para que nuestros hijos dejen a un lado los mitos y la sacralización de su sexo? Nuestras sensibilidades pueden ser otras y, si sucediera, estoy segura que “nuestros padres fundadores” temblarían ante las nuevas masculinidades que este siglo puede ver nacer.