Las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez sobre el futuro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no pasaron desapercibidas en los sectores de la sociedad civil y de la academia que se enfocan en los temas de libertad de expresión. Vázquez dijo al diario El Observador que la implementación de la norma se demorará hasta que la Justicia se expida acerca de, por lo menos, una decena de recursos de inconstitucionalidad sobre varios de los artículos de la LSCA, presentados por medios privados y empresas de televisión para abonados. El organismo no se pronunciaría antes de fin de año.

El anuncio sorprendió, especialmente porque fue realizado diez días después de que el mandatario anunciara que la reglamentación estaba casi pronta. En las filas de la Coalición por una Comunicación Democrática fue visto con preocupación e incluso como una amenaza de que la ley termine “en la papelera”, como en 2010 dijo el entonces presidente José Mujica. Hoy la coalición tendrá una reunión de la que probablemente saldrá un comunicado.

En la bancada de legisladores del Frente Amplio el aviso de la estrategia del gobierno también sorprendió. En diálogo con la diaria, el diputado del Espacio 609 Julio Battistoni dijo que le gustaría conocer los motivos más directamente, pero adelantó que no cree que los recursos de inconstitucionalidad sean considerados por la SCJ. Según sostuvo, se asesoró jurídicamente para estudiar los recursos presentados por las empresas y llegó a la conclusión de que la mayoría de los argumentos esgrimidos son “muy débiles”. Además, Battistoni dijo que el anuncio de Vázquez “no le cayó ni bien ni mal”, al tiempo que consideró que “es una ley sumamente importante y es probable que haya que implementarla con cautela”.

En una entrevista con FM Gente de Maldonado, Mujica también se refirió al tema; mostró comprensión con la decisión de Vázquez y aseguró que él hubiera actuado de la misma forma. “Está bien eso”, opinó, en referencia a la decisión del actual mandatario.

Liberales y deliberativos

Los abogados constitucionalistas no concuerdan con respecto a la constitucionalidad de la LSCA. A la posición favorable a la inconstitucionalidad expresada por Martín Risso se contrapone la visión de José Korzeniak, que entrevistado ayer en El Espectador aseguró que la ley no tiene ningún aspecto inconstitucional y que a lo sumo podría considerarse injusta, algo con lo que el ex legislador frenteamplista tampoco concuerda. Acerca de una de las principales acusaciones de inconstitucionalidad que se le hacen a la ley, la de violar el artículo 29 de la carta magna, Korzeniak consideró que, por el contrario, es “una garantía” para el cumplimiento del citado artículo, que señala que “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. Precisamente, el abogado sostiene que esos “abusos” deben ser regulados, algo que hasta el momento no ocurría. Otro especialista, Daniel Ochs Olazábal, en comisión en la Cámara de Diputados, únicamente criticó las excesivas atribuciones que recaen en el Poder Ejecutivo.