Después de que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunciara sobre el reclamo de inconstitucionalidad de la empresa DirecTV respecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), el Espacio 609 consultó a sus abogados sobre el dictamen. El diputado de ese sector Julio Battistoni dijo a la diaria que aunque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tome en cuenta la totalidad del dictamen para establecer su sentencia, eso “no tira abajo” la LSCA. Valoró positivamente que mientras que la empresa solicita la inconstitucionalidad de 27 artículos, el fiscal únicamente la detectó en cuatro de ellos en forma total y en otros diez parcialmente.
Battistoni aseguró que, en el supuesto de que la SCJ coincida con el fiscal, ni la “ingeniería institucional” ni los organismos que son creados por la ley caerían, por lo que su implementación no se vería afectada. Además, consideró positivamente que Díaz afirme “de manera contundente” que son constitucionales elementos importantes de la ley, como que la regulación de contenidos es para proteger a los niños, los mínimos de producción nacional e independiente, el must-carry en los cables -que los obliga a transmitir las señales nacionales abiertas-, la publicidad electoral gratuita, los límites a la publicidad comercial, la transmisión gratuita de eventos de interés general y el Consejo de Comunicación Audiovisual. Para el diputado, el fiscal no utiliza argumentos como los que acusaban a la ley de ser una “mordaza” y “coloca la discusión en el derecho de propiedad y libertad de empresa”.
Sobre el argumento del fiscal de que las disposiciones en la LSCA dispondrían una “expropiación” de los derechos de empresas sobre derechos televisivos de eventos de interés público y la vaguedad para definir los eventos que entrarían bajo esa modalidad, los abogados del Espacio 609 aseguran que la ley “tiene una aplicación muy precisa” y que rige únicamente para el fútbol y el básquetbol y en instancias definitorias de torneos internacionales o sus clasificatorios. Díaz había cuestionado la frase final del artículo, que da la potestad al Poder Ejecutivo de definir otros eventos como de interés general.
Acerca de la aseveración del fiscal sobre que la imposibilidad de que los permisarios de medios audiovisuales ingresen en el mercado de las telecomunicaciones consolidará el monopolio de Antel, los abogados consideran que ese argumento “no hace a los servicios de comunicación audiovisual en sí” y aseguran que el artículo, de hecho, colabora con el combate a los monopolios y oligopolios. La asesoría jurídica también discrepa con la interpretación del fiscal que considera excesiva la forma de fijar cuotas de contenidos nacionales e independientes, y con todas las que critican el régimen de infracciones establecido por la LSCA, aunque de todas formas plantea soluciones en caso de que la SCJ le dé la razón.