La apertura de cuatro plantas de clasificación de residuos es señalada como uno de los mayores logros en materia de limpieza por la Intendencia de Montevideo (IM). El mercado de los residuos es uno de los más desregulados; en un extremo de la cadena miles de clasificadores trabajan sin ningún tipo de protección social, mientras que en la otra punta hay empresas recicladoras de plástico, papel y cartón que generan ganancias anuales millonarias. Entre ellos hay varios depósitos informales que intermedian y compran los residuos a los clasificadores para revenderlos a otros depósitos o directamente a las empresas de reciclaje. Según las cifras de la IM, en Montevideo hay más de 3.000 clasificadores de residuos.

En ese marco, la IM otorgó la infraestructura para que 128 clasificadores pasaran a trabajar en la formalidad, pero el proceso ha presentado algunas dificultades que llevaron a los clasificadores que trabajan en las plantas a declararse en conflicto.

Ayer de tarde, los trabajadores de las plantas del Cerro, Casavalle, Peñarol y Chacarita de los Padres cortaron la calle 25 de Mayo, a la altura de Ciudadela, en protesta porque ninguna autoridad de la intendencia había concurrido a la mesa de negociación que mantienen desde hace 15 días en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En el ministerio les comunicaron que los jerarcas de la IM habían solicitado postergar la mesa para el martes 12, actitud que molestó a los trabajadores, que conjeturaron que con ese pedido las autoridades sólo pretendían dejar la instancia de negociación para después de las elecciones departamentales.

Diferencias

En diálogo con la diaria, Tabaré Pírez, vocero de los clasificadores, explicó que el principal reclamo es salarial. “Tenemos un salario muy sumergido. Nuestro sueldo base está en el orden de los 10.000 pesos, y habría un complemento salarial por concepto de ventas, pero no sólo no da para cubrir, porque son 3.000 o 4.000 pesos según el mes y la planta, sino que además está bajando porque están cayendo los precios de las materias primas”, indicó. Sin embargo, otro trabajador de la planta aseguró a la diaria que desde que trabaja formalmente cobra entre 8.000 y 10.000 pesos líquidos, mientras que en la informalidad percibía unos 3.500 pesos por semana, situación que hizo que muchos clasificadores de las plantas renunciaran. Además, el clasificador se quejó de las condiciones de trabajo en las plantas y señaló que no cuentan con guantes adecuados, y que una de ellas se inunda y otra tiene goteras.

Pírez señaló que, aunque “desde hace tiempo” plantean el tema a las autoridades de la IM, “siguen sin obtener respuestas”, y recordó que el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Juan Canessa, declaró ante la prensa que el salario llegaría a 18.000 pesos. Además, dijo que se han entrevistado con todos los candidatos del Frente Amplio a la IM pero que ninguno de ellos les aseguró una solución concreta. Consultado por la diaria, el jerarca no quiso hacer declaraciones, mientras que María Sara Ribero, directora de Desarrollo Social de la comuna, aclaró que los dichos de Canessa nunca implicaron un compromiso de la IM a pagar esos montos salariales.

La jerarca negó que haya plantas que se inunden y sostuvo que solamente hay una que se llueve, problema que está en vías de ser solucionado. Consultada acerca del reclamo de los clasificadores que sostienen que ganaban mejor en la informalidad, dijo que “no tiene pruebas de ello”, porque “antes no había recibos”, y sostuvo que si eso fuera cierto los clasificadores “siempre tienen la libertad de irse”.

Ribero sostuvo que si bien la comuna tiene “en carpeta” la construcción de dos plantas más en el corto plazo, será un tema que resuelvan las próximas autoridades.

Los trabajadores de las plantas resolvieron parar una hora por día hasta el martes, cuando, en función de lo acordado en la reunión en el MTSS, evaluarán la posibilidad de endurecer las medidas de lucha.