El 12 de junio el juez Humberto Verri, responsable del Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Rivera, tomó conocimiento de un oficio elaborado por la Jefatura de Policía que daba cuenta de “información confidencial” sobre que dos adolescentes “estarían siendo explotada[s] sexualmente en el Parque Internacional”. El juez solicitó la “vigilancia electrónica sobre dichas adolescentes y toda persona que se vincule con las mismas”. Las adolescentes, de 13 y 15 años, se encontraban bajo el cuidado del Hogar Femenino de Rivera del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El jueves 23 de julio el juez procesó (sin prisión) a la madre de una de las adolescentes por un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, y (también sin prisión) a la directora departamental del INAU y a la directora del Hogar Femenino “por un delito de omisión contumacial de los deberes del cargo”. El auto de procesamiento da cuenta de que “varias personas de sexo masculino” declararon en carácter de indagados “por ser potencialmente vinculados a la explotación sexual” de una de las adolescentes, pero la fiscalía no encontró “elementos probatorios que permitan atribuirles inicialmente alguna responsabilidad”. El viernes el directorio de INAU dio una conferencia de prensa en Rivera en la que rechazó la explotación sexual y lamentó “que en este proceso que se inicia a partir de la denuncia realizada por la Dirección Departamental de INAU y que fuera trabajada interinstitucionalmente no se encontrara a los verdaderos responsables del delito de explotación sexual”. Las autoridades expresaron, además, que acataban “en todos sus términos la resolución judicial”; al mismo tiempo, reconocieron el esfuerzo de las jerarcas procesadas “para dar respuesta a un problema extremadamente complejo” como es la explotación sexual infantil.
La situación de vulnerabilidad de las dos adolescentes, ambas embarazadas, es brutal. La investigación da cuenta de que la de 13 años “trabajó de 20.00 a 2.00 en una Whiskería llamada ‘G.V.’, ubicada en la vecina ciudad de Santana do Livramento”, y que cobraba entre 100 y 200 reales, que la habían encontrado manteniendo relaciones sexuales en un baño público de Santana y que subía a autos a cambio de dinero.
Marina Morelli, abogada e integrante de Mujer Ahora, definió el fallo como “indignante” porque “está omitiendo deliberadamente la responsabilidad de los explotadores”. Junto con otras instituciones, Mujer Ahora ponderaba anoche la elaboración de un comunicado rechazando el pronunciamiento. Morelli agregó: “Llama la atención que, habiéndose hecho una investigación en la órbita judicial y policial por un delito de explotación sexual, se culmine abriendo procesos penales por otro tipo de delitos y a otras personas, pero no por el delito de explotación sexual”.
Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, lamentó que “el hilo se corte por el lado más fino”, porque se procesa a quienes alertaron del problema. Catalogó el fallo como “un paradigma de prejuicios”, porque coloca las responsabilidades en las víctimas y “hace desaparecer al perpetrador del delito, lo que genera espacios de impunidad”. Dijo que se argumenta que no se hallaron pruebas contra los indagados y se preguntó: “¿La palabra de la adolescente no tiene valor?”. Preguntó si el dueño del motel P, adonde fue una de las adolescentes, no incurrió en el delito de contribución a la explotación sexual, al igual que el dueño de la whiskería, quien también debería ser analizado por cooptación y tráfico con fines de explotación sexual.
El Sindicato Único de INAU respaldó a las funcionarias y también rechazó que “a los abusadores acusados e identificados los dejen libres por ‘falta de pruebas’”.