Ayer se volvió a reunir con el presidente Tabaré Vázquez la comisión interministerial que determinó medidas de acción para proteger la cuenca del río Santa Lucía. En el marco de la sequía meteorológica que afecta parte del país, el presidente de OSE, Milton Machado, anunció que lo que hasta ahora era un pedido de contribución voluntario a la población, de restricción en el uso no esencial del agua potable, será a partir del fin de semana una medida obligatoria. “En la medida en que no se pronostican lluvias o precipitaciones que contemplen la posibilidad de la recuperación de acuíferos y se restablezca la situación normal de caudales, a partir del fin de semana ya vamos a pasar a la condición obligatoria en cuanto a los usos no esenciales”, informó ayer Machado en conferencia de prensa. Se apunta a que no se use agua de OSE para el riego, lavado de patios exteriores o veredas y lavado de vehículos por parte de particulares, y se fiscalizará la medida, con multas por incumplimiento. Machado dijo que la decisión está acompañada del refuerzo de personal para el operativo Invierno, para disminuir las pérdidas de agua por roturas de cañerías.

Al día

La titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Eneida de León, explicó el alcance de algunas de las medidas anunciadas en mayo de 2013 y ampliadas en marzo de este año, pero además puntualizó que la situación de sequía perjudica aun más la calidad del agua y “provoca problemas de contaminación”.

Respecto de la instauración de una zona de amortiguación o “buffer”, es decir, una franja de 20, 40 y 100 metros en la ribera del Santa Lucía o sus afluentes libre de cultivos y del uso de agrotóxicos que permita la recuperación y el mantenimiento del monte ribereño, la ministra profundizó algunos datos que había aportado el viernes el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario. Indicó que mediante imágenes satelitales se pudo comprobar que de un total de 2.785 padrones sobre la cuenca del Santa Lucía, 320 no están cumpliendo con la distancia exigida y otros 340 están en duda (las imágenes no permiten comprobar la distancia). Nario aseguró que se comenzó a inspeccionar y notificar a los propietarios, tanto en caso de incumplimiento como de duda, de su situación, pero que todavía no se comenzará a sancionar: “El decreto es de febrero, probablemente muchos ya habían comenzado con los cultivos, entonces se les intima a que cumplan en la zafra que viene”.

La ministra también informó que la zona de amortiguación se extenderá hasta los afluentes menores, es decir, cañadas o arroyos, como el Colorado, que “están sumamente contaminados, porque son sectores de menor caudal y de mal uso”.

La directora de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Mariana Hill, informó sobre la fiscalización que realizaron respecto de la obligatoriedad, para los emprendimientos agrícolas de la cuenca, de presentar planes de uso del suelo. De un área de 17.000 hectáreas que el MGAP fiscalizó se presentaron 222 planes de uso, que en 77 casos (unas 7.300 hectáreas) no se cumplieron: “Declararon algo para plantar y se plantó algo distinto”, graficó Hill. Estos 77 casos se encuentran en proceso sancionatorio, a lo que se suma la fiscalización de quienes no presentaron los planes de uso de suelos, lo que es “más difícil”.