La Corte Suprema de Chile resolvió ayer la condena de 11 militares chilenos y tres uruguayos por el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, que apareció muerto en la costa de Canelones el 13 de abril de 1995. Los militares uruguayos son el coronel Tomás Casella Santos, el teniente coronel Eduardo Radaelli Coppola y el coronel Washington Sarli. Casella recibió una condena de 15 años de prisión (diez años y un día como autor del secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita), Radaelli más de 12 años (diez años y un día como autor del secuestro y 800 días por asociación ilícita) y Sarli cinco años y un día como cómplice de secuestro y 60 días de asociación ilícita. En todos los casos, las condenas son de prisión sin beneficios. La sentencia es inapelable.
Berríos integró la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, y en octubre de 1991, ya en democracia, fue citado a declarar en el marco de la investigación del homicidio del dirigente político de Unidad Popular Orlando Letelier. El fallo de la Corte indica que el químico fue sacado del país por una unidad especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército, primero a Río Gallegos y a Buenos Aires (Argentina) y luego a Montevideo, “donde estuvo permanentemente controlado por personal de inteligencia de las repúblicas de Uruguay y de Chile, remitiéndosele dinero para su mantención a través de distintos integrantes de la referida unidad”. En Montevideo, bajo el nombre falso de Tulio Orellana, el bioquímico permaneció “en un departamento alquilado por sus captores, y una vez que Berríos trató de establecer contacto con la Embajada de Chile, éste no fructificó”, cuenta el fallo. Berríos manifestó que quería volver a Chile, y ante eso fue trasladado a una casa de veraneo (de los padres de Radaelli) en Parque del Plata (Canelones). De esa casa se fugó y fue hasta una comisaría a denunciar que estaba secuestrado, pero fue echado. Desde allí se perdió su rastro, y tres años después apareció su cadáver en la playa de El Pinar con dos tiros en la cabeza. El fallo es categórico al señalar que la salida de Berríos de Chile fue un secuestro: haber abandonado Chile con una identidad falsa, la custodia por parte de personal de inteligencia, “la custodia permanente que se mantuvo sobre él mientras vivió en la ciudad de Montevideo” comprueban “la restricción que lo afectó en lo que se refiere a su libertad de desplazamiento”.
Los militares uruguayos fueron extraditados a Chile en 2006, después de que la Justicia uruguaya archivara el caso. Amadeo Ottati, su abogado, dijo ayer a Efe que buscará que se aplique un tratado bilateral que permitiría que los militares cumplan su condena en Uruguay, lo que debería solicitar el Estado uruguayo. Ayer, autoridades del Ministerio de Defensa todavía no estaban al tanto del tema.