Son varias las filiales de las federaciones nacionales de sindicatos de la enseñanza que se están pronunciando en estos días sobre las pautas salariales acordadas entre el Poder Ejecutivo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza Uruguaya (CSEU). La Asociación de Maestros del Uruguay de Montevideo y Canelones, y la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria rechazaron el martes la propuesta. La asamblea nacional de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) también consideró insuficiente el convenio propuesto por el Ejecutivo, que prevé que los docentes perciban de ingreso 25.000 pesos mensuales a final del quinquenio y los demás trabajadores de la enseñanza perciban 23.500.

El convenio también incluye una cláusula por la que los trabajadores de la enseñanza no podrán tomar medidas de lucha contra lo acordado en el convenio en caso de firmarse, y manifiesta el compromiso de los docentes de cumplir con los calendarios de clase de la ANEP. Además, posee otra cláusula por la que se incrementan las partidas que se destinan a pagar el presentismo docente y, a pedido de la CSEU, se elimina el requisito de cumplir con metas de gestión. El convenio prevé la continuación del ámbito de negociación bipartito entre la CSEU y la ANEP para definir aspectos salariales y de política educativa.

Ayer, la asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo decidió levantar la huelga que mantenía desde el 17 de agosto, aunque se mantiene en conflicto. El gremio de profesores anunció que parará parcialmente el viernes y el miércoles, para asistir a dos marchas por la educación. Al término de la asamblea, el presidente de ADES, Emiliano Mandacen, dijo a la prensa que a partir de estar en contacto con otros gremios de la enseñanza, se evaluó que éste era “el momento justo” para volver a las aulas. Mandacen consideró también que no existió una negociación real y que el gobierno estableció de por sí el salario de los trabajadores.

El gobierno planteó en la negociación que no había margen para más incremento e incluyó una cláusula por la que, si los sindicatos no aceptan el acuerdo salarial, se faculta al gobierno a usar el dinero para infraestructura del sistema educativo y no para salarios. Esta posibilidad quedó establecida en el artículo 619 del proyecto de Ley de Presupuesto.

En la misma línea que ADES resolvieron ayer las filiales de AFUTU en Montevideo y Canelones, que, si bien rechazan el acuerdo, levantaron las medidas. A partir de las asambleas de ayer, la única rama de la educación pública que se mantiene inactiva es Formación Docente. El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas resolvió el martes continuar hasta el lunes con la ocupación que inició el 18 de agosto, igual que la Asociación de Estudiantes de Educación Social de Montevideo, que sigue ocupando el Instituto de Formación en Educación Social.

Los planes

Según la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto, la asignación de recursos que se propone para la educación representa “40% del total de recursos incrementales al 2017”, y si se le suman los incrementos del resto de las instituciones vinculadas con la educación, el aumento llega a 50% del total. Además, se plantea que se va en la línea de llegar a 6% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación, y que, pese a que la mejora salarial de los trabajadores de ANEP y la Universidad de la República entre 2005 y 2015 fue de entre 69% y 75%, respectivamente, “se entiende necesario seguir avanzando en la recuperación salarial”.

Además, se establece que en 2016 y 2017 los recursos asignados a la educación aumentarán 6.554 millones de pesos respecto de los 66.000 millones de pesos que se asignaron en 2015, y se alcanzará un gasto de 4,7% del PIB. De los montos que el proyecto de ley asigna a la ANEP, aquellos destinados a salarios permiten cumplir con el aumento de 3,5% anual que se plantea en la propuesta del gobierno a los sindicatos. La fundamentación sostiene que al llegar a los 25.000 pesos, al final del quinquenio, los docentes incrementarán su salario entre 17% y 20%, sin contar la inflación, y los funcionarios no docentes, entre 24% y 26%. Además, se señala que el incremento salarial propuesto “resulta muy superior al obtenido en el quinquenio que cierra”, que fue de 11,9%, y que posicionará a los docentes “en una situación de igualdad con el salario al ingreso de trabajadores con similar nivel educativo”, como los universitarios, lo que se espera que tenga “un efecto positivo sobre la elección de la carrera docente al egreso de la educación media”.

Además, el Poder Ejecutivo no dará incremento a la ANEP para inversiones y sí para nuevos edificios, y también se prevé la posibilidad de que se realicen obras por 11.000 millones de pesos, en la modalidad de Participación Público Privada (PPP). En particular, se otorgan fondos para que durante el quinquenio se construyan 24 jardines de infantes y 59 aulas para niños de tres años en las escuelas públicas ya existentes, infraestructura que, según el gobierno y de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, mediante el instrumento de PPP permitirá incorporar 8.000 niños en 2020.

Con la construcción de diez edificios nuevos y la readecuación de 35 ya existentes, se otorgarán recursos para la construcción de 45 escuelas de tiempo completo. Para la educación media, una de las prioridades del gobierno, se prevé la construcción de 12 liceos comunes nuevos, que se suma a la instalación de más aulas en siete liceos que ya existen, 13 liceos de tiempo completo, otros cinco de tiempo extendido y la construcción de cuatro liceos que incluyan ciclo básico y segundo ciclo, modalidad para la que también se ampliarán otros 27 liceos. Además, se otorgarán recursos para nueve polos tecnológicos de educación media superior.