De aprobarse tal como está el artículo 260 del proyecto de ley de Presupuesto 2015-2020, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) creará una Dirección General de Bioseguridad, que tendrá el cometido de “coordinar y ejecutar las políticas en materia de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM); de inocuidad alimentaria; sistema de control zoosanitario y fitosanitario”; asesorar al ministerio y articular con instituciones agropecuarias; instrumentar el análisis caso a caso de evaluación del riesgo “sobre bases científicas objetivas”; y “diseñar protocolos de evaluación del riesgo para el ambiente, salud animal, sanidad animal y vegetal de procesos”.

Hasta ahora esas funciones eran ejercidas por el Gabinete Nacional en Bioseguridad, creado por el decreto 353 de 2008 e integrado por seis ministerios: MGAP (que lo preside); Salud Pública; Economía y Finanzas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Relaciones Exteriores; Industria, Energía y Minería. Ese gabinete es el que autoriza las nuevas solicitudes de ingreso al país de transgénicos y el que define los lineamientos de la política nacional de bioseguridad.

Ir, sector al que pertenece el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, discrepa con la propuesta. Cuando se fundó, en 2010, esta agrupación ya había planteado que el sistema creado para autorizar la liberación de eventos transgénicos era “débil”; si bien proponía que fuera interministerial, planteaba que estuviera dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), siguiendo la tendencia mundial, y además porque “todas las convenciones internacionales que regulan estos temas” están en el MVOTMA, explicaron a la diaria integrantes de Ir. El grupo propone que la Universidad de la República (Udelar) tenga una participación “clara y activa”, y que haya un fondo de dinero para hacer investigaciones donde hay vacíos de conocimiento.

El Gabinete Nacional de Bioseguridad tiene brazos “asesores y ejecutores”: la Comisión de Gestión del Riesgo -integrada por un delegado de cada ministerio-; Evaluación del Riesgo en Bioseguridad -una instancia en la que participa un número reducido de expertos propuestos por la Comisión de Gestión del Riesgo y conformada actualmente por una sola persona, delegada del MGAP- y el Comité de Articulación Institucional -compuesto por representantes de los seis ministerios, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), la Udelar, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Pasteur de Montevideo-. El decreto que creó el gabinete preveía, además, la creación de un Comité Consultivo de Bioseguridad en el que participarían instituciones públicas, la Udelar, el sector privado y la sociedad civil. El comité consultivo nunca se conformó, mientras que el IIBCE y la Udelar dejaron de participar hace años en el Comité de Articulación Institucional.

En el quinquenio pasado el MGAP quiso aprobar más eventos transgénicos, pero esa aspiración fue frenada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud Pública y Medio Ambiente.

Ir propone cambiar la redacción del artículo 260, que es el que establece los cometidos de la Dirección General de Bioseguridad. Sugiere llamarla de otra manera -“Dirección General de Control e Inocuidad Alimentaria”- y quitarle toda competencia vinculada a la autorización de nuevos eventos transgénicos, reservando su función al control zoosanitario, fitosanitario y de barreras sanitarias, explicó a la diaria el diputado Martín Couto (Ir).

De esa forma, el gabinete interministerial se mantendría vigente. En el sector entienden que la competencia de inocuidad de los alimentos corresponde a las intendencias y al Ministerio de Salud Pública, y que el impacto ambiental debe evaluarlo el MVOTMA. Couto dijo que la propuesta se presentó el viernes en la reunión de bancada, que esta semana se discutirá con los referentes de los ministerios y que luego volverá a discutirse en la bancada oficialista.