El estilo de discusión sobre los problemas de ANCAP dentro del Frente Amplio (FA) no ha sido constructivo. Pero el FA, con logros inmensos, también se equivoca y da la cara ante la gente. Por eso ha votado una comisión investigadora en el Parlamento. Hay una deuda grande y el gobierno, con razón, ha resuelto capitalizar ANCAP, que necesita estar fuerte y ser motor del desarrollo. Y conste que Elena Baldeiro, del Partido Nacional, y Juan Máspoli, del Partido Colorado, apoyaron en el directorio las inversiones de ANCAP, según consignó, en su momento, el portal de El Espectador.

Es claro que había rezago de inversiones: ANCAP estaba desmantelada en 2005, una planta desulfurizadora era impostergable y Alur es un polo de desarrollo fundamental para el norte de Uruguay.

Ahora bien, durante los años 90 enfrentamos la marea neoliberal para asegurar el control de la renta monopólica generada por ANCAP y otras empresas públicas. Todas las empresas públicas deben pasar excedentes a Rentas Generales. Esto se discute siempre y se practica en todos los gobiernos, porque financia inversiones prioritarias del país. Si hay un rezago grande de inversiones de una empresa pública puede ser lógico cierto déficit y no hacer las transferencias al gobierno nacional.

¿Qué pasó con ANCAP? Que hay un déficit de 620 millones de dólares que tendremos que pagar todos. Seguramente hay explicaciones multicausales del déficit, pero algo es seguro: no fue por no pasar los costos de las inversiones a las tarifas del combustible, que habrían volado por los cielos y ya son altísimas en Uruguay, como sostiene Daniel Olesker en El País el 6 de enero.

José Mujica señala, en una entrevista con Brecha, que él comprende “que no se puede hacer cualquier cosa [en materia de inversiones] [...] el Ministerio de Economía estuvo bien en no reconocer costos de distribución y en no pasarlos a tarifas porque había que controlar la inflación”. Por el contrario, asombra el razonamiento de Olesker. Bien intencionado, expresa con transparencia la mentalidad que llevó al déficit de ANCAP, ya que “no pudo pasar a costos de tarifas” las inversiones.

En un país cuyas tarifas de combustibles son caras en comparación con otros países de América Latina, ¿cómo se puede sostener que esto no va contra el país productivo, además de empujar la inflación, que afecta a la gente más pobre o de bajos ingresos? Si usted sabe que ni puede ni debe pasar sus costos a las tarifas del combustible porque eso encarece toda la economía y daña la producción, entonces debería revisar su plan de inversiones. Ahora el petróleo Brent está en su nivel más bajo de los últimos 11 años y 30% por debajo de la última paramétrica de ANCAP. Mujica, sin embargo, no niega que el Ministerio de Economía y Finanzas “haya planteado en una sesión la alerta de que las inversiones estaban fuera de control. Pero el Ministerio de Industria [Energía y Minería] es el que atiende eso y pensaba distinto”.

Una ANCAP fuerte, que sea motor de desarrollo, debe evaluar y autoevaluar sus inversiones. Porque para un país pequeño como Uruguay todo puede ser necesario. Si habrá que invertir en educación, en la UTU, en industrias culturales, en fibra óptica, en I+D y en la promoción de cadenas productivas generadoras de empleo. Pero en la vida existen las prioridades, y los gobiernos deben elegir.

Hubo un plan estratégico de inversiones en ANCAP desde la gestión de Daniel Martínez, porque había un fuerte desfasaje de inversión. Lo que no hubo recientemente fue velocidad gerencial para adaptarlo al nuevo contexto cambiario ni preverlo; por ejemplo, entre otros tantos errores, no hubo capacidad de escalarlo, de hacerlo a otro ritmo.

¿Cuáles son las lecciones de fondo del episodio de ANCAP? En Uruguay y América Latina hemos oscilado entre dos visiones negativas de las empresas públicas y los roles del Estado en la economía: un Estado de partidos, con baja racionalidad económica y técnica; o un Estado mínimo, como quieren los neoliberales. Al menos desde 1930 nuestras empresas públicas han estado pautadas por “Pactos del Chinchulín”, tal como los llamó Luis Alberto de Herrera para denunciar los acuerdos entre batllistas y blancos independientes (hasta que su sector se integró a la coparticipación). Esa marca de origen siempre convivió con lógicas técnicas y empresariales centradas en el rol de las empresas públicas en el desarrollo nacional y la evaluación de calidad de inversiones.

El riesgo de las propuestas simplistas que reducen todos los problemas a más presupuesto no sólo es la demagogia bien intencionada, sino la ineficiencia y la pérdida de recursos del pueblo. Se cobren los impuestos que se cobren, los recursos son finitos. Y los pagamos todos. Como ahora en ANCAP o ayer con los bancos fundidos. Ésa fue la alerta permanente de Emilio Frugoni, Arturo Dubra y el joven diputado suplente Vivian Trías cuando en los años 50 advertían en solitario a los partidos tradicionales que se rifaban mal el futuro del país en clientelismo e hipertrofia de renta estatal improductiva.

Es paradójico: de ahí a defender el otro extremo del Estado mínimo hay poca distancia. Cuando el uso de los recursos es desordenado o se prometen recursos como si brotaran del piso, entonces crecen los neoliberales defensores del Estado juez y vigilante para liberar al mercado perfecto de la tutela de la malvada burocracia. La derecha sólo mira la creación genuina de riqueza, pero una parte de la izquierda sólo mira la distribución. No hay distribución de la riqueza sin creación genuina de la riqueza ni verdadero desarrollo sostenible de calidad sin redistribución.

La creación genuina de riqueza es un proceso en el que intervienen muchos actores sociales y no sólo las empresas. Es producto de una intervención colectiva basada en el trabajo, y en el caso de la economía creativa, en el trabajo creativo. En esta etapa histórica es preciso terminar con la falsa dicotomía entre Estado y mercados.

La izquierda que nace debe situar a los intereses de la ciudadanía y del conjunto de la clase trabajadora en el centro del interés público y el corazón de la esfera pública local, nacional, regional o global. Y promover los derechos de los sectores más vulnerables y discriminados de la sociedad, como las mujeres, la niñez, la vejez, la población afrodescendiente. Ni izquierda de mercado ni izquierda corporativista. Es la hora de pensar de nuevo nuestro modelo de gobierno de las empresas públicas para hacerlas más fuertes, más transparentes y modernas, basadas en el mérito de sus funcionarios y el control republicano de la gente.