Ser joven es delito

El Ministerio del Interior (MI) reprime más, vigila más y manda a penar más, según las cifras e interpretaciones del último informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. La cantidad de procesamientos en 2015 es una cifra “récord”: más de 1.100 personas procesadas por mes. 11.364 por delitos y 2.200 por faltas. 13.564 en el año, frente a 12.800 en 2014.

Los indicadores del “éxito” se elaboraron en base a la cantidad y causa de procesamientos en el período del 1º de enero al 30 de noviembre, tanto de 2014 como de 2015. El análisis de los datos constató que los procesamientos aumentaron 6%, que los procesamientos con prisión aumentaron 2,1%, que Montevideo y Canelones siguen siendo los lugares donde hay más concentración de delitos, y que en 2015 los hombres de 19 años fueron los más procesados (representan 6,5% del total de procesamientos).

El MI atribuye a su labor el incremento de los procesamientos: sostiene que la Policía es más eficaz a la hora de reprimir y que hay mayor profesionalización, cuestión que ayuda al momento de recolectar las pruebas incriminatorias que se presentan ante los jueces. A su vez, señala que los tiempos de respuesta son menores y que por este motivo lograron detener a muchos de los delincuentes in fraganti, lo que luego determinó el procesamiento según cada caso. Además se destacó que la ciudadanía “confía más” en la fuerza policial, que es “cada vez más eficiente”. En ese sentido el MI asegura que las nuevas tecnologías “permiten una labor policial mucho más precisa, aportando elementos probatorios que dan certeza y dirimen las responsabilidades penales de los actores de un hecho policial”, por ejemplo, el empleo de las cámaras de videovigilancia.

La otra lectura

Desde el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Rafael Paternain, ex director del Observatorio aseguró que “habría que ver si hay más procesamientos por la eficacia policial o porque hay más delitos o más denuncias de esos delitos”. Señaló que “ya ha habido problemas en la construcción de datos confiables”. También afirmó que la regla con la que se eligió medir la (in)seguridad refleja una “política de persecución”. El hecho de que el MI destaque, marque y evalúe su política de seguridad según la cantidad de procesamientos, en lugar de apostar a una política “más restaurativa que punitiva, que apele más a los mecanismos de la mediación”, da cuenta de que la izquierda está aplicando “la misma política de siempre”, opinó. Es decir, la que evidencia “la selectividad del sistema”: la que controla más “a los más vulnerables”, los jóvenes. “Podríamos pensar al revés: que una política exitosa es aquella que más previene y menos procesa”, sostuvo. Vale recordar que Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo: 278 personas cada 100.000 habitantes en 2013, cuando el promedio es de 144 cada 100.000 habitantes, y también que 64% de los presos no tiene sentencia.

Estadísticamente hablando

La cantidad de personas procesadas por faltas aumentó 14,2%, y por delitos, 4,5%. Casi la mitad de los delitos cometidos en 2015 (6.863) se concentraron en Montevideo y Canelones. En la capital los procesamientos aumentaron 9,8% y, por el contrario, disminuyeron 14,4% en el departamento canario. En el resto del país aumentaron 10,4%. 90,7% de los procesados son hombres, un aumento de 0,2% respecto al año anterior; la cantidad de mujeres bajó en la misma proporción.

Respecto de los delitos, el hurto es el más denunciado y el que genera el mayor número de procesamientos: 37,2%. Le siguen los procesados por delitos vinculados con estupefacientes, 10,9%, después el de encubrimiento de delincuentes u objetos delictivos (receptación), con 10,8%, y la rapiña, con 8,9%. Sobre los procesamientos del segundo crimen más denunciado, el de violencia doméstica, no se presentaron los datos.

En cuanto a los procesados por hurto, en Montevideo la cifra aumentó 11,8%, en Canelones descendió 13,1% y en el resto del país aumentó 6,9%. En 94,2% de los casos los procesados fueron hombres. En 2015 aumentó 56% el número de procesados por estupefacientes en Montevideo, 9% en Canelones y 26,1% en el resto del país. 75,5% de los procesados fueron hombres. No se muestran los datos referidos a receptación. También aumentaron los procesados por rapiñas en Montevideo (11,6%) y, por el contrario, bajaron 6,1% en Canelones y 4,5% en el resto del país. 96% de los procesados por rapiña fueron hombres.

Por otro lado, los procesamientos por homicidio (que representan 1,4% de los procesamientos por delitos) aumentaron 8,2%; el año pasado fueron 159 y en 2014, 147. El MI aclara que la cifra de 2015 “seguramente sufra variaciones” debido a que la resolución de los casos ocurren, generalmente, mucho tiempo después del crimen. 95% de los procesados son hombres. Al respecto el MI subraya que en estos casos fue “particularmente importante” el banco de ADN criminal de la Policía Científica, que permite contrastar las muestras recogidas en la escena del crimen y esclarecer casos después de mucho tiempo de su ocurrencia.

Una política de seguridad integral

Además de las cifras, el Presupuesto aprobado, que comenzó a regir el 1º de enero y estará vigente hasta 2017, también da cuenta de la importancia que les da el MI a las medidas coercitivas. Ayer el diario El País publicó un artículo en el que se recordaba que, según lo votado, un grupo de 1.000 policías será destinado a las tareas de patrullaje preventivo y represión del delito. Los elegidos tendrán una compensación especial de 10.000 pesos por alta dedicación operativa a partir de este año. El grupo tendrá un costo anual de 140,9 millones de pesos. Se integrarán 500 funcionarios a la Jefatura de Policía de Montevideo, 250 a la de Canelones, 50 a la de San José y 200 a la Guardia Republicana. El País también señala que el MI pretende liberar de tareas administrativas a más policías, para que comiencen a desempeñarse en “tareas de disuasión y represión del delito” en Montevideo.

Según el comunicado del MI, la concentración de los delitos en la zona metropolitana “ha llevado al incremento de las medidas para su combate y prevención”. Según los datos del Observatorio, 84% de las rapiñas ocurre en Montevideo y 12% en Canelones. Sin embargo, también se destaca que “parte de la solución” está en involucrar “otros factores que no necesariamente tienen directa relación con la tarea policial”. En ese sentido se señala que la coordinación con los municipios mejora “el entorno, favorece la convivencia y reduce los factores de riesgo”, por ejemplo iluminando o limpiando zonas que son “entornos propicios para la delincuencia”. Tareas de ese tipo “han merecido el reconocimiento local y empiezan a medirse favorablemente en las estadísticas en zonas que antes se marcaban como peligrosas”.