Los conflictos armados que mancharon de sangre nuestro territorio y forjaron el país durante el siglo XIX tienen repercusiones actuales en la problemática de las armas de fuego, según Ignacio Salamano, coordinador del Observatorio de Impacto de Armas de Fuego del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que el 28 de octubre lanzó el estudio “Menos armas, más seguridad: Aportes para la comprensión de la problemática de las armas de fuego en el Uruguay”, disponible para descargar en ladiaria.com.uy/UMK.

El estudio, coordinado por Salamano, recopila abundantes datos cuantitativos sobre el tema, pero también bucea en las causas de una problemática que, como dice el título, Ielsur entiende fundamental en el tema de la seguridad ciudadana.

Primero, datos globales y regionales: la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas calcula que hay 875.000.000 de revólveres y pistolas en el mundo; 22,9% está en manos de militares y 3% pertenece a la Policía, mientras que el 74% restante corresponde a “actores no estatales y civiles” y 0,1% a grupos armados rebeldes. 500.000 personas al año mueren a balazos -200.000 de ellas a consecuencia de asaltos, robos, violaciones y suicidios-. La mitad de muertes por armas se concentra en Latinoamérica, detalla en la introducción Juan Fernández Trigo, embajador jefe de Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

Hay un arma registrada cada seis uruguayos o cada dos hogares, y se calcula que por cada una de ellas existe una no registrada, en base al porcentaje histórico que se desprende de las incautaciones del Ministerio del Interior. La mayoría pertenece a ciudadanos de nivel socioeconómico medio y medio alto, según datos de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil de Uruguay y Cifra.

El suicidio es el primer problema que aborda el informe. Un estudio centrado en Montevideo -donde se registra 40% de las muertes autoinfligidas- arroja una tasa de 13 de ese tipo de muertes cada 100.000 habitantes en 2014. Las armas de fuego aparecen como el segundo método detrás del ahorcamiento, pero sólo en los estratos más jóvenes: a medida que avanzan las edades, se van volviendo mayoritarias en la población masculina, hasta alcanzar 51,5% en hombres mayores de 61 años.

Otro capítulo gira en torno a la percepción de inseguridad que, según las citas al sociólogo Rafael Bayce, no se corresponden con las cifras sobre criminalidad en el país. Como consecuencia, aparecen -esta vez, citando al sociólogo argentino Gabriel Kessler- el pedido de políticas de mano dura, la construcción del “ciudadano honesto” y la aprobación de la justicia por mano propia. Es así que seis de cada diez personas que tienen armas, según Equipos Mori, se justifican en la protección personal, mientras que en entrevistas que el equipo que elaboró el informe hizo a psicólogos que aplican el test psicofísico aparece la preocupación por la seguridad de la familia como motivo frecuente. Los propios psicólogos también hablan de problemas en los controles de esa etapa del proceso: “En su mayoría, mencionan la posibilidad de que una persona no apta para tener un arma, igualmente, consiga que algún profesional de la salud le otorgue el certificado de todas formas, pues, aunque consideran que su trabajo es responsable, para muchos otros, no es más que un simple trámite” (las itálicas pertenecen al texto original).

Otro apartado analiza tres casos particulares: un adolescente de 13 años que murió por un disparo de una escopeta de su jefe, el asesinato de una mujer a manos de su pareja policía, y el conocido episodio de la mujer que estaba en el balcón de su casa y recibió un disparo proveniente de una pelea entre hinchas de Cordón y Welcome. El primer caso, analizan los investigadores, habla de cómo un arma que estaba destinada a la protección puede convertirse en un “mecanismo casero de defensa” que termina jugando en contra. El segundo episodio habla de cómo la disponibilidad de armas de fuego se suma como un peligro más a la desprotección que afecta a las mujeres en cuanto a violencia de género. El tercer caso, concluyen los investigadores, habla del estatus que da el arma dentro de una barra y del peligro de la “bala perdida”.

Luego de dos extensos capítulos dedicados a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y a la violencia de género -ambos fundados en el mismo dato: el hombre adulto es el principal portador de armas y el que mayoritariamente trabaja en las instituciones armadas-, sigue un análisis comparado regional que ubica a América como el continente con más homicidios por armas. Luego vienen las recomendaciones. “Es necesaria una institucionalidad: ágil, que dé cuenta de los procesos dinámicos de transformación de los mercados legales e ilegales de armas y de los usos de la violencia; transparente, que establezca mecanismos cristalinos en todos los procesos vinculados al acceso y tenencia de armas por parte de civiles y de las fuerzas de seguridad y que, a su vez, garantice un mecanismo de difusión pública de sus estadísticas; visible, que sea capaz de diseñar campañas de sensibilización y prevención; articuladora, que sea capaz de tener un enfoque intergubernamental; rigurosa, que establezca umbrales elevados y apropiados para el acceso y/o tenencia de armas; que rinda cuentas, que comparezca a instancias de evaluación de la política, ya sea de manera pública o en el ámbito parlamentario; dotada de recursos financieros y humanos que aporten a la consecución de un sistema nacional de control de armas de fuego y afines; y, finalmente, que se sustente en un paradigma centrado en la convivencia y en la resolución pacífica de los conflictos”.

Desde 1940, bastante temprano en comparación con otros países de la región, Uruguay tiene una ley sobre armas. En 2014, tras un intenso debate parlamentario, se aprobó la Ley N.º 19.247, sobre tenencia, porte y comercialización de armas. La reglamentación de la ley todavía es una cuenta pendiente.