Algunas de las modificaciones impulsadas por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) a la Ley de Derechos de Autor que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores semanas atrás generaron debate, principalmente después de que el mismo día de la votación en el Senado, la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) cuestionara la iniciativa (ver “El impulso y su freno”). Además, varios autores emitieron una nota en la que se cuestiona la ley, que fue firmada por escritores como Daniel Baldi, Roy Berocay, Martina Gadea, Jaime Clara, Guillermo Lockhart, Álvaro Ahunchain, Carlos María Domínguez y Leonardo Haberkorn.
En esa nota se plantea que la norma -a la que llaman “ley de fotocopias”- “no tiene nada que ver con el derecho a la educación”, en alusión al eslogan que ha usado la FEUU para promover el proyecto de ley. Según señalan, “las fotocopias no son la solución” para garantizar este derecho, sino que, por el contrario, “las fotocopias destruyen libros”. Además, la nota plantea que con la modificación a la Ley de Derechos de Autor votada por el Senado, “se consagra que el trabajo realizado en un libro no vale nada y puede ser tomado o explotado por cualquiera que venda fotocopias, exclusivamente en beneficio propio”. Los autores y la CUL fundamentan su postura en que “la única manera” en la que pueden cobrar su salario “es a través de la venta de libros”, por lo que consideran que “legalizar el fotocopiado de libros es legalizar que alguien pueda apropiarse del sueldo de otros”.
Sin embargo, los autores sostienen: “Estamos ante una oportunidad histórica de plantear una ley que de veras apoye a las bibliotecas públicas y ponga al Estado como protagonista en el sector editorial”, beneficiando tanto a autores como a lectores, “tal como se hace en la mayoría de los países”. Por ejemplo, sugieren que si el Estado compra libros, los precios de los materiales “podrían ser inferiores a los de un libro fotocopiado” y también plantean “alternativas a la fotocopia” como “la compra de derechos de autor” y “la generación de contenidos digitales”.
En perspectiva
Según Mañana, en la FEUU hay satisfacción por la aprobación del texto en el Senado, porque se trata de una discusión que impulsan desde hace dos años. Sobre los reparos, planteó que le parece “legítimo” que se expresen quienes ven sus intereses tocados. A nivel educativo, dijo que “es increíble” que los docentes que suben materiales de estudio a la plataforma virtual que tiene la Udelar para sus cursos estén cometiendo actos ilegales por hacerlo. Según añadió, desde la FEUU no creen que por legalizar esa práctica que ya sucede en la actualidad nadie más vaya a comprar libros. Mañana evaluó que si la norma es aprobada el cambio más significativo se dará en la educación, donde pasarán a ser legales situaciones que hoy ocurren de hecho pese a estar prohibidas. Sin embargo, Mañana consideró que en un segundo paso también será necesario trabajar en una política de publicaciones de la Udelar, y establecer de qué forma se incentiva a los docentes a hacer manuales que queden en el dominio público, para que eso a la vez pueda incentivar la producción de nuevo conocimiento.
Disposición
En diálogo con la diaria, el integrante de la Mesa Ejecutiva de la FEUU Marcio Mañana señaló que las modificaciones de las excepciones al derecho de autor por la realización de una copia para uso privado “no está siendo bien explicada en los medios” de comunicación. Por ese motivo la FEUU está pidiendo reuniones a varios actores para explicar ese inciso. Según Mañana, se busca hacer legal la reproducción de una obra, no sólo mediante el fotocopiado, sino también por medio de la descarga de archivos, por ejemplo en formato pdf, siempre que sea para uso personal y que la persona lo haya adquirido por la vía legal.
“No es verdad que alguien va a poder reproducir libremente un libro, es una copia sólo para mi uso, no puedo dársela a un tercero. Primero tengo que adquirir la copia por un medio legal”, aclaró el integrante de la FEUU. Según añadió, el gremio está abierto a especificar este aspecto en la redacción del artículo durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. En la misma línea, indicó que las modificaciones a la ley no buscan legalizar que los individuos puedan hacer una copia de uso personal y, por ejemplo, subirla a internet, algo que después de la aprobación de los cambios “va a seguir siendo ilegal”.
En relación con el otro artículo que generó el rechazo de organizaciones como la CUL, el que elimina la sanción económica para quienes sin autorización realicen una copia de uso personal sin fines de lucro, Mañana señaló que el ilícito no es derogado, porque “no quiere decir que [la copia sin fines de lucro] no tenga ningún tipo de penalización”. “El derecho penal debe ser la última respuesta como sanción. Cuando hacemos una copia sin fines de lucro que es lícita, no debería ir a la Justicia penal, por ejemplo lo podría dirimir un juez del ámbito civil”, especificó.
Según el estudiante, hay canales de diálogo abiertos con la CUL, porque la FEUU evalúa que “el diálogo es la mejor forma de llegar al equilibrio” entre el derecho a estudiar y el derecho de autor. Desde la federación consideran que el proyecto aprobado en el Senado “está muy bien técnicamente” y “es muy sólido”, porque “por algo tiene el respaldo de la Universidad de la República”, dijo Mañana. En síntesis, adelantó que si bien la redacción puede ajustarse para atender planteos de otros actores, “el espíritu va a seguir siendo el mismo: que se garantice el derecho a estudiar, que hoy está en desventaja respecto del derecho de autor”, y tratar de alcanzar “un equilibrio” entre ambos.
Intenciones
Por su parte, Alicia Guglielmo, integrante de la CUL, dijo a la diaria que la gremial está “en contacto permanente” con organizaciones sociales, culturales y con partidos políticos, con quienes están buscando “una forma que respete realmente el trabajo de todos y el acceso a la cultura”. Según añadió, en los próximos días tienen previsto un encuentro con la FEUU, organización a la que no quieren oponerse y con la que aspiran a “discutir de verdad” para buscar “puntos de acuerdo” y dejando de lado “verdades a medias”, que según consideró se han manejado en argumentaciones de otras organizaciones que apoyan los cambios. En particular, dijo que hay una organización que “falsea argumentos” y a la que habría que dejar de lado en la discusión, porque valoró que tiene “otros intereses”, que “no son de uruguayos”. Según explicó, esta organización -a la que no nombró- ha impulsado “proyectos similares” en otras partes del mundo, donde “se licuan” los derechos de los autores. La única organización con presencia en otras partes del mundo que participó en la discusión de la ley fue Creative Commons, que promueve el “intercambio y utilización legal de contenidos cubiertos por los derechos de autor”.
Guglielmo señaló que la CUL no está en contra de toda la ley, y está de acuerdo en regular las excepciones al derecho de autor de acuerdo al Convenio de Berna, pero “siempre que no dañen a la industria cultural”. Según explicó, el texto del proyecto de ley tiene “una cantidad de puntos que avasallan” a la industria cultural. Durante la discusión del articulado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, la CUL envió un texto en el que, además de plantear reparos con el artículo de copia privada y la eliminación de la sanción económica para la realización de copias sin fines de lucro, propuso que la excepción por fines educativos rigiera únicamente para instituciones públicas de educación, y puso algunos reparos sobre la forma en que se plantearon las excepciones para las bibliotecas.