La Cátedra Alicia Goyena fue el espacio para la primera sesión de este año del ciclo “Inclusión educativa: una construcción colectiva”, un espacio de formación dirigido a docentes o educadores, promovido por la profesora de literatura Silvia Prida, madre de una joven con discapacidad, con el objetivo de “crear conciencia entre los profesores de que la inclusión es buena para todos, no sólo para los estudiantes con discapacidad”. El término “inclusión educativa” se usa mucho actualmente, y puede significar distintas cosas, pero este ciclo busca abordar la problemática que deja a niños y adolescentes con discapacidad fuera del sistema educativo, con las consecuencias que eso tiene luego en su desarrollo social y laboral.
Tourón fue categórico en la descripción. Recordó que recién en 2006 se empezó a trabajar “en serio el tema de la discapacidad”, a partir de la aprobación, en la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por Uruguay en 2008 y en 2011. Esta convención prevé que las distintas políticas (educativa, de justicia, vivienda, trabajo, etcétera) concreten “ajustes razonables”, adaptaciones o modificaciones para tratar a los ciudadanos en condiciones de igualdad. En 2010 también se aprobó la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad; las leyes están, pero faltan las reglamentaciones, los controles, y falla su aplicación. “A estos derechos hay que ‘arrancarlos’. Integramos un colectivo totalmente discriminado, sin mucha importancia en ninguna agenda del Estado”, dijo Tourón ante la escucha de maestras, profesoras y adscriptas. Y específicamente al referirse al sistema educativo, lamentó que en Uruguay “no hay un plan nacional de inclusión educativa”.
El militante social, cuyo hijo es sordo, afirmó que sobre la educación recae la mayor cantidad de reclamos de los familiares que se acercan a las asociaciones de personas con discapacidad. La mayoría, relató en diálogo con la diaria, aparece cuando los padres quieren incluir a su hijo en la escuela o el liceo, y surge la primera discriminación: la resistencia de los docentes. Tourón vincula esto fuertemente a la falta de formación: “Un gran porcentaje de los profesores no tiene ningún tipo de formación en la temática de la discapacidad, ni auditiva, ni sobre ceguera, autismo o lo que sea”.
Aseguró que en primaria es donde hay “más complicaciones para salir adelante”, y aunque valoró que hay “satisfacciones” en la educación secundaria, se trata de “focos puntuales de inclusión educativa” y no de la regla. También reiteró las dificultades sobre la accesibilidad física en las instituciones educativas -“estamos a años luz”, opinó- y mencionó barreras comunicacionales como la falta de conocimiento de la lengua de señas, la falta de intérpretes, de materiales en braille o programas adecuados (lectores de pantalla) para las personas ciegas. Las soluciones o buenas prácticas -mencionó, por ejemplo, la experiencia del liceo 32 de Montevideo, donde funciona el Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (Cereso) y se incluye a estudiantes sordos- llegan de la mano de “cuatro o cinco docentes que se pusieron la mochila al hombro”, sostuvo.
Adaptarse
La circular 3224, aprobada por el Consejo de Educación Secundaria (CES) en setiembre de 2014, fue la que derogó toda la normativa anterior que hiciera referencia a los términos “tolerancia” y “exoneración”, y estableció una nueva reglamentación para el trato de estudiantes con discapacidad. “Aquella reglamentación no era suficiente, no daba respuestas, y se buscó pasar de la ‘tolerancia’ (soportar, resistir con paciencia) a la ‘adecuación’ (acomodar en función de lo que precise el otro). Se buscó evitar la exclusión y buscar una solución”, explicó Gabriela Garibaldi, profesora de biología y psicopedagoga, coordinadora del Departamento Integral del Estudiante (DIE) del CES.
Esa circular es la que plantea adoptar “adecuaciones curriculares”, modificaciones en los contenidos, en la enseñanza o en la forma de evaluación, que permitan enseñar a un estudiante en función de sus particularidades. Los cambios pueden modificar los contenidos curriculares, tomando en cuenta a su vez la historia de cada estudiante. “Si, por ejemplo, un estudiante con síndrome de Down apenas lee y escribe, al dar el tema fotosíntesis le transmito nociones básicas, pero no le voy a pedir que me diga en detalle cómo y dónde se hace la fotosíntesis y qué es el cloroplasto, como le puedo exigir a otro estudiante de primer año”, graficó. Las adecuaciones de la enseñanza tienen que ver con atender de forma distinta a quien tenga problemas de comprensión, sentar adelante a quien tenga problemas de atención, que el que se desenvuelve mejor hablando que escribiendo tenga la oportunidad de intervenir más, por ejemplo. La evaluación también es distinta, pero no la certificación. “Si me puse una meta y esa meta se cumplió, ese 6 va a ser el mismo que el de cualquier estudiante, y su ficha no va a decir nada”, explicó Garibaldi.
El DIE tiene algunos prototipos de adecuaciones ya previstos (para estudiantes con síndrome de Down, Asperger, dislexia, Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad). Para realizarlas es necesario que, además de cada profesor, haya un “equipo educativo” encargado del seguimiento individual del estudiante. Estos equipos están integrados por psicólogos, asistentes sociales, profesores orientadores pedagógicos y a veces por adscriptos, que deben sistematizar estas adecuaciones. Esta es una de las dificultades que se enfrentan, ya que, según ha señalado la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, no hay psicólogos, psicopedagogos o asistentes sociales en todos los liceos; Garibaldi afirmó que hay psicólogos “en la gran mayoría” de los 299 liceos, y adelantó que en 15 días se nombrarán educadores y psicopedagogos para 25 liceos del país.
En relación a las barreras de accesibilidad física, Garibaldi indicó que no hay un dispositivo especial, sino que ante cada caso se remite el tema a Arquitectura. Con respecto a las necesidades, por ejemplo, de estudiantes sordos o ciegos, habló de los dos centros de recursos: el Cereso y el Centro de Recursos para alumnos ciegos y con baja visión (Cer). En Montevideo hay dos liceos que incluyen estudiantes sordos (el 32 y el IAVA), pero Garibaldi asegura que estos centros coordinan a nivel nacional con los liceos en los que hay estudiantes sordos o ciegos, y en conjunto preparan materiales.
Muchas de las docentes que intervinieron en la charla cuestionaron las condiciones en las que se debe incluir a los estudiantes: “Tengo 40 alumnos y una inclusión, o 30 y dos inclusiones”. Otra de las dificultades que plantearon fue que hay “falta de control” del CES cuando son los directores de las instituciones los que “coartan las ganas que tienen los docentes” de hacer inclusiones. Pero fundamentalmente remarcaron su propia falta de formación. Una docente de filosofía contó que para trabajar al autor Demócrito presentó una lectura; los estudiantes tenían que analizarla en grupo, luego escribir sobre ella y finalmente dibujar algo relacionado, para facilitar la comprensión del texto de diversas formas. “Pero yo no sabía cómo evaluar el dibujo”, reconoció.