El suelo está pronto para sembrar. Los vecinos de Paso Picón, área rural ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de Canelones, calculan que una vez allí más crecerá la soja que cada verano planta el médico y productor rural Máximo Castilla. El viernes de tarde los vecinos vieron llegar al productor en un tractor, con un tanque del que salían dos brazos listos para fumigar; llamaron a la Intendencia de Canelones (IC) y de inmediato concurrieron los inspectores. Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la IC, explicó a la diaria que “por lo que pudimos constatar y lo que nos dijo uno de los vecinos referentes, no estaba fumigando dentro del área cautelada; había estado fumigando en una zona externa, no dentro de los 300 metros del perímetro rural”.
En mayo de 2015 la IC definió un área de 300 metros en torno “al perímetro rural con asentamientos humanos Paso Espinosa-Paso Picón” (próximos uno del otro, ambos ubicados sobre la ruta 62 y linderos con los campos de Castilla) en la que se prohíbe la realización “de actividades que generen perjuicio a la salud de los pobladores y al ambiente”. La IC tomó esa resolución considerando “que se han detectado eventos que han afectado a la población que fueron constatados por el MSP [Ministerio de Salud Pública], el MVOTMA [Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente], la INDDHH [Institución Nacional de Derechos Humanos] y la Intendencia”, decía la resolución. Por haber fumigado donde no debía, la IC denunció penalmente a Castilla -el tema está en la órbita del Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 1º Turno de Canelones- y el 12 de agosto la Junta Departamental le aplicó multas que superan el millón de dólares por fumigar y reincidir en la fumigación dentro del perímetro de exclusión de Paso Picón y Paso Espinosa.
El viernes de noche los vecinos hicieron guardia para ver si Castilla pasaba nuevamente los límites prohibidos; no lo hizo, pero sí pasó por dentro del área, algo que no debería hacer, contó a la diaria Adriana Pascual, una de las vecinas denunciantes. De todos modos, suponen que fumigará, puesto que el perímetro protegido también fue preparado para la siembra. El glifosato deja sus rastros, y por donde pasó, el pasto quedará quemado; si bien eso confirmará si el productor respetó el perímetro, los vecinos apuestan a prevenir la aplicación, puesto que ya han sufrido daños por las intoxicaciones (que han sido constatadas también por las instituciones de salud en las que se atienden y por el MSP, que estudió sus historias clínicas).
Ayer Pascual fue notificada por una denuncia de la IC al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de 2015, por la aplicación terrestre de agroquímicos realizada por Castilla y que provocó deriva en cinco predios linderos, entre ellos el de Pascual. Según dijo Pascual a la diaria leyendo la resolución 15/03083 del MGAP, de fecha 13 de junio, la Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP constató la infracción, pero la catalogó como “de carácter leve en tanto la firma no registra antecedente”. El organismo no le aplicó una multa económica al productor, sino que le hizo un “apercibimiento”. Un mes atrás, el 25 de mayo, el MGAP había puesto la primera multa a este productor por la fumigación en Picón (dos años después de ser denunciado), por la deriva provocada por Castilla en seis predios linderos en julio de 2015; en aquel momento la sanción fue de 60 unidades reajustables (54.300 pesos). Pascual considera que el productor no tenía antecedentes porque antes había fumigado por medio de una empresa.
Los incidentes entre Pascual y Castilla se arrastran desde hace tiempo, y el lunes 8 sumaron otro capítulo cuando, según Pascual, el médico la insultó y la amenazó de muerte.