“El Frente Amplio [FA] reafirma su vocación de reformar la Constitución de la República para avanzar en el proceso de transformaciones que el país necesita”, comienza la resolución aprobada el sábado por el plenario nacional de la coalición de izquierda. Para ello, propone “impulsar un amplio debate” sobre el tema y convocar “a todas las organizaciones” políticas del campo popular, y a los ciudadanos “que compartan esta vocación a constituir un espacio permanente de coordinación para definir contenidos e instrumentos”.

La resolución fue aprobada con la abstención de Asamblea Uruguay (AU), cuyos integrantes han manifestado públicamente que consideran un error impulsar un debate constitucional en este momento. El diputado de AU y ahora vicepresidente del FA José Carlos Mahía publicó el mes pasado una columna en Uypress donde sostenía que “el camino de la reforma constitucional puede ser muy peligroso para el FA, puede afectar la marcha del actual gobierno y particularmente las posibilidades de alcanzar un cuarto triunfo electoral”.

Otra moción aprobada el sábado postergó el mecanismo de reforma constitucional, ya que no había consenso al respecto entre los sectores. El Partido Socialista, el Partido Comunista y Casa Grande, entre otros, se inclinan por la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente, mientras que otros, como el Movimiento de Participación Popular y el Nuevo Espacio, prefieren la vía de la iniciativa popular. El mecanismo se resolverá probablemente en el próximo Congreso del FA, que se realizará el 27 de noviembre y llevará el nombre de Rodney Arismendi.

El plenario aprobó un insumo con propuestas de temas a incorporar en un proyecto de reforma constitucional, que tiene pocas modificaciones respecto del que ya había presentado la comisión que estuvo trabajando en el tema. Propone incorporar en la Constitución algunos avances que se registraron en los gobiernos del FA, por ejemplo en materia de agenda de derechos o el tercer nivel de gobierno; incluir el voto de los uruguayos en el exterior; ampliar las disposiciones en materia de medioambiente, y eliminar el veto presidencial. Sin dar detalles, sugiere reformar el sistema judicial, modificando el sistema de selección y ascenso de los jueces y “rediseñando su funcionamiento institucional”, y modificar el régimen electoral. La idea es que las propuestas concretas surjan del diálogo con las organizaciones sociales y políticas.

Las coincidencias

Iba a ser un documento de actualización ideológica, pero finalmente se tituló “Principios y valores compartidos del FA”, y el cambio de nombre dejó conformes a muchos. El plenario del FA aprobó el sábado un documento que enumera los principios de la coalición en materia de valores para la acción política, inserción internacional, desarrollo sostenible, relación entre Estado, mercado y sociedad, e institucionalidad democrática.

En el capítulo sobre el Estado, se señala que este “debe cumplir un rol político fundamental en la construcción de nuestro país y su desarrollo sostenible”. “El Estado que aspiramos construir se caracteriza por un alto desarrollo en la eficiencia y la eficacia de sus acciones, que no conlleva una institucionalidad burocratizada e híper voluminosa. Por el contrario, en nuestra concepción, el Estado constituye un instrumento de transformación permanente y, por ello, demanda su sistemática adecuación temporal y social”, indica el documento. “El Estado contribuirá a resolver las desigualdades existentes y tendrá una presencia en las áreas estratégicas de la economía, desarrollando firmemente su rol articulador”, agrega.

Sostiene que el capitalismo, en su fase actual, “instaura desigualdades a través de la apropiación y explotación privada del conocimiento” y que, “frente a esto, el Estado debe impulsar una sociedad del conocimiento libre y abierta, con equidad tanto en el acceso como en la producción de los bienes culturales”.

Finalmente, el capítulo propone una “justa articulación entre Estado y mercado”. Sostiene que el Estado debe “producir bienes públicos y estratégicos, sobre todo en materia de infraestructura pública, energía y telecomunicaciones, entre otras, y en innovación y en la generación de un entorno que facilite el funcionamiento económico”, así como “proveer bienes que generen importantes beneficios a la sociedad en las áreas de educación, salud, cultura y construcción de ciudadanía”.

El último capítulo, sobre institucionalidad democrática, reafirma la “validez e importancia de un sistema caracterizado por la pluralidad político partidaria” y de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Sostiene que si no se fomenta la participación popular, se puede caer “en una suerte de paternalismo estatal, que contribuye a generar un espacio vacío que aleja a la sociedad civil, en particular a las organizaciones populares, del proyecto nacional en proceso, debilitando su proyección histórica”.

En el capítulo de inserción internacional se afirma que la política exterior de Uruguay “debe tener como prioritarias las relaciones complejas y diversas con los socios del Mercosur” y se debe apuntar a “sostener y profundizar la integración latinoamericana, que aún se encuentra débil y fuertemente jaqueada por intereses dominantes de la política internacional de las grandes potencias”.

El capítulo sobre desarrollo sostenible señala que la clave para lograrlo es generar un equilibrio entre “el crecimiento, la distribución, el cambio tecnológico y la protección del ambiente”.

Este documento se presentará como un insumo para el debate del Congreso en noviembre, pero varios sectores aclararon que, más allá de estar de acuerdo con este marco general, piensan presentar sus propios documentos.