En 2014 se presentó Un secreto a voces, una investigación cualitativa sobre las percepciones de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el oeste de Montevideo. Los resultados fueron contundentes: ya en ese entonces se identificó como principales explotadores a los trabajadores del transporte, específicamente a los de las terminales de ómnibus en el Cerro y Santa Catalina. Hace dos años también se identificó a las terminales de ómnibus, entre otras, como zonas geográficas de riesgo, donde se constataron varias situaciones de explotación. Ayer saltó a la luz un caso que la Justicia de Crimen Organizado venía siguiendo desde hacía al menos tres meses: la denuncia que presentó el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por explotación sexual comercial a tres mujeres adolescentes de 16 y 17 años en la Terminal del Cerro. Los denunciados son una decena de transportistas -choferes, un inspector y un largador- de la Línea D de la empresa Cutcsa.

Según informó Montevideo Portal, también estarían implicados los novios de las adolescentes, quienes habrían actuado como proxenetas. Además se analiza si hay videos pornográficos. Dos de los transportistas denunciados son buscados por la Policía para declarar, ya que se encuentran de vacaciones fuera del país; seis trabajadores quedaron en libertad tras declarar ayer ante la jueza María Helena Mainard; cinco permanecen bajo custodia policial y volverán a declarar hoy.

El lunes la Policía realizó una serie de allanamientos en las terminales del Palacio de La Luz, en la Aguada, de Paso de la Arena y en la del Cerro. También se efectuaron procedimientos en las terminales de Kibón y Buceo y en la terminal Tabárez. El Ministerio del Interior, la Justicia y el INAU no brindarán declaraciones hasta que avance la investigación. La presidenta del INAU, Marisa Lindner, explicó a la diaria que “no se aportan datos por la seguridad de los adolescentes” y para no entorpecer la investigación. Sin embargo, trascendió en la prensa que la denuncia fue presentada al INAU de forma anónima y que hace aproximadamente tres meses el INAU la derivó a la Justicia de Crimen Organizado. Según Subrayado, todos los detenidos fueron incomunicados y se les retiraron sus teléfonos celulares para realizar los peritajes correspondientes. Según dijo una fuente a El Observador, los trabajadores se comunicaban con las adolescentes y arreglaban encuentros sexuales por medio de Whatsapp.

Por otro lado, Cutcsa emitió un comunicado en el que manifestó su “total y absoluto repudio a este tipo de conductas”, y aseguró que la empresa “brindó y brindará todos los elementos necesarios para que las autoridades, tanto policiales como judiciales, efectúen su labor”. “El Directorio queda a la espera del fallo judicial para, así, inmediatamente tomar las resoluciones internas que correspondan en cada uno de estos casos. Queremos a su vez, informar a la opinión pública que luego de que el Directorio adopte las medidas correspondientes en cada caso, estas serán puestas en conocimiento de la población”, agregaron.