El Colegio de Abogados del Uruguay emitió este miércoles un comunicado en el que manifiesta su “más profunda solidaridad” con los defensores públicos Estefanía Broggi y Diego Moreira, encargados de la defensa del acusado por el crimen de la pequeña Brissa González. Los abogados habían recibido amenazas por su condición de defensores del sospechoso, y por esa razón la institución que nuclea a los profesionales del derecho consideró necesario recordar que, según establecen tanto la legislación nacional como la internacional, los abogados no deben ser “identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”, que “la defensa pública y el derecho a la defensa” son “principios fundamentales de un Estado de Derecho” y que “toda persona tiene derecho” a recibir asistencia técnica “cualquiera sea la conducta que se le impute”. En ese marco, y en cumplimiento de su cometido de “velar y proteger a sus miembros” contra agresiones o “injerencias indebidas”, el Colegio declara su apoyo a los defensores públicos y reivindica la importancia de “la defensa pública como pilar del Estado de Derecho”, además de manifestar su “hondo pesar” por “el horror de los hechos acaecidos” y su “solidaridad con las familias afectadas”.
El sábado, Moreira publicó en su cuenta de Facebook un texto en el que expresaba su indignación por los agravios –en particular contra su colega, Broggi– y explicaba que los defensores de oficio no pueden excusarse “de asistir a los que cometen delitos, sea el delito que sea”. Por otra parte, recordaba que su trabajo consiste en evitar que las personas sean inculpadas sin que haya pruebas suficientes de su responsabilidad, y llamaba a la opinión pública a reflexionar y a respetar la tarea de los abogados.