El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Museo de la Memoria (Mume) cumplirá diez años. Situado en la quinta de Máximo Santos, al noroeste de Montevideo, abrió sus puertas en 2007, por iniciativa del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y con el apoyo, empuje y sostén de organizaciones de derechos humanos. Sobre su presente, pasado y futuro conversamos con el arquitecto Elbio Ferrario, su director desde el día cero.

–¿Cómo se celebran los diez años del Mume?

–Trabajando en proyectos que, si bien se pueden enmarcar en los diez años, pretenden perdurar por mucho tiempo. Estamos en red con Memoria Abierta [espacio cultural de la ex Esma, en Buenos Aires] por los “sitios de la memoria”. Hace dos años comenzamos a trabajar con ellos, organizamos el seminario “Sitios de memoria y territorio” [con las intendencias de Montevideo y Canelones] junto con el espacio Quica Salvia, de Las Piedras, y la Fundación Zelmar Michelini, con la idea de empezar a darle valor al concepto “sitios de la memoria”, que en Uruguay nadie abordaba. De algún modo, tuvo que ver con la política general de Familiares y otros colectivos de derechos humanos de hacer hincapié en la justicia, tan reclamada pero con tan poca respuesta.

–No parece casual que la referencia a la Esma y la experiencia argentina surja casi instintivamente.

–Argentina avanzó mucho en memoria, sitios, justicia, todos los frentes que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, básicamente porque hubo una política de Estado definida en ese sentido. La Esma es como la “estrella”, donde el Estado argentino puso todo el esfuerzo: recuperó un predio enorme, y ahí se nota lo que es una decisión de política de Estado aplicada, concreta, un “tema de Estado”. El Estado tiene el deber de garantizar la memoria, mientras que para la sociedad es un derecho.

–El Mume es del gobierno departamental, por lo tanto es estatal.

–La intendencia tiene recursos más limitados. Hubo una conjunción importante de las organizaciones sociales con la intendencia. Los gobiernos de cercanía son más sensibles a los temas que plantea la gente, las organizaciones. En este caso, la intendencia fue sensible y llevó adelante el proyecto Mume. Durante mucho tiempo, la única política pública de memoria en Uruguay fue este museo. Más recientemente se agregaron otras a partir de las leyes de reparación, la colocación de placas y el señalamiento de sitios en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura [MEC]. Cuando el museo se inauguró, en 2007, fue la primera política pública definida.

–Hacías referencia a que Familiares hizo hincapié en la justicia. ¿Cómo progresan los proyectos en un marco aún de bastante impunidad?

–La impunidad logró que algunos colectivos no vieran posible generar sitios de la memoria, por ejemplo, en La Tablada o en el Servicio Material de Armamento, conocido como 300 Carlos. Lo veían muy lejano, por efectos de esa impunidad. En vez de reivindicar ese derecho, la gente se había achicado, cansada. A partir de ese núcleo inicial aparece un entusiasmo, viene gente de Memoria Abierta y se empieza a elaborar un método de trabajo, sistemático, para abordar la construcción de sitios. Esto en el marco de los diez años. Nos dijimos: no podemos llegar a la década sin lograr impulsar una política de sitios de memoria en Uruguay. Era uno de los propósitos iniciales del Mume. No lo habíamos logrado. Nos dimos cuenta de que –sin ser voluntaristas– la voluntad juega mucho.

–¿Estiman el impacto que esos sitios podrían tener en la sociedad?

–Uno de los elementos primarios es el trabajo con la comunidad. No comprendemos el sitio sin la comunidad, y es la que va a sostenerlo, pensando el sitio como un espacio vivo, de gestión cultural calificada, en este caso relacionada con la violación de los derechos humanos. Toda la gestión del sitio debe orientarse en ese sentido, y la mirada del sitio es hacia el futuro, como toda la política de derechos humanos. Desde los sitios debe haber una propuesta hacia el futuro, haciendo pie en ese pasado que es el patrimonio negativo del Estado. El Estado siempre ensalza sus cosas positivas por medio de monumentos, himnos, banderas, aniversarios. Pero también tiene un patrimonio negativo que se resiste a ver y poner en consideración. Ese patrimonio negativo hay que transformarlo en una apuesta positiva para el futuro, en que se revierta y se le ponga sentido. Pensamos que el predio que involucra el 300 Carlos, el Batallón 13, donde se hicieron enterramientos, y el Servicio de Comunicación, donde mataron a Nibia Sabalsagaray, deberían ser un gran sitio de la memoria. Sería lo más coherente, pero se debe resolver a partir de políticas de Estado.

–En ese sentido, ¿cuál es la situación actual?

–El Estado tiene muchas patas. Debemos dialogar con el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, para ver cómo llegamos a un acuerdo. Tiene su lógica que estos lugares no sean más predios militares. El Servicio Material de Armamento, que fue lugar de prueba de explosivos y polígonos de tiro, ahora está en el medio de la ciudad; antes estaba rodeado de otra geografía que le permitía realizar ese tipo de acciones. Lo lógico es que se trasladen; de hecho, el Batallón 13 fue trasladado y ha cambiado sus servicios, es un garaje del Ejército. En ese sentido prevemos, dentro de las posibilidades de la historia; si ves lo que pasó y ves lo que está pasando, podés prever lo que va a pasar. Ya sabemos que el Batallón 9 lo trasladaron y en su edificio se instaló un centro de INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]. Eso pasó porque nadie consideró la posibilidad de instalar un sitio de la memoria. Nosotros estamos previendo, de aquí a 20 años, que el 300 Carlos deba ser abandonado por los militares. Estamos trabajando en un proyecto para ese lugar, donde la comunidad es fundamental. Tenemos una comisión armada, con las dos alcaldías [G y B], los dos centros comunales [11 y 13], los dos concejos vecinales, el Centro Cultural Sacude (en el barrio Municipal, de base obrera importante, con toda la historia fabril), la red Lavalleja, el sindicato de UTE, entre otros. Hay un predio de UTE enfrente, los predios de Trápani, donde hay un gran muro de 400 metros que mira hacia los batallones. Le pedimos autorización a la empresa para hacer un mural que haga alusión al sitio, señalándolo, en una forma de movilizar al barrio en una actividad concreta, porque tenemos la idea de hacer talleres con los vecinos para su construcción, con el Sacude como lugar de trabajo. El sueño es hacer un espacio de memoria que sea más grande que el propio cuartel, que incluya al territorio, al barrio, que genere un circuito de memoria y toque los puntos de memoria propia del barrio (barrio obrero, fábricas con historia de lucha sindical). Desde Casavalle y la Gruta de Lourdes hasta Peñarol y Sayago, con las cooperativas de vivienda, que tienen su propia historia. Con todas esas historias barriales, la idea es trazar un plan que desarrolle la épica barrial, con eje en el 300 Carlos; una especie de ecomuseo que rompa los muros para que el espacio museístico se abra a un territorio mucho más amplio, que influya en actividades productivas y en la organización de la comunidad. Pretendemos transversalizar, a partir de la memoria y los derechos humanos, una cantidad de programas que el Estado lleva adelante con policlínicas, escuelas, liceos, etcétera, y que en los centros educativos se trabaje de forma focalizada y ordenada sobre derechos humanos y memoria.

–¿Cómo encuadra el Archivo Oral de la Memoria, que tiene su base testimonial en personas que estuvieron presas en el 300 Carlos?

–El archivo oral nació muy vinculado al trabajo de los sitios, bajo la idea de empezar a preservar su memoria viva. Por ello aparecen las voces de quienes han pasado por esos sitios, las de sus familiares y los vecinos. Si bien hoy estamos trabajando con los testimonios del 300 Carlos, el archivo oral sobrepasará los sitios y reconstruirá una memoria social. No es una idea nueva: construir el archivo estaba entre los sueños hace diez años, cuando nació el Mume, con una gestión que incorporase elementos informáticos para poder subir a la web los registros. Toda la teoría la teníamos armada, pero no la habíamos podido implementar. A partir de ahora, con el empuje de los sitios, empezamos a construirlo, con la idea de que sea un archivo oral abierto, de consulta pública. En la web habrá un espacio con la descripción de cada entrevista, quiénes son, qué temas tratan, para facilitar el acceso, según el deseo previo de búsqueda. Son entrevistas que no se editan, el bruto queda, salvo que algún entrevistado pida que alguna parte no se muestre o quede en reserva por determinada cantidad de tiempo. Llevamos 45 entrevistas, con un promedio de tres horas cada una (algunas se fueron a 12). Eso depende, obviamente, de las peripecias que tuvieron los entrevistados; algunos estuvieron en más de un centro de reclusión, luego estuvieron exiliados, etcétera. Incluso depende de la capacidad de memoria de cada uno, ya que han pasado varias décadas.

–Has dicho que los museos de la memoria no son espacios neutrales, sino lugares de lucha. ¿Es una de sus particularidades?

–Los espacios de memoria tampoco son neutrales. Son proyectos abiertos pero con límites claros entre lo que fue la dictadura y la lucha contra la dictadura. Nosotros decimos que es una historia presente, más que reciente. Es un mismo ciclo histórico. Los hechos de esos años siguen repercutiendo, no se cerró un período y estamos en otro. Aún vivimos las impunidades, los traumas, las amenazas a jueces y fiscales, la existencia de grupos nostálgicos. El Estado debería tener una política definida: los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado hay que seguir enfrentándolos, facilitar la educación en derechos humanos y que no haya dudas en la condena a los crímenes del Estado, por nadie del espectro político.

–En la presentación del archivo oral, en referencia al material generado, el historiador Aldo Marchesi dijo que es parte de la historia de la izquierda uruguaya, aunque a veces tengamos miedo de decirlo por no dejar fuera de la resistencia a otros sectores y actores.

–La izquierda fue la más golpeada, notoriamente. El terrorismo de Estado es un concepto un tanto pobre. La dictadura quiso poner en función un proyecto de país llevando adelante un plan económico y social. Al haber mucha gente en contra, impusieron el terrorismo de Estado para imponer ese proyecto. Si todos hubiesen bajado la cabeza, no hubiese habido terrorismo de Estado. Su principal interés era imponer un modelo económico determinado y un sistema social determinado, antidemocrático; recordemos los dichos de Juan María Bordaberry sobre la democracia y que todos los males habían comenzado con la Revolución Francesa. Quienes más se enfrentaron y movilizaron en contra de ese intento fueron los sectores de izquierda, los movimientos populares, sindicales, y sectores progresistas dentro de los partidos tradicionales. Pero viendo el abanico de las víctimas, te das cuenta de dónde provenía la enorme mayoría de las víctimas, quiénes estuvieron presos, torturados, exiliados: la enorme mayoría pertenecieron a sectores de izquierda, dentro de la seguridad de que la dictadura fue sufrida por todo el pueblo uruguayo.

–El Mume carga ciertas particularidades en cuanto a la historia que contar, pero no deja de ser una institución artística. ¿Cómo se entrecruzan la memoria y los derechos humanos con el arte?

–Una línea de trabajo es el impulso a lo creativo, ya que estimamos que lo que permanecerá en el tiempo serán esas creaciones, para reelaborar un momento histórico. Siempre pongo el ejemplo de La Ilíada, de Homero. Se trata de una creación literaria formidable, que nos habla de algo que pasó hace mucho tiempo y lo sigue haciendo. Sin la existencia de La Ilíada esos hechos hubiesen desaparecido de la historia o serían mucho menos visibles. Nos está contando un momento histórico, con determinada situación política, social y económica con la guerra de por medio. Otro ejemplo es el Guernika, de [Pablo] Picasso. Considero que los productos artísticos son fundamentales para la elaboración de los mitos colectivos, de la conciencia colectiva.

–¿Cuántas exposiciones han presentado?

–En diez años hemos tenido alrededor de 140 exposiciones, hechas por artistas jóvenes y artistas contemporáneos a los años de resistencia. Todos los años hacemos un llamado anual para exposiciones y performances. Un comité de selección elige las propuestas. Es una manera de tener el museo abierto a otras miradas, de artistas e investigadores, no sólo a la de quienes lo integramos diariamente.

–¿Qué elementos toma esa comisión para la elección y curaduría?

–Tenemos un guion museológico. Las propuestas deben enmarcarse en los ejes contemplados allí: instalación de la dictadura, resistencia popular, cárceles, exilio, desaparecidos, recuperación de la democracia, asignaturas pendientes y nuevos desafíos. Tras ese primer gran filtro, valoramos la calidad de esa propuesta, lo novedoso, e incluso el aliciente de darles posibilidades a artistas que están comenzando. Por otra parte, tenemos exposiciones propias, del Mume. Una de las últimas que hicimos fue sobre la empresa de transporte Onda y se llamó Memorias de un galgo. Nos pareció interesante, por medio de una empresa uruguaya de transporte muy conocida, contar su historia en paralelo a la del país. Nos permitió llegar a otro tipo de público, por ejemplo, a mucha gente del interior. La Onda participó como empresa en la huelga general de 1973, apoyaba las campañas electorales y siempre se ven fotos de un ómnibus en algún acto electoral. También tenemos exposiciones itinerantes, hechas por el museo o seleccionadas en el llamado, a partir de la demanda de instituciones que nos solicitaron materiales, por lo que armamos un programa de exposiciones itinerantes para presentar en diversos puntos del país. En Montevideo, hoy tenemos exposiciones en el Centro de Barrio Peñarol, en el Sacude y en el Centro Cívico Luisa Cuesta, en Casavalle. En este último llevamos una sobre la Marcha del Silencio y encontramos gente que no tenía idea de su existencia. Para nosotros parece evidente: cada 20 de mayo vamos a 18 de Julio, pero hay mucha gente que desconoce totalmente su existencia. La población que va a ese centro es bastante estática, no sale mucho de su territorio. Por eso vimos lo importante de llegar a esos sectores, un tanto encerrados en sí mismos, y compartir propuestas de este tipo; después recibís devoluciones que empiezan a reconstruir la historia de su propio barrio. Es la estrategia del circuito de la memoria que pretendemos concretar: dialogar con los vecinos de cada barrio como primera medida, porque pretendemos que el impacto sea real.

–¿Cómo se vincula el Mume con las instituciones educativas?

–El Departamento Educativo fue una de las primeras creaciones del museo. Coordina y trabaja con las visitas, de distintas organizaciones, principalmente instituciones educativas. En 2008 el Codicen declaró de interés educativo la visita al museo; eso facilitó la dinámica de solicitudes, porque en un principio algunos docentes dudaban sobre traer a sus estudiantes, les daba un poco de temor la posible reacción de las autoridades y las familias. Al tener el apoyo del Codicen, se sintieron más liberados. Vienen grupos de Montevideo, pero también de San José, Canelones y Maldonado, principalmente en el segundo semestre de cada año, cuando los planes de estudio abordan la historia reciente. Las visitas de estudiantes se complementan con un taller determinado, de diálogo y reflexión.

–De parte de los estudiantes, ¿con qué tipo de reacciones se encuentran?

–Una reacción habitual es la asociación con el Uruguay de hoy. Por ejemplo, vienen muchos niños que son hijos de presos y que saben que sus padres se encuentran con la violencia de ese contexto, entonces automáticamente asocian las épocas. Explicamos las diferencias, por supuesto, pero la reacción está. Y ese tipo de situaciones nos interpela sobre las urgencias del presente. Todo este trabajo sobre el pasado y la memoria tiene que ver con el deseo de resolver las urgencias del hoy.

–El Mume es montevideano, pero la información que brinda es nacional. ¿Qué alcance tiene hacia el resto del país?

–Uno de los reclamos que hacemos es tener apoyo del gobierno nacional, para no manejarnos sólo con el presupuesto municipal. El museo podría ser un proyecto nacional, aunque los museos nacionales también tienen sus problemas. Pero debería existir mayor apoyo. Cuando se creó el museo generamos un convenio con el MEC, que durante el primer gobierno del Frente Amplio se efectivizó, por ejemplo, con la designación –por parte del ministerio– de una bibliotecóloga para el museo. Pero con el cambio de autoridades, se diluyó. Hicimos el reclamo pertinente, pero no tuvimos suerte.

–En estos diez años ha existido un proceso de juicios vinculados a los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo se para el Mume ante esa situación?

–Nosotros no tenemos archivos sobre esta historia. Todos los archivos conocidos están en manos del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos reclamado la existencia de una red de archivos, y que el museo sea una de las bases de consulta. Sí, en la construcción del archivo oral aparecen elementos que pueden llegar a considerarse en los juicios, porque se trata de testimonios de víctimas directas, incluso algunos expresados por primera vez. La Justicia puede tomar esos testimonios, sumarlos a las causas, estudiarlos y actuar. A su vez, los sitios empezarán a estudiarse en profundidad ahora, a partir de estos movimientos. Ni siquiera hay conocimiento de quiénes pasaron por cada sitio; ahora sabemos que hubo un gran traslado de prisioneros desde el 300 Carlos a La Tablada y también sabemos que el 300 Carlos fue un centro represivo momentáneo para la gente del barrio. Es mucha la información que se desconoce sobre la actividad represiva, y estos abordajes pueden dar nuevas informaciones a considerar desde ámbitos judiciales.

–¿Cómo imaginás el MUME en diez años?

–Imagino el espacio sobre la memoria en el 300 Carlos, el circuito en buena parte de Montevideo y la aparición de compañeros más jóvenes que tomen la bandera. Todo esto, en el marco de un país que finalmente tenga políticas de Estado fuertes y claras sobre memoria y derechos humanos. Con una Justicia que actúe con mucha más decisión que ahora, mucho menos dubitativa, que considere y se apegue a los tratados firmados por el Estado uruguayo desde hace tanto tiempo. Tan simple como eso. Con la constante movilización de la población. Porque como decía [Eduardo] Galeano, la Justicia puede, siempre y cuando la gente la ayude.