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Nacional | Viernes 10 • Febrero • 2017

Mejor prevenir

Columna de opinión.

Después de haber trabajado durante algunos años como periodista, uno se mueve en determinados círculos en donde hay cosas que se dan por obvias cuando no lo son. Una de ellas es la relevancia social y política que tiene el periodista en cualquier democracia, más allá de su ideología o del medio en el que trabaje. Quizá quede feo que lo diga un periodista, pero en las últimas horas volvieron a pasar cosas que ameritan poner sobre la mesa algunos elementos para entender de qué estamos hablando. Sin caer en un corporativismo irreflexivo, intentaré explicar por qué es necesario y urgente que se investigue a fondo el atentado del que fue víctima la periodista de Caras y Caretas Isabel Prieto.

La grave situación que vivió la colega por estos días puede dividirse en dos hechos que no necesariamente están conectados, aunque sí es posible que lo estén. En primer lugar, el maltrato que recibió Prieto en una comisaría montevideana cuando intentó hacer bien su trabajo: chequear un dato, algo tan necesario en estas épocas de internet y redes sociales. Lamentablemente, las situaciones de maltrato que la colega denunció, tanto públicamente* como ante Asuntos Internos del Ministerio del Interior, son algo con lo que los periodistas nos vemos obligados a aprender a lidiar. Si bien no es algo que ocurra todos los días, si sondeamos entre quienes ejercen el periodismo es altamente probable que alguna vez hayan tenido que vivir al menos una situación de ese estilo, que muchas veces son naturalizadas por los colegas. Es más, en el ambiente de competición voraz del periodismo, quienes denuncian estos hechos suelen ser mirados al menos con desconfianza por sus pares. Estas situaciones ameritan un necesario diálogo entre funcionarios públicos y periodistas, sin perjuicio de que la conversación también pueda extenderse a otras personas con exposición pública. Se trata de un tema ético y filosófico, porque lo que está en el fondo es la respuesta a la pregunta sobre quién es propietario de la información de los asuntos públicos. Considero que esa información pertenece a la gente, y el periodismo es el encargado de hacérsela llegar, por supuesto, no de cualquier forma.

Si bien en la era de las redes sociales los periodistas hemos perdido el monopolio de informar y opinar públicamente sobre todos los temas, algo que es positivo para la libertad de expresión, seguimos siendo quienes nos formamos para ello y lo hacemos luego profesionalmente. El rol del periodismo en una sociedad es el de informar sobre los asuntos de interés público sin importar cómo dejan parados a sus protagonistas. Por lo tanto, tener un periodismo de calidad contribuye a lograr una democracia que goce de buena salud. Es cierto, en Uruguay, como en todo el mundo, los periodistas cometemos errores -algunos más fáciles de prevenir que otros-, algo sobre lo que también hay que discutir públicamente, ya que la erosión de la credibilidad de los periodistas también genera un enorme daño. Pero lo que de ninguna forma puede estar en riesgo es la libertad de expresión, y los periodistas deben poder ejercerla sin recibir presiones, amenazas ni agresiones de los poderes de turno. Esto no quiere decir que los periodistas somos iluminados que venimos a traer La Verdad con mayúsculas a la gente, sino que accedemos a información de interés público, la chequeamos para confirmar su veracidad y contamos una historia en función de ella en el formato mediático que sea. Así fue siempre y seguirá siendo.

Pero cuando el problema llega al punto del atentado contra la vida no hay lugar para el titubeo. El respaldo a la víctima tiene que ser total, y el Estado tiene que proteger sus derechos al mismo tiempo que investiga y esclarece. En el caso de Prieto, si bien no es seguro que haya una conexión entre la denuncia del maltrato policial y el atentado, es necesario que se maneje como una de las posibilidades reales para su descarte o confirmación. Los hechos ocurrieron de esa forma, y convengamos que si analizamos el relato de los únicos testigos del atentado, creer que se trató de un intento de robo resulta bastante difícil, por lo que la necesidad de investigar hasta el fondo se vuelve aun mayor. Con ello no quiero decir que otras agresiones y abusos no deban investigarse de la misma forma, sino que hay que tener presente el carácter simbólico que puede llegar a tener un atentado contra la libertad de expresión que no se resuelve a nivel judicial. Lamentablemente, en otros países de la región es común hablar de asesinatos a periodistas por causa de su oficio, con el elemento común de que suelen ser casos que no se aclaran. Para tener una idea de la magnitud de este problema, el periodista colombiano Germán Rey escribió recientemente un libro en el que cuenta 152 asesinatos de periodistas entre 1977 y 2015 en su país, y como dijo recientemente en una entrevista al semanario Brecha, solamente en cinco casos se conocen los protagonistas de toda la cadena del asesinato.

Si bien Uruguay es un país en el que muy pocas veces las agresiones a periodistas llegan a la violencia física, hay que apostar a la prevención para que luego no sea necesario curar. También hay que diferenciar la realidad montevideana de la del interior, donde, debido a las cercanías y escasas posibilidades de financiamiento de los medios, los periodistas suelen quedar en posiciones más vulnerables. Como bien sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: al mismo tiempo, vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir opiniones e información, generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en el resto de los periodistas y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas. Entre las recomendaciones que el organismo hace a los estados está la inclusión de estos temas en la formación de funcionarios públicos, especialmente de los policías, y la investigación a fondo cuando existe algún indicio de que se puede estar ante un caso de agresión a un periodista por motivo de su oficio. Además, el organismo internacional recomienda extremar la aplicación de sus recomendaciones cuando se trata de periodistas mujeres.

De la misma forma que la agresión a un periodista tiene un carácter simbólico fuerte, la respuesta estatal al respecto también lo tiene. Y está bien, quizá muchas personas no estén conformes con todos o con buena parte de los periodistas uruguayos, también tienen derecho a estarlo, pero la solución nunca va a pasar por la censura, sino más bien por la promoción de la diversidad de medios de comunicación para que otras voces y formas de hacer periodismo puedan ganarse un lugar.

* http://www.carasycaretas.com.uy/ femicidio-maltrato-policial-cuando-carascaretas-quiso-confirmar-informacion/


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