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Nacional | Jueves 16 • Febrero • 2017

Movilización de recicladores en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Foto: Sandro Pereyra (archivo, setiembre de 2014)
Movilización de recicladores en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Foto: Sandro Pereyra (archivo, setiembre de 2014)

Proyecto de ley prevé “discriminación positiva” para recicladores

El problema de la gestión de residuos no se va a solucionar hasta que se dignifique el trabajo del recolector. Eso sostienen los de cuello blanco y los que andan en carrito recorriendo las volquetas de la ciudad. Coinciden, incluso, en cómo concretar algunas ideas, pero difieren en los tiempos. Mientras el gobierno nacional consulta a recicladores y técnicos, y elabora propuestas legislativas, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) sigue luchando por formalizar el trabajo. En octubre del año pasado estos trabajadores intentaron darle andamiaje a un anteproyecto de ley de reconocimiento de la labor, pero no tuvieron suerte; sin embargo, no pierden la esperanza de que antes de mitad de año se apruebe el proyecto de ley de gestión de residuos que está elaborando la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Lo ideal sería que cuando se vote la Rendición de Cuentas, en la segunda mitad del año, se consiga algún peso para que la tan deseada dignificación no quede sólo en habladurías ni en el papel. Alejandro Nario, titular de la Dinama, quiere lo mismo; él sabe que “no hay solución ambiental si no se incorpora al sector”. Por ello, se prevé “una discriminación positiva hacia los puestos de trabajo que se generen, priorizando al sector de los clasificadores”, aseguró.

En ese sentido, el presidente de la UCRUS, Juan Carlos Silva, dijo, en octubre del año pasado, ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes (donde buscaron apoyo para presentar el anteproyecto de ley, pero no lo consiguieron), que “es importantísimo que haya justicia social para empezar a comprender que si se quiere recuperar lo máximo con la menor inversión, si se quiere dar trabajo a los sectores más marginados de la sociedad, si se quiere fomentar la industria nacional tan deprimida, si se quiere recuperar, hay que regular”. La cosa es cómo.

Papá Estado

El proyecto de ley del gobierno se enmarca en la Estrategia Nacional de Gestión de Residuos y dispone el pasaje de la gestión de los envases y otros residuos (como los electrónicos y baterías) del sector privado al Estado. Hoy los gestiona la Cámara de Industrias del Uruguay por medio del fideicomiso Plan de Gestión de Envases; la idea es que mediante otro fideicomiso, junto al cobro de una “tasa de valorización” que se aplicará a distintos productos, lo empiece a hacer la administración pública. En ese sentido, se agrega que la ley “priorizará las alternativas de minimización y valorización de los residuos frente a su disposición final”. “Si no vamos sobre los patrones de uso y producción, no hay desarrollo sostenible: debemos recuperar materiales. La ley de residuos será un instrumento normativo que nos dará herramientas para la gestión”, sostuvo Nario.

También se prevé un “paquete de medidas” para apoyar a las intendencias en la reingeniería de sus sistemas de gestión de residuos. Entre esas medidas está la creación de un Fondo Nacional de Residuos, para “estimular la correcta disposición final” de la basura, según se explica en el sitio web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Por otro lado, Silva reconoció con “satisfacción” que la Dinama haya convocado a la UCRUS para formar parte de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente, que funciona desde el año pasado y cuyo objetivo es elaborar el proyecto de ley. “El clasificador, el que trabajó toda la vida en esto, es el que va a bajar a tierra los planes que hacen los técnicos. [...] Sabemos cómo es realmente hacer posible esto ahí, en el barrio, en el campo, en la ciudad, en el ámbito donde se quiere concretar esta tarea a futuro”, explicó.

Papá calle

Crear ámbitos de protección, fomento y regularización, tendiendo a la inclusión de las personas en la seguridad social. Eso es lo que quieren los recicladores. En la propuesta no establecieron ningún aspecto en cuanto a la jubilación o a la creación de puestos de trabajo, porque se supone que el proyecto que está elaborando la Dinama será “complementario de todas las acciones” de la UCRUS. “Que esta tarea histórica se reconozca y que, de oficio, se nos declare clasificadores”, reclamó Silva ante la comisión en octubre. Consultado por la diaria, Silva explicó que los recicladores tienen “una mala imagen” porque “toda la vida” han trabajado arriba de un carro, y que aunque “en algún momento nos pasamos a la actividad formal y trabajamos en otro rubro”, no se les reconoce nada. “Hay miles de personas que viven de esta manera y tienen distintos problemas: físicos, relacionados con el consumo de drogas y alcohol, de edad, antecedentes penales. El clasificado es un refugio ideal, ya que no te pide ningún tipo de condiciones ni de horarios. Pero no hay que olvidar que un carro que está en la calle es un carro de la familia que está atrás”. “Está claro que la mayoría de los recicladores no tenemos grandes estudios y no podemos competir en un mercado laboral de por sí deprimido. La idea es que seamos reconocidos en el sentido de que esta tarea no sólo beneficia económicamente a nuestras familias, sino que da una solución a la problemática, cada vez más grave, de la contaminación del medioambiente”, agregó Silva.

El lunes la Intendencia de Montevideo prohibió la entrada al vertedero departamental Felipe Cardoso. Según contó Silva, hasta ayer se los había “amenazado”, pero todavía no obligado a irse por la fuerza. La semana que viene UCRUS se reunirá con el intendente Daniel Martínez, con el objetivo de encontrar una salida a la “angustiosa” situación.

Del caballo al motor

“El problema es que nosotros no tenemos apoyo de la Intendencia [de Montevideo (IM)] para que haya más gente reconvertida, que deje el carro y se pase a un vehículo”, dijo el presidente de la UCRUS, Juan Carlos Silva, a la diaria sobre el decreto departamental 34.205, que prohibió que los comercios arrojen su basura a las volquetas que contienen la basura domiciliaria y, por ende, impidió a los “carreros” (los clasificadores que andan en carro cinchado por caballos) levantar la basura de los comercios. Desde 2012, cuando se aprobó el decreto, sólo se puede levantar los residuos de los comercios en vehículos. En ese sentido, Silva agregó que de los 9.000 carreros registrados en la IM, menos de 90 pudieron dejar el carro y subirse a una camioneta (esos que “vendieron algún carro, algún animal, o tenían un poco de plata ahorrada”), y que hay más de 60 empresas registradas. “Lamentablemente la IM no ha hecho una gestión ambiental como se tiene que hacer, como se hace en otros países. No ayudaron a nadie”, sostuvo Silva, y mencionó el ejemplo de Colombia, donde el gobierno de Bogotá ayudó a los carreros a comprar vehículos. “Ahí realmente se hace una experiencia muy linda, porque se permite que la persona trabaje de una forma más cómoda, más rápida, más digna, más segura en invierno y verano, y se le da otras posibilidades de ir creciendo”. Silva también denunció que “lamentablemente” esa normativa también trajo aparejada la pérdida de lugares de trabajo, porque “en el espacio que siempre ocuparon los clasificadores, ahora hay empresas grandes. Los que estaban al final de la cadena del reciclaje, como Rotondaro y Fanapel, ahora están levantando directamente de los comercios con camiones”. También dijo que empresas como Trenal y Aborgama, que hasta ese momento sólo levantaban residuos hospitalarios, ahora se dedican, además, a recoger la basura de comercios.

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