En una sesión plagada de cuartos intermedios, marchas y contramarchas, y conversaciones en los pasillos, la Cámara de Representantes aprobó ayer por unanimidad conformar una comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales desde 1999 a 2015 inclusive, y en particular los vínculos de cinco empresas con los partidos y el gobierno: Fripur, Cambio Nelson (Camvirey SA), Aire Fresco SA, Agencia La Diez (Minitar SA) y CUTCSA. La comisión podrá extender su análisis a otras empresas y también investigará, a pedido del Frente Amplio (FA), las tarifas de publicidad que los medios de comunicación aplican a los partidos políticos.

La investigadora estará integrada por 15 miembros, siete del oficialismo y ocho de la oposición: tres del Partido Colorado (PC), dos del Partido Nacional, uno de Unidad Popular, uno del Partido Independiente y uno del Partido de la Gente (PG), según el acuerdo al que se llegó ayer luego de extensas negociaciones. Funcionará durante un año, con opción a prórroga por seis meses más.

La jornada ayer en el Parlamento empezó temprano, con más incertidumbres que certezas sobre el desenlace de la sesión. La cámara debía considerar los informes provenientes de la comisión preinvestigadora, que estudió la denuncia presentada por el diputado del PC Adrián Peña. En su denuncia, Peña solicitaba que se investigara “la vinculación de algunas empresas de especiales características con la financiación de campañas electorales y con dirigentes, sectores y partidos políticos”. En particular, pedía que se investigara a cinco empresas: Fripur, Cambio Nelson, Aire Fresco SA, Agencia La Diez y CUTCSA.

El informe en mayoría, suscrito por los representantes frenteamplistas en la comisión, Daniel Caggiani y Luis Gallo, proponía conformar una “comisión parlamentaria de investigación que recopile información con fines legislativos”. La diferencia entre este tipo de comisión y una comisión investigadora radica en que esta última se conforma “cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades e ilicitudes”, según el artículo 6° de la Ley 16.698. La comisión con fines legislativos, definida en el artículo 7° de la misma ley, tiene por objeto “suministrar datos con fines legislativos”, y no presume la existencia de ilícitos o irregularidades. De todos modos, el artículo 7° señala que “si de la investigación realizada surgiere la comprobación de irregularidades o ilicitudes, también puede asesorar a la Cámara en el ejercicio de sus poderes jurídicos de control administrativo”.

Esa fue la gran discusión ayer en la Cámara de Representantes. El FA sostenía que no se habían presentado fundamentos de ilícitos o irregularidades, y que la denuncia presentada por Peña era “carente de fundamento” y “confusa”. “El anexo documental presentado por parte del diputado denunciante es una serie de materiales impresos sacados de internet, sin ningún rigor ni coherencia”, señalaba el informe en mayoría. El diputado frenteamplista Gallo aseguró que la denuncia presentada por Peña sólo “relata vínculos entre las empresas y las figuras políticas”, sin fundamento de irregularidades, y consideró que votar una investigadora en estas condiciones implica un “desprestigio y un vapuleo al sistema institucional”.

El informe agregaba que las empresas citadas por el denunciante no son agrupables “bajo ningún criterio razonable”. En sala, el miembro informante, Caggiani, hizo notar que de 130 empresas que aportaron a las campañas en 2014, el denunciante se preocupa por cinco, que representan 0,5% de los aportes de fondos de esa campaña. El diputado frenteamplista destacó, por otra parte, que de las cinco mencionadas, sólo Cambio Nelson está siendo investigada por la Justicia por lavado de activos. Otro argumento que esgrimió el FA para oponerse a una investigación en estos términos es que el Parlamento “no puede dedicarse a investigar la actividad privada”, porque “eso le corresponde al Poder Judicial”, según manifestó Caggiani.

El FA proponía, en cambio, crear una comisión con fines legislativos para “analizar a todas las empresas o personas que hayan aportado a las campañas de los partidos políticos a partir de la reapertura democrática”. Caggiani dijo que la ley de financiamiento de los partidos políticos aprobada en 2009 fue “un avance sustancial, pero todavía tiene luces y sombras” y se debe intentar mejorar.

El informe de la preinvestigadora en minoría, firmado por el diputado colorado Walter Verri, remarcaba la “entidad” de la denuncia formulada por Peña y consideraba “pertinente” investigar los vínculos de las empresas citadas con el Estado. Aclaraba que el artículo 6°, que define la conformación de las investigadoras, no requiere “pruebas” de irregularidades o ilicitudes sino “denuncias con fundamento”, y que en este caso las hay, puntualizaba.

Verri sostuvo en sala que le “llamó la atención” lo que evaluó como un “cambio” que tuvo el FA, que en primera instancia había considerado necesario investigar lo sucedido con Cambio Nelson, y ahora, a juicio del diputado colorado, no quiere hacerlo. Aseguró que su partido está dispuesto a investigar a todas las empresas: “Traigan todas las empresas que quieran, que las votamos”. En el mismo sentido, Peña consideró que hay una “clara contradicción entre lo declarado públicamente [por dirigentes del FA] y los hechos”. “El FA no quiere investigar, esa es la realidad”, sentenció el diputado, y sostuvo que se pretende determinar si hubo “decisiones de gobierno que habrían beneficiado a estas empresas aportantes”.

Cosas de la gente

Ni bien se escucharon los informes en mayoría y en minoría, se resolvió un cuarto intermedio. En aquel momento había una tercera propuesta circulando, elaborada en conjunto por el ex frenteamplista Gonzalo Mujica y los legisladores del PG. Al igual que la moción del PC, proponía crear una investigadora para analizar los vínculos de los partidos políticos con las cinco empresas mencionadas. Pero tenía dos diferencias: reducía el plazo de funcionamiento de la comisión de dos años y medio a un año, prorrogable por seis meses más, y acotaba el período de estudio a las últimas dos campañas electorales, mientras que la moción del PC proponía analizar dichos vínculos desde la vuelta a la democracia.

Por un momento pareció que podía lograrse un acuerdo entre el FA, el PC, el PN y el PI, que excluyera al PG y a Mujica. A los colorados y a los blancos no les hacía gracia la idea de que los legisladores del PG integraran la comisión investigadora, ni el protagonismo que pretendían con la propuesta que presentaron. “Algún día [blancos y colorados] se tenían que avivar, le siguen dando de comer a esta gente”, llegó a comentar un dirigente del FA en los pasillos del ambulatorio.

Pero los minutos pasaron, se pidieron sucesivos cuartos intermedios, y luego de más de dos horas y media de reuniones de bancadas y conversaciones en los rincones, no se logró un acuerdo. El FA no estaba dispuesto a votar una comisión investigadora, y la oposición no estaba dispuesta a votar una comisión con fines legislativos. Cuando los legisladores volvieron a sala, los discursos redundaron en las posiciones que ya habían marcado en la mañana. Pero mientras la sesión transcurría, en conversaciones fuera de sala todos los partidos de la oposición lograron ponerse de acuerdo en una moción única para conformar una investigadora.

Frente al escenario, cada vez más posible a medida que pasaban las horas, de perder la votación, el FA accedió a aprobar la conformación de la investigadora, aunque dejó constancia en sala de que considera “ilegal” -según manifestó Gallo- integrar una investigadora sin contar con una denuncia fundada. Finalmente, la investigadora se creó con los votos de todos los partidos.