Ayer circularon varios comunicados en rechazo al decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el martes 21, que avala que frente a cualquier evento que afecte el tránsito, y que la Policía entienda que entorpece “el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad”, el Ministerio del Interior (MI) podrá “coordinar” con otros organismos públicos para “preservar el uso público de las calles” sin orden de la Justicia; a esta se le avisará después.

Oficial

El director general del MI, Charles Carrera, dejó plasmada por escrito su opinión -y de la cartera que dirige- sobre el polémico decreto. Según se lee en la editorial del MI, Carrera sostiene que hay que contextualizar el decreto y entender que surgió por la “necesidad de regular estas situaciones al amparo de los cambios legislativos ocurridos en los últimos años”, entre ellos la Ley Orgánica Policial y la Ley de Procedimiento Policial. Según escribió, allí se esboza la “nueva concepción” de la Policía, que se planteó como objetivo primordial mantener la “seguridad de los habitantes”, al contrario de la vieja Policía, que tenía como meta mantener el “orden público”. Esta vieja concepción generaba un conflicto: como es un “concepto jurídico indeterminado”, dependía de la interpretación del gobierno de turno definir qué atentaba o no contra este. Pero ahora, al estar focalizados en la “seguridad de los habitantes”, no existe más ese conflicto: “Se dice claramente que la Policía es una fuerza civil que está para proteger a la persona y permitir su vida y desarrollo en sociedad”. Carrera lo ejemplificó así: “Para la derecha una marcha de trabajadores que reivindican mejoras salariales atenta contra el orden público; en cambio, para un Gobierno de izquierda ¡NO! [mayúsculas del autor], es una manifestación del Derecho de Huelga”.

Jurídica

El estudio Tripalium, de los abogados Georgina Barria y Pablo Ghirardo, realizó un análisis del decreto en el que advierten que aunque en el texto de la norma no se prohíbe la acción de corte de calles, caminos o carreteras, sí se establece que ante la existencia de estas formas de protesta, la Policía “podrá utilizar las medidas que entienda necesarias para revertir la situación pre existente”, de forma discrecional y sin ningún tipo de criterio previsto.

Lo “más grave” es que el MI tendrá facultades para actuar sin orden judicial, llegándose a la detención incluso cuando no haya infracción de norma penal alguna. Agregan que “la interrupción del tránsito no es un delito, y aun cuando un decreto otorgue potestades a la Policía para que libere la vía pública, si no se incurrió en otro tipo de conducta que encuadre en una figura delictiva, el juzgado penal deberá abstenerse de actuar”. En otras palabras, los abogados consideran que viola “toda normativa que consagra el debido proceso y el principio por el cual no hay pena sin una ley previa que tipifique la conducta como delictiva”.

Por otro lado y en cuanto a que el decreto prevé “no aplicarse” ante el derecho de huelga, consagrado en la Constitución, afirman que una misma acción de unas mismas personas será interpretada de diferente forma: si un grupo se manifiesta en reclamo de vivienda, se les aplicará el decreto, pero si esas mismas personas hacen la misma acción en el marco de una actividad sindical, quedarían exceptuadas.

Políticos

El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) también rechazó el decreto, pues asegura que “refuerza el camino de la represión de las movilizaciones populares”. Entiende que la ampliación de la autonomía policial, que perdurará como norma a futuro, “no es el camino para la resolución de conflictos que emergen en la sociedad”: “La democracia real se compone también del derecho a la protesta pública. La estigmatización y criminalización de la lucha social son contrarias a la vocación de lucha por las transformaciones profundas de la sociedad que impulsa la izquierda. No es con herramientas de control, que habilitan la represión de la movilización social, que se avanza en la imprescindible participación de la gente para que esta sea protagonista de los cambios”, advierte. A su vez, el PVP convocó al Frente Amplio a “debatir y manifestarse en conjunto”.

Empresariales

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios también hizo pública su opinión contraria al decreto, ya que no habilita el desalojo de “sindicalizados”. Ayer se reunieron en la Torre Ejecutiva el presidente de la Cámara, Carlos Perera, y el presidente Tabaré Vázquez; Perera dijo a la prensa que están “generando divisiones en las estructuras”. Considera que “hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, ya que “los entes públicos no se pueden ocupar y la empresa privada sí”, y “sí permite desalojar a los que no son sindicalizados, pero no permite desalojar a los que son sindicalizados”.

Sindicales

Además del PIT-CNT, hay varios sindicatos que han manifestado su rechazo al decreto del gobierno; ayer se sumó la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que emitió un comunicado en el que sostiene que está en contra de que se limite el derecho a la protesta de cualquier colectivo que “denuncie una injusticia, sean sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, comisiones barriales y demás organizaciones en torno a las cuales se nuclea la clase trabajadora”. Advierte que desarrollará “todas las acciones jurídicas y de lucha” hasta lograr la derogación del decreto.

Entre el dicho y el hecho

Tanto Carrera como la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, han manifestado su apoyo al decreto alegando que es una medida que busca preservar la libre circulación para que un eventual paro de transportistas no perjudicara, por ejemplo, a “la cosecha más grande de soja y de arroz de toda la historia del país”, según Sendic. Sin embargo, en Uruguay no existen antecedentes de que las rutas nacionales permanezcan cortadas durante todo un día, ni siquiera por 12 horas, advierten los abogados Barria y Ghirardo. En ese sentido, señalan que “se pretende generar una falsa contraposición de derechos entre el de libre circulación y los derechos y libertades mencionados”. Es más, ayer se manifestaron los transportistas de las cosechas de arroz del norte de Rocha en reclamo de un aumento en la tarifa por tonelada por kilómetro que perciben, pero no cortaron la ruta. Según corroboró la diaria, unos 20 camioneros se concentraron a la altura del Quebracho a los costados de la ruta 15.