Con fecha 20 de marzo, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto que autoriza, en pos de garantizar el libre tránsito de las personas y de cuidar el orden público y la tranquilidad, la intervención de “otros organismos públicos” para auxiliar a la Policía en caso de que sea necesario disolver cortes de calles, caminos o carreteras. Prefiero no imaginar qué organismos públicos son los que, de hecho, quedan habilitados a poner al servicio de la tranquilidad, el orden y la libre circulación una capacidad disuasiva o represiva superior a la de las fuerzas policiales, pero quien quiera hacer ese ejercicio de imaginación, hágalo y pregúntese si la idea le parece afortunada. Por cierto, el decreto, que no hace sino colaborar con lo dispuesto por la Ley 19.315 (de Procedimiento Policial, promulgada el 18 de febrero de 2015), aclara en su artículo 4º (el último antes del imprescindible “comuníquese, publíquese, archívese”) que lo que establece el decreto “no será de aplicación ante lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República”, que es ni más ni menos que el artículo que promueve la existencia de “sindicatos gremiales”, garantiza su protección jurídica y declara la huelga un derecho gremial. La aclaración parece, a golpe de ojo, un tanto vaga, porque, ¿qué relación hay entre la legitimidad de los sindicatos y del derecho de huelga y los cortes de calles, caminos o carreteras? ¿Habla de huelgas que se ejercen cortando el tránsito? ¿Qué pasa si los encargados de dar cumplimiento al decreto consideran que el derecho de huelga y la ocupación del espacio público no tienen nada que ver? Y, por cierto, ¿por qué el decreto se toma la molestia de distinguir entre los “sindicatos gremiales” y cualquier otra manifestación popular que ocupe las calles? ¿La única protesta con toma de las calles que el Estado va a tolerar es la que se haga en el marco del derecho de huelga?

Por otro lado, es también pertinente preguntarse a quién se dirige el mensaje del Ejecutivo, que podrá ser ambiguo en cuanto al alcance del derecho a ocupar las calles pero es indiscutiblemente concreto en lo que dispone (la posibilidad de hacer intervenir a otros organismos públicos en auxilio de la Policía) y meridianamente claro cuando dice que el Ministerio del Interior deberá dar comunicación a la Justicia “en forma inmediata”, es decir, después “de la intervención referida”. Cuanto antes, pero después.

¿Está lanzando una advertencia a los revoltosos que podrían lanzarse a las calles cuando se vote la Rendición de Cuentas? ¿Está mostrando a los inversores extranjeros que en este pequeño pero serio país no se jode, y que el tránsito para sus mercaderías estará siempre despejado, siempre libre de esos incómodos piquetes que en otras tierras complican tanto las cosas? No creo que esté advirtiendo a los muchachos de La Solidaria que van a disolverles las marchas con la Fuerza Aérea porque, francamente, no me parece necesario. La Policía se ha bastado y sobrado, hasta ahora, para ocuparse de ellos y de tantos otros desacatados que dos por tres se mandan una movilización desprolija y desconsiderada. A menos, claro, que el organismo público que se esté pensando en convocar en auxilio de la Policía sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Sedantes para todo el mundo y se terminó el escándalo. Si se puede mantener a raya una sociedad entera mediante el recurso farmacológico, mire si no se va a poder rociar de té de tilo a un puñado de alborotadores empoderados.

Ironías aparte, es importante insistir en dos cosas: la primera, que el decreto no prohíbe los cortes de calles (eso ya estaba previsto), sino que autoriza la intervención de otras fuerzas en auxilio de la Policía para asegurar el orden y la libre circulación; la segunda, que aunque haga mención al artículo 57, deja librado a la interpretación de quien dé la orden establecer si hay relación entre el derecho de huelga y las manifestaciones en el espacio público.

Hablar de un retorno de las fuerzas políticas de derecha en América Latina (y de ultraderecha en Europa) ya dejó hace tiempo de ser un ejercicio especulativo conspiranoico. Basta repasar el mapa para percibir que, a apenas una década y poco del advenimiento glorioso del progresismo en la región, los viejos y siempre sólidos intereses oligárquicos y conservadores se las han venido ingeniando para volver, de un modo o de otro, a hacerse de las estructuras políticas institucionales que durante un tiempo habían tenido que soltar. Y digo “estructuras políticas institucionales” porque las otras, las que de verdad rigen los destinos de las personas, no las habían soltado nunca. Y es grave, claro, que los gobiernos de izquierda no hayan logrado hacerse de esas otras estructuras, pero mucho más grave es que además hayan apostado a la despolitización de la vida social. Mucho más grave, y de consecuencias mucho más temibles, es que se haya naturalizado la idea de que hay equipos de gobierno que deben gestionar a partir de competencias técnicas mientras los demás, los gobernados, se dedican a engordar y divertirse, a mantener la máquina productiva en funcionamiento y a correr detrás del chupetín de la autorrealización y la festichola. Mucho más grave es que se haya desterrado la idea de que luchar por una vida mejor para todos es algo más y algo distinto de quejarse por un mal servicio (aunque haya que quejarse de los malos servicios). Es gravísimo que estemos dispuestos a aceptar que la tranquilidad y el orden público son bienes que pueden y deben ser custodiados con fuerzas superiores incluso a las ya muy reforzadas fuerzas policiales. Y ojo: creer que lo que tiene de malo el decreto del lunes es que puede ensanchar la distancia con la “base social” y poner en peligro los resultados electorales es, más que equivocado, inmoral. Los giros represivos y conservadores, las concesiones punitivistas, la tolerancia con los grandes capitales y la manipulación de las palabras para vestir de inclusión y de democracia lo que es bancarización y juego privado sólo son posibles porque lo político se confunde todo el tiempo con lo partidario. Y porque la tendencia resultadista y cuantificadora que lo atraviesa todo no perdona tampoco la esfera de acción que deberíamos proteger a capa y espada del resultadismo y el cálculo: la esfera de lo político.

Si la economía mundial ya nos mostró que el crecimiento de la región era frágil, la política institucional no demorará en mostrarnos lo frágiles que son, también, ciertos derechos que creímos haber consagrado. A la hora de sincerarse, se sincerarán con todo. Y ojo, porque habrá que ocupar las calles.