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Nacional | Lunes 27 • Marzo • 2017

Foto principal del artículo 'Sintep denuncia al colegio Erik Erikson por incumplimientos laborales y por colocar cámaras en salones de clase'

Sintep denuncia al colegio Erik Erikson por incumplimientos laborales y por colocar cámaras en salones de clase

Dos ex trabajadoras del colegio y liceo Erik Erikson presentaron, con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) por varios incumplimientos laborales. Para el dirigente sindical Sergio Sommaruga, responsable de Asuntos Laborales del Sintep, la institución es emblemática para explicar “el cambio de matriz” que ha tenido la educación privada en las últimas dos décadas.

Por un lado, el sindicato denuncia que el colegio utiliza como práctica generalizada con sus trabajadores la contratación a término, es decir, desde marzo hasta el 15 de diciembre. Pero en la enseñanza privada está asegurado el principio de continuidad, por el cual el contrato a término no puede ser utilizado más de una vez, y si se renueva el contrato esa persona ya pasa a ocupar la plantilla de trabajadores fijos. “En esta empresa hay contratos a término renovados por cinco, seis años”, explicó Sommaruga a la diaria. Esto implica que los trabajadores no cobren desde el 15 de diciembre en adelante, ni enero ni febrero, y constituye, según el dirigente sindical, “un incumplimiento normativo, una expropiación salarial y una evasión de aportes patronales al Estado: el Banco de Previsión Social no cobra lo que debería estar cobrando y eventualmente la Dirección General Impositiva tampoco, porque el IRPF es un impuesto anual”.

La aplicación de los contratos a término como práctica generalizada tiene como consecuencia otro incumplimiento: el no pago de la antigüedad, consagrada para la educación privada con 2% de aumento anual y por el aumento de un día de licencia cada cinco años trabajados. En tercer lugar, el sindicato denunció que el colegio no cumple con otro derecho laboral, que es el pago del complemento del subsidio por maternidad y por enfermedad.

En la Dinatra, el dueño del colegio, Leonardo Gasquez, “reconoció parcialmente” los incumplimientos; según dijo Sommaruga, admitió que no se pagan la antigüedad ni los complementos por maternidad y enfermedad, pero negó que se esté en falta por la renovación de los contratos a término.

Cámaras y contratos

El Sintep también denunció ante la Dinatra varios de los contenidos del contrato de trabajo que el colegio hace firmar a sus empleados. En primer lugar, no reconoce el derecho a la renuncia del trabajador. El texto dice: “En este contrato por tiempo determinado, no se aceptan renuncias al cargo por motivos personales injustificados durante el período de contrato establecido, para el caso que se planteara una renuncia anticipada esta deberá estar debidamente justificada en razones de fuerza mayor grave (enfermedad crónica o incapacidad), las justificaciones deberán estar debidamente documentadas asumiendo el trabajador la carga de aportar prueba suficiente de dicha circunstancia a la empresa”. Para el dirigente del Sintep, esto constituye un “elemento grave”, “más porque revela una subjetividad, una concepción ideológica de quien está al mando de la institución educativa, que por lo que significa jurídicamente, porque jurídicamente es nulo. Ningún contrato entre privados puede anular el derecho del trabajador a la renuncia”, opinó Sommaruga. En el mismo sentido se expresaron los abogados de la Dinatra, añadió.

Otro de los elementos denunciados fue que el colegio cuenta, desde hace varios años, con cámaras en los salones de clase. El dueño del colegio dijo, en el ámbito de negociación colectiva, que las cámaras están conectadas en circuito cerrado, que no se guarda archivo de las imágenes y estas sólo pueden verse en simultáneo, y que no graban sonido. Según contó Sommaruga, Gasquez dijo que las cámaras eran para “controlar a los docentes y a los alumnos”.

El dirigente sindical puntualizó que muchas instituciones tienen cámaras de vigilancia perimetral o en los espacios comunes, como los patios, y mencionó como antecedente que se habían colocado cámaras en algunos CAIF [Centros de Atención a la Infancia y la Familia], pero tras los reclamos del Sintep se retiraron. Sommaruga aseguró que hay una “regulación escasa” sobre el uso de las cámaras, pero recordó que para colocarlas en ámbitos laborales, primero se deben registrar en la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), y cumplir determinado protocolo, que incluye, entre otras cosas, la colocación de adhesivos que advierten sobre el área vigilada. “Son las mínimas garantías de un acto de violencia que se impone, que se ha vuelto cotidiano, que es que te estén filmando sin tu voluntad”, opinó. El Sintep elevó una consulta a la URCDP, para saber si las cámaras están registradas, y en caso de que no lo estén, denunciarán la situación y pedirán una inspección.

Sommaruga aseguró que, en vistas de que esta práctica viene en aumento, es necesario “discutir el uso de las cámaras en el ámbito educativo, su pertinencia, y qué exigencias deben cumplir en aquellos casos en que se usan”. Con las cámaras, consideró, “se generan las condiciones para un estado de vigilancia permanente que pone en tela de juicio la libertad de cátedra de los docentes, y se instala una cultura de la sospecha en el clima laboral, que cuestiona el mínimo pacto de confianza que tenemos”.

la diaria intentó, en varias oportunidades, comunicarse con Gasquez, pero no fue posible.


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