El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) asistió, la semana pasada, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados dedicada al proceso de adjudicación y construcción de la planta regasificadora Puntas de Sayago.

El presidente de la ANP, Alberto Díaz, dijo que la ubicación de la obra fue decidida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

El diputado denunciante, el nacionalista Pablo Abdala, dijo a la diaria que las decisiones se tomaron por fuera de los ámbitos competentes. “Eso, en un régimen de derecho público, habla de una situación irregular. Es algo similar a lo que sucedió con la Armada Nacional”, dijo.

No obstante, el ex director nacional de Energía Ramón Méndez aseguró, en varios informes, que la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), dependiente del MIEM, es la que tiene competencia sobre estos temas, y su representante estuvo presente en las reuniones en las que se trataron.

Por su parte, el diputado socialista Roberto Chiazzaro, presidente de la comisión, dijo a la diaria que la comparecencia de la ANP dejó “muy nerviosa a la oposición”, porque echó por tierra la acusación de que Puntas de Sayago no era la mejor alternativa.

“El presidente de ANP dejó muy claro que ese era el lugar adecuado porque coincide con el plan maestro del puerto. Hubo una concordancia absoluta y total entre la ANP y Gas Sayago. Además, el que tiene que autorizar la localización es el Ministerio de Transporte por medio de la DNH, en consulta con la ANP. Lo que sí se dijo es que la ubicación de la escollera debía correr de una manera tal que se adecuara al canal de acceso, y así se hizo. El miembro denunciante [Abdala] insiste hasta el cansancio en que no era la mejor opción, y sí lo era, porque la localización se tenía que adaptar a la metodología del proceso del gas licuado”. Chiazzaro aseguró que la transferencia del gas debía ser de barco a barco y en aguas protegidas, por razones de seguridad y porque el proceso no se puede hacer con el mar picado.

El diputado del Partido Nacional (PN) reiteró que “hay una ilegalidad manifiesta” en la concesión del álveo (el cauce natural). “La observación del Tribunal de Cuentas no es meramente formal. Las concesiones de espacios públicos no pueden recaer sobre empresas privadas, y si bien Gas Sayago es de propiedad pública, esa concesión terminaría con la participación de un privado ajeno al Estado (GNLS y OAS). Las normas vigentes lo prohíben. Ahí hay una ilegalidad que se podría haber subsanado promoviendo una autorización legal específica o estableciendo una excepción para la construcción de la regasificadora; si no se hizo es porque hubo un apresuramiento notorio del gobierno de la época, que pasó por encima de distintos organismos”, señaló Abdala.

En la taquigráfica de la comisión, Díaz asegura que “la decisión del lugar no fue de la ANP. [...] Cuando se empezó a hablar sobre la instalación de la regasificadora se manejaron cinco lugares: uno adentro del puerto; uno en el lugar donde está la boya eje -o sea, a la salida del puerto, por el kilómetro seis-; otro en Puntas de Sayago; otro al lado de la Isla de Flores y otro por Piriápolis [...] En primera instancia, nos contestaron desde el MIEM que la decisión iba por Piriápolis. Pasado el tiempo, se nos comunica que no era posible hacerlo en Piriápolis y que iban a la segunda mejor opción -porque otras se habían desechado por distintas razones-, que era Puntas de Sayago. Ahí fue que quedamos nosotros dentro de este proyecto”, relató.

Cuando se decidió que el lugar de destino de la regasificadora fuera Puntas de Sayago, la ANP debió asegurarse de que no hubiera problemas con la reserva del canal, o sea, que se adecuara la llegada del barco para que no fuera un obstáculo para los que tenían una línea regular. “Iba a venir cada 20 días y necesitábamos poder decirle entre qué horas tendría que entrar. Ese tipo de acuerdos fue el condicionamiento que estuvimos haciendo. [...] En el concepto general estaba que la ANP no se haría cargo del mantenimiento hasta que desarrollara su propio puerto”. A Gas Sayago, empresa a cargo del proyecto, propiedad de UTE (90%) y ANCAP (10%), se les dio, por dos años, espacio para obrador. “Como consecuencia, nosotros atrasábamos nuestro emprendimiento portuario por lo menos dos años”, dijo Díaz.

El presidente de la ANP dijo que el proyecto de la regasificadora era anterior a la propuesta de una planta flotante. “Nosotros sabíamos que iba a haber una regasificadora, que era muy posible que la hubiera. La discusión era si quedaría en tierra o en el mar, o sea que no fue una sorpresa”.

En un primer momento, cuando se pensaba localizar en Piriápolis, Díaz pensó que todo el espacio del puerto volvía a ser de ANP; cuando se cambiaron los planes, se orientó la gestión para darle cabida al emprendimiento. El jerarca dejó claro que el proyecto de la regasificadora y el de mejoras en el puerto eran el mismo, en diferentes etapas. La primera era el gas, “pero nosotros no renunciamos a lo nuestro”, afirmó.

Díaz aseguró que una de las preocupaciones era el impacto de la planta en la actividad pesquera, durante la etapa de construcción y cuando estuviera funcionando. Los pescadores se podían ver afectados por la zona de exclusión. “Ahí una de las normas estaba clara, y era que pescar allí era como ir a pescar a ANCAP; no se debe permitir. El otro planteo que hicieron los pescadores en su momento tenía que ver con el desarrollo de la obra: si ese barro que se saca -algo queda en suspensión- impacta negativamente en la actividad. Eso también fue planteado en su momento. Obviamente, la afectación durante la construcción está acotada en el tiempo, pero nosotros no mandamos hacer ningún estudio en particular”.