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Nacional | Martes 18 • Abril • 2017

Alberto Pérez Pérez. Foto: Pablo Vignali (archivo, diciembre de 2014)
Alberto Pérez Pérez. Foto: Pablo Vignali (archivo, diciembre de 2014)

La Facultad de Derecho de la Udelar sigue sin decidir sobre el cargo de Alberto Pérez Pérez

El ex ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alberto Pérez Pérez, está a la espera de la renovación de su cargo como profesor titular grado 5 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). El punto se volverá a tratar este jueves en el Consejo de la facultad, luego de ser postergado desde agosto del año pasado porque algunos miembros no tienen todos los elementos necesarios para la votación.

El principal motivo es que los consejeros del Frente Estudiantil Zelmar Michelini (Frezelmi) piden la postergación del punto hasta que se cierre la investigación administrativa que se inició hace más de un año a pedido de la Corriente Gremial Universitaria (CGU). En aquel momento se tuvieron en cuenta “múltiples denuncias de estudiantes que afirmaban que el docente tenía varias ausencias y atraso en la corrección de exámenes”, explicó a la diaria Gastón Gianero, consejero por el orden de egresados de la CGU.

Según el Frezelmi, la dilatación de esta investigación administrativa es una forma de “sancionar y perseguir” al docente, aseguró la consejera Elisa Facet, y agregó que “Pérez Pérez no es el único que se ha visto perseguido con estas maniobras, que lo único que buscan es manchar el nombre del profesor a través de investigaciones que quedan abiertas in eternum”.

Este jueves en el consejo los miembros que respaldan al Frezelmi postergarán la votación una vez más si no aparecen los resultados de la investigación. Para Facet no hay “ninguna justificación para la demora; las ausencias y los resultados de exámenes son datos fácilmente corroborables por el decanato”.

Esta investigación fue apoyada por el actual decano de la facultad, Gonzalo Uriarte, quien explicó que la demora “no es normal ni anormal, es una cuestión del instructor, Alejandro Gorche, y él ha tomado una serie de medidas dentro de lo que parece un procedimiento correcto”. Uriarte votará la reelección del cargo porque “sería un error hasta desde el punto de vista institucional no votarlo. El profesor Pérez Pérez es la persona más versada en ese tema, tiene más que valor para el puesto”.

Los que se oponen a la renovación del cargo son los consejeros de la CGU. Más allá de las denuncias de los estudiantes que provocaron la investigación administrativa en curso, “preocupa” la excepción de la que pende el cargo del docente. La edad máxima para jubilarse es 70 años, pero Pérez Pérez, de 79, se basa en una resolución que admite una prórroga indefinida para aquellos docentes que fueron destituidos durante la última dictadura.

Los consejeros que responden a la CGU ya tienen decidido que los resultados de la investigación administrativa no afectarán su decisión porque “esa investigación sólo determina si hubo alguna falta o no, pero no afirma quién es el responsable; para eso sería necesario abrir un sumario que apunte específicamente a una persona. Los resultados de la investigación deberían ser independientes a la decisión sobre su reelección”, explicó Gianero.

Pérez Pérez cree que “es absurdo que se discuta tanto tiempo en el consejo”, porque él tiene “los méritos más que suficientes para la reelección”. El profesor negó las acusaciones de los estudiantes y aseguró que “sólo el primer día de clases no pude asistir y los colaboradores no pudieron cubrirme; a partir del día siguiente las clases continuaron sin problema”. Con respecto a la demora en la corrección, afirmó “que no hay problema con eso”, y que si lo hubiera “la bedelía tendría que haber señalado el error”.

“Lo único que debería tenerse en cuenta son las dos cosas que pide la ley orgánica: capacidad suficiente e idoneidad moral. Capacidad tengo demostrada por múltiples informes favorables, e idoneidad moral me parece que no me falta, lo sostuve y lo mantengo”, afirmó.

El cargo de Pérez Pérez como grado 5 de la asignatura Derechos Humanos venció el 31 de agosto de 2016 y el trámite para su renovación comenzó en marzo de ese año. Sin embargo, el consejo continúa considerando el punto desde entonces, algo que “va en contra del estatuto del personal docente, porque hay una obligación de votar en el tiempo estipulado”, afirmó Gianella Bardazano, consejera por el orden docente, quien cree que “el que está siendo perjudicado por esta demora es Pérez Pérez, que ahora está cesado cuando podría estar en su cargo esperando el resultado de la investigación”.


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