El 9 de marzo un juez de Rivera resolvió procesar con prisión por homicidio culposo a una mujer que dejó morir a su hijo recién nacido. Los hechos que terminaron con ella en la cárcel ocurrieron en octubre de 2016. El día 24, según los documentos judiciales, una joven de 19 años manifestó sentirse mal desde temprano. Se quejaba de dolores gástricos y decía que estaba estreñida. Recurrió a un laxante, pero los dolores siguieron durante todo el día. Esa noche, en una de las tantas idas al baño, parió a un bebé. Ella no sabía que estaba embarazada, a pesar de que varias personas le habían preguntado por qué estaba tan barrigona. Estaba hinchada, decía. Era consecuencia de la cesárea que le habían practicado 11 meses antes, cuando había tenido una hija a la que estaba criando. No consultó a un médico porque pensó que se iba a reír de ella. Pero claro, tras un día completo con dolores y luego de haber expulsado un bebé, supo, de algún modo, que aquello no venía del intestino. Atinó a cortar el cordón umbilical, envolvió al recién nacido en un buzo y lo colocó en un balde. Pidió ayuda, pero cuando su madre llegó a ayudarla la encontró desvanecida en medio de un charco de sangre. No vio al bebé en el balde; ella no lo mencionó; el bebé murió. La joven madre no había parido nunca: su beba de 11 meses había nacido por cesárea. En el hospital de Rivera, a donde terminaron llevándola, el tercer ginecólogo que la revisó, ya en la mañana del 25, entendió que no estaba ante un aborto espontáneo sino que había nacido una criatura que debía estar en algún lado. Cuando se lo preguntaron, ella, siempre ajena, siempre como ida, dijo que estaba en un balde en el baño de su casa. Se trata de una mujer que presentó desde niña problemas de desarrollo intelectual. “Es lenta”, decían sus hermanos. Bradipsiquismo es el nombre que se le da a esa lentitud mental, a esa dificultad de reacción del pensamiento. Fue procesada por homicidio culposo, sin embargo, y tuvo suerte, porque la fiscal pedía que se la imputara por homicidio especialmente agravado por el vínculo a título de dolo eventual. También tuvo suerte el asesino de Valeria Sosa, que fue procesado por homicidio simple a pesar de ser funcionario policial y de haber cometido el crimen en la persona de su ex mujer y ante la vista de sus hijos.

El martes el juez Gabriel Ohanian falló a favor de la demanda presentada por la madre de un adolescente que fue sometido a “prácticas sistemáticas de torturas” en centros de reclusión penal adolescente. Hace menos de dos meses la diaria recibió la denuncia de una mujer que fue retenida en la comisaría 2ª de Montevideo, a la que había ido a denunciar el robo de un celular. Pocos días antes había denunciado abuso y destrato policial una periodista de Caras y Caretas que buscaba información sobre un caso de violencia doméstica. No hace falta gastar más espacio en recordar la cantidad de casos de abuso de autoridad que son sistemáticamente expuestos en los medios de prensa, pero tal vez sea bueno observar que la mayoría de estas prácticas abusivas no llegan nunca a ser denunciadas. El Estado protege, ampara y garantiza derechos, qué duda cabe. Pero también abusa de su autoridad, lastima, humilla y es arbitrario en demasiadas ocasiones. Y a veces somos demasiado tolerantes con esas prácticas abusivas, supongo que porque creemos, como se nos ha dicho tantas veces, que si nos mantenemos lejos de los conflictos vamos a estar a salvo de sus consecuencias. Claro que eso no es verdad, pero ¡qué tranquilizador es creerlo! Qué comodidad la de pensar que los que son abusados se la buscaron, que los que son incomprendidos podrían haberse hecho entender, que los caminos son rectos y están bien señalizados y todos tenemos motores de la misma potencia para transitar por la vida.

Hace unos días recibimos sin escándalo la noticia de que un agente de inteligencia había estado infiltrado en la organización Plenaria Memoria y Justicia, y a lo sumo nos pareció raro que saliera a contarlo en la prensa, pero no hubo grandes demandas de aclaración, no hubo manifestaciones de repudio, no hubo pataleo ni sorpresa. Obviamente, tanto el Ministerio del Interior como Plenaria Memoria y Justicia desmintieron los hechos (me pregunto si hubiesen podido decir otra cosa), y tampoco hubo muestras de indignación por el manejo irresponsable de información falsa en la prensa.

Desde que se promulgó, el 20 de marzo, el decreto que habilita a la Policía a pedir ayuda a otras instituciones del Estado para garantizar el libre tránsito, hemos oído varias veces la misma aclaración: no es contra los trabajadores; es parte de una nueva concepción de la acción policial, orientada a la protección y no a la represión. Es para proteger al país de los que quieren trancarle el desarrollo. Es por el bien de todos.

No sé cuántas realidades paralelas caben en un mismo momento de la historia de un país, pero parece claro que son unas cuantas y que los portales que las comunican están cada vez más cerrados y son cada vez más escasos.