El diputado frenteamplista Luis Puig y Sandro Soba (hijo del desaparecido Adalberto Soba) presentaron ayer una denuncia penal contra el teniente general retirado y ex comandante en jefe del Ejército Raúl Mermot, por apología del delito y amenaza a la Justicia, tras sus declaraciones públicas del 14 de abril, en el marco del “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas”. Mermot había dicho que en la dictadura “evidentemente que hubo excesos” y que no había que confundir “tortura con apremios físicos”.

En el escrito formal presentado por los denunciantes, al que tuvo acceso la diaria, dice que en Uruguay se respeta la libertad de expresión del pensamiento, respaldada por la Constitución de la República y por instrumentos jurídicos internacionales, pero que, sin embargo, encuentra determinados límites. Exponen como ejemplo el artículo 29 de la carta magna, que ordena que el autor o emisor sea responsable “con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”. Por eso “las expresiones del Gral. (r) Raúl Mermot deben ser analizadas penalmente a los efectos de determinar si en el ejercicio de expresión del pensamiento, el autor incurrió en uno o más delitos de los que se lo debe responsabilizar”.

Luego, en el escrito se repasan las frases de Mermot que más ruido hicieron y concluyen que “es evidente que el denunciado se refiere a episodios concretos, históricos y de cuya notoriedad y verdad ni él mismo puede dudar (ya que admite la existencia de lo que califica banalmente como “excesos”): el trato inhumano, cruel y degradante que soportaron miles de hombres y mujeres a los que el régimen cívico-militar había calificado como sus ‘enemigos’”.

Más adelante, los denunciantes señalan que el derecho uruguayo califica la tortura como crimen de lesa humanidad (artículo 22 de la Ley 18.026) y agregan que la norma se complementa con un conjunto de instrumentos jurídicos ratificados por Uruguay que aluden al “tormento provocado por agentes estatales aprehensores”, y que, por más que Mermot intente establecer una diferenciación entre “tortura” y “apremio físico”, “la descripción de una decisión de un agente estatal de ‘cansar’ a un detenido con la finalidad de que ‘pueda hablar’, encuadra sin esfuerzo en el concepto de tortura, como trato inhumano, cruel y degradante que es. El Gral. (r) Raúl Mermot describió y justificó la tortura”.

Después, en el texto se repasa el artículo que tipifica el delito de apología a los hechos pasados, y los denunciantes señalan que Mermot “no dijo que lamentaba la comisión de ‘apremios ilegales’, ni siquiera se limitó a constatar su existencia pasada. Dijo que ‘se puede’ adoptar esa conducta por parte de los agentes aprehensores. Ese giro, en tiempo presente, da cuenta de una clara connotación favorable que el emisor le adjudica a la conducta atormentadora”.

A su vez, sobre la parte en que Mermot calificó de “infame y vengativa” la decisión del juez José María Gómez, que procesó al militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto (sobrino del ex dictador Gregorio Álvarez) y que luego remató con la frase “tendrá que verse la forma en que esto no siga siendo así”, los denunciantes subrayan que “el sentido de alarma o amedrentamiento está presente en el discurso y se expresa en el carácter intencionadamente fantasmal de la amenaza”.

Chamarrita de los milicos

Por otro lado, el portal Agesor, de Soriano, dio cuenta de una carta firmada por el cabo retirado Heber Scirgalea, edil de ese departamento por el Partido Nacional, enviada a sus “camaradas”, en la que señala, “con profundo pesar”, que “estamos asistiendo a una discriminación lisa y llana, de quienes dieron su vida por defender a la Patria y la vigencia de la democracia”. Y agregó que hoy comprueba que “no existen calles, caminos, puentes y espacios públicos que no lleven el nombre de integrantes del bando contrario, hasta de aquellos que atentaron contra las instituciones democráticas”.

En contrapartida, Scirgalea señaló que los militares “que dieron la vida para defender lo nuestro, lo de la gente, nadie se acuerda y a las instituciones que los albergaron y los entregaron a la lucha contra la sedición, las están desmantelando y atacando permanentemente”. Luego escribió que las Fuerzas Armadas “hoy deben asistir y parece que hasta admitir, ser ninguneados, acusados injustamente”.

Más adelante, el edil dijo que hoy parece “un pecado” pertenecer a las instituciones militares, y la prueba está en que se les retribuye con “sueldos miserables y hasta quieren hacer perder los beneficios logrados legítimamente con su esfuerzo”. Agregó que de ellos sólo se acuerdan cuando son necesarios para “burrear”, que a su entender es “durante fenómenos climáticos, limpiando y pintando escuelas, liceos o en otras circunstancias apremiantes”.

Luego denunció que los militares “dejaron de ser tales, porque ya no tienen ni armas, ni aviones, ni barcos y en muchos casos ni una vivienda digna y sin suministros para la alimentación necesaria de la persona humana, porque son personas humanas [sic]”. Pero lo que más duele -siguió-, es que las instituciones que nuclean a “los camaradas en situación de retiro, tampoco se acuerdan de los caídos y del sufrimiento de familiares que se quedaron por el camino y de aquellos que sufren la indigencia por el simple hecho de ser militares”.