El gobierno se apresta a firmar a fines de junio un acuerdo de inversión con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Así lo anunció ayer el presidente Tabaré Vázquez durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Cardal. A nivel público, no se conocen con certeza ni siquiera los temas de negociación, y este punto comenzó a inquietar a la oposición, que anuncia llamados a comisión y pedidos de informes. En el Frente Amplio (FA) también hay inquietud: el Movimiento de Participación Popular (MPP) pidió discutir el tema en la Mesa Política de la coalición.

A mediados de abril, la mesa de la Departamental de Montevideo del FA transmitió a sus integrantes que el gobierno no daría más información sobre las negociaciones con UPM en ese ámbito, para evitar filtraciones a la prensa. Desde entonces, el tema no se ha podido discutir allí. Por este motivo, el MPP pidió que el asunto se debata este viernes en la Mesa Política del FA. El diputado del sector por Montevideo, Julio Battistoni, dijo a la diaria que está “absolutamente en contra” de la instalación de UPM en las condiciones definidas por el Ejecutivo, que implican la llegada de la producción hacia el puerto de Montevideo por vía férrea, cortando en dos la capital del país y la ciudad de Las Piedras, en Canelones. Battistoni alertó que no sólo se deja “de lado un proyecto estratégico para el país, como el puerto de Puntas de Sayago”, sino que con el pasaje de los trenes por las vías previstas “se corta definitivamente a la ciudad [Montevideo]”, lo que supone “un daño enorme para una zona problemática” de la capital.

Battistoni fue uno de los firmantes de la carta en la que un grupo de dirigentes políticos y representantes de la cultura y la academia expresaron su “profunda preocupación por el posible impacto ambiental asociado a la concreción de la infraestructura ferroviaria y portuaria” que demanda el proyecto de la pastera. También firmaron el pronunciamiento los ex intendentes de Montevideo Mariano Arana y Ricardo Ehrlich, la senadora de Casa Grande Constanza Moreira y el historiador Gerardo Caetano.

Otros sectores del FA no comparten esta preocupación. El dirigente del Partido Comunista Daniel Marsiglia sostuvo que ese sector “nunca se opuso a las inversiones de ningún tipo” y que el proyecto de UPM significa “una fuente de trabajo para nuestra gente”. Agregó que “está claro” que lo planteado en las negociaciones con la empresa en materia de derechos laborales va “en sintonía” con las políticas del FA, y estimó que el gobierno actuó acorde con la fuerza política al negarle a UPM la exoneración del Impuesto al Patrimonio.

Llamados y pedidos

En el Partido Nacional, sus principales dirigentes emprendieron acciones para reclamar más información sobre el tema a las autoridades. El senador Luis Lacalle Pou dijo este fin de semana en Fray Bentos, según recogió el diario El País, que citará a la Comisión de Industria a los ministros involucrados en las negociaciones para saber “en qué están” las conversaciones y para que “los uruguayos sepan qué es lo que se viene acordando”. El legislador había dicho en su audición radial, la semana pasada, que hasta el momento se cuenta con “información parcial” y falta “una visión integral, una información oficial de cuáles son las tratativas, de qué es lo que se está negociando en todos los ámbitos: de infraestructura, portuario, ambiental, laboral”. Aclaró que “a priori” el Partido Nacional tiene una posición favorable a la instalación de la pastera, pero quiere tener claro qué recursos va a destinar el gobierno al proyecto y si se alterarán los planes de otras obras que estaban comprometidas. Según Lacalle Pou, los nacionalistas también quieren saber “qué están negociando en el ámbito de las relaciones laborales, porque hay algunas intenciones por parte de la empresa que no se condicen con las políticas laborales y sindicales del gobierno”. “Las negociaciones transparentes y claras de un gobierno ayudan a la cohesión, ayudan a la convicción, ayudan al conocimiento, para que cada uno, desde su lugar, pueda tener todos los elementos”, concluyó el legislador.

Por su parte, el senador nacionalista Jorge Larrañaga informó el viernes que remitió tres pedidos de informes sobre UPM. El primero, destinado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, apunta a conocer las garantías establecidas por el gobierno para el cuidado del medioambiente en este caso. Larrañaga enfatizó que deben brindarse “todas las garantías de cuidado al medioambiente y a los recursos como el agua”, y explicó que se quiere conocer “el impacto acumulativo que tendrán ambas plantas de UPM en la confluencia de los ríos Negro y Uruguay”.

En ese pedido de informes Larrañaga cita la exposición de los científicos Luis Aubriot y Guillermo Chalar en el media lab de la diaria, quienes evaluaron que el río Negro ya está en una situación “crítica” y que el impacto de la pastera sería “muy significativo”, afectando otros usos del agua. El senador pide al ministerio que le envíe los “avances del estudio de impacto ambiental” de la planta, así como “un informe sobre las medidas previstas para evitar un aumento sustancial de la contaminación del río Negro así como del río Uruguay, en este último caso como consecuencia del efecto acumulativo del impacto de ambas plantas de celulosa”. Larrañaga también consulta en qué medida la instalación de la empresa UPM sobre el río Negro afectaría la generación hidroeléctrica de UTE, así como otros “usos comunes” del agua, y hasta qué punto lo proyectado “respeta los planes de ordenamiento territorial aprobados con participación de la población y de acuerdo a la normativa vigente”.

El segundo pedido de informes, con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, consulta qué exoneraciones impositivas se aplicarán a UPM y el monto del canon que abonará la empresa. Finalmente, el tercer pedido, dirigido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pregunta cómo se han resuelto “los principales desafíos de infraestructura y transporte” que supone el proyecto, y “quién pagará la infraestructura necesaria”.

Carol Aviaga, legisladora del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, dijo a la diaria que tiene una “preocupación enorme” porque “no hay información sobre lo que está negociando el gobierno con UPM”. “No hemos tenido acceso a ningún proyecto que hayan presentado para hacer una evaluación ambiental estratégica. Si no se hace una evaluación, estamos violando compromisos que Uruguay ha suscrito en materia ambiental”, advirtió la senadora. Agregó que “sería muy peligroso cargar aun más el ecosistema del río Negro, que está muy comprometido en su biodiversidad”. También cuestionó que se siga otorgando “beneficios a multinacionales que no se dan a las empresas nacionales”, y consideró que las exoneraciones impositivas luego “se cargan al resto de la población”, con lo que se “sociabilizan los costos y no las ganancias” de la empresa.

El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer que los puntos de la negociación con UPM recién se conocerán cuando se haya firmado el acuerdo de inversión, porque “hasta ese momento hay un acuerdo de confidencialidad, como en cualquier negocio, y el gobierno lo va a respetar”.