Aguerre, que defiende la utilización de los mosquitos (equipos terrestres y autopropulsados para la aplicación de agroquímicos), es crítico con la normativa que prohíbe su uso en algunas zonas de Canelones. “Pensar que las cosas se resuelven prohibiéndolas es un error”, dijo. Cree, incluso, que con la tecnología antideriva de la que disponen estos instrumentos, ni siquiera es necesario prohibir que las aplicaciones se hagan a menos de 300 metros de las escuelas rurales.

El ministro anunció además que Uruguay pasará a ser el primer país que controlará las aplicaciones de agroquímicos mediante un sistema que se nutre de los datos que generan los propios mosquitos, aportando no sólo información sobre hora y lugar de la aplicación, sino también sobre la velocidad del viento.

Tiempo al tiempo

Un informe realizado por la consultora Estudio Ingeniería Ambiental por solicitud de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, señala demoras del MGAP para cumplir con algunas de las medidas del plan de acción para la protección del Santa Lucía y su cuenca. El ministro Tabaré Aguerre, que aclaró que todavía no había tomado contacto con dicho informe, argumentó que, por ejemplo, se pasaron cuatro años “de análisis y discusión entre el MGAP, el Inale [Instituto Nacional de la Leche] y el MVOTMA [Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente] para definir las distintas metodologías de tratamientos de efluentes. Tenemos que ser plenamente responsables y aceptar que durante varios años las orientaciones técnicas que iban a ser la exigencia por parte de las autoridades en materia de manejo de efluentes no estuvieron claras, y hoy sí están claras”. No se trata sólo de definir una normativa, indicó, sino también de dar tiempo para realizar las inversiones, “como, por ejemplo, las piletas donde se concentra el agua con los efluentes”, además de las que permiten el aprovechamiento de esos efluentes como fertilizantes, algo para lo cual ya fueron presentados 140 proyectos. “Es un proceso progresivo que tiene que ver con que demoramos algunos años en ver cuáles eran las tecnologías que había que aplicar. Eso no es responsabilidad de los productores, sino de las instituciones, que demoramos tres o cuatro años en definir eso”, enfatizó. “Y no tenemos que olvidar que poner en práctica esta medida coincidió con el peor período de precios de la lechería. Cuando tenemos al sector lechero generando un endeudamiento para tratar de sostenerse en la producción, también hay que tener cierto sentido de oportunidad y de sensibilidad para plantear determinados tipos de exigencia en forma gradual”.

Acumulación

“Pero quiero insistir con un concepto: pensar que los problemas del agua en el Santa Lucía están asociados a la intensificación agrícola de hoy es un error. Sí coincidimos por un momento en que el principal problema ambiental en la historia de Uruguay ha sido la erosión hídrica de los suelos, es decir, la pérdida de suelos que termina en las cañadas, en los arroyos o en las cuencas; para ser gráficos, alcanza con mirar el noreste de Canelones. Es una zona con dificultades productivas, porque el suelo del noreste de Canelones no existe más. El horizonte A, que es la capa agrícola del suelo, en muchos lugares del noreste de Canelones no existe más; eso ocurre en la cuenca del Santa Lucía. Lo que tenemos que preguntarnos es si los problemas de carga orgánica y de niveles de fósforo y de nitrógeno en el Santa Lucía son producto de la intensificación agrícola de los últimos años –que en la cuenca del Santa Lucía no es tal, porque el gran desarrollo de la agricultura no se dio en la cuenca del Santa Lucía– o si no es un proceso acumulativo, porque históricamente la agricultura estuvo en la cuenca del Santa Lucía; la mayor cantidad de tambos está en la cuenca del Santa Lucía, y la mayor cantidad de hortifruticultura está en la misma cuenca y nunca hubo ningún control. Lo paradójico es que cuando Uruguay hoy es el único país que tiene regulado el uso de suelos en función de su capacidad de uso, es decir, previniendo la erosión, en realidad la percepción es que es lento. Sin embargo, Uruguay tiene regulado 95% del uso de los suelos en la zona agrícola”.

Entre las medidas del plan de acción se encuentra la inclusión de los predios de producción lechera, entre los que deben presentar Planes de Uso y Manejo de Suelos (PUMS), que, en el informe de Estudio Ingeniería Ambiental, son catalogados de “declarativos”, ya que “su presentación ante el MGAP no implica su puesta en práctica”. Sobre esto Aguerre defendió la utilización de herramientas satelitales para la fiscalización. En la experiencia de PUMS a nivel nacional, dijo, “lo que hemos encontrado es un altísimo cumplimiento de lo que se propuso hacer”.

“En materia agrícola, justamente la política en la que el MGAP no le da la derecha a nadie en la historia institucional de este país es [la de] luchar frontalmente contra el principal problema de contaminación difusa que tuvo históricamente Uruguay, que es la erosión de los suelos. Las partículas de fertilizantes o de agroquímicos llegan a los cursos de agua, en 90% de los casos, en un proceso de absorción o adheridas a las partículas sólidas de suelo que llegan a los cursos de agua por el proceso de erosión. Por lo tanto, cuando tengo una política que regula el uso del suelo tratando de prevenir la erosión, indirectamente estoy previniendo la contaminación difusa, y me queda sujeto exclusivamente a los temas de deriva. Ahí viene la segunda política relacionada con agroquímicos, que es, primero, el registro de los principios activos, que en Uruguay es muy riguroso: si Uruguay registra un principio activo, es sobre todo teniendo en cuenta su comportamiento y los análisis técnicos y ambientales realizados en países referentes, no sólo en el país que lo desarrolló. Podemos mirar la matriz de principios activos, tanto de herbicidas como de insecticidas que están registrados en Uruguay, y compararla con los que están registrados en Alemania y en Francia. Quizá haya alguna diferencia, porque Uruguay tiene algunos productos que en los últimos años Alemania y Francia han retirado y respecto de los cuales Uruguay está en proceso de analizar la pertinencia de mantener esos registros o no. Pero Uruguay tiene una norma que establece que al lado de centros poblados y de escuelas no se pueden realizar aplicaciones en una franja de 300 metros, mientras que en Alemania, por ejemplo, los cultivos de trigo –en los que se hacen aplicaciones de los mismos principios activos que tenemos registrados en Uruguay– se cultivan hasta al lado de la casa, de la escuela o del pueblo. Nosotros tenemos una norma que establece una franja de 300 metros, cuya aprobación obedeció a que 300 metros es la franja de seguridad para evitar la deriva. Hoy, sin embargo, tenemos tecnología con picos antideriva con los cuales, respetando las condiciones de aplicación, la deriva no supera los cinco o diez metros”.

Aguerre cree que Uruguay debe ir hacia una normativa que “establezca genéricamente” las limitaciones por razones tales como los cursos de agua cercanos a los cultivos. “Pero pensar que las cosas se resuelven prohibiéndolas es un error. Se mantiene una polémica, sobre todo en el departamento de Canelones, respecto del tema de los agroquímicos y de la soja. En realidad, el episodio que ocurrió con los productores de La Armonía no fue por la soja transgénica, sino por una contaminación por la aplicación de un herbicida, Picloram, sobre un cultivo de maíz; se realizó con una dosis ocho veces superior a la recomendada. Eso deriva en una discusión en la que se plantea, por ese episodio, la prohibición de la utilización de los mosquitos. Y se termina definiendo una norma de carácter departamental en la que se propone eliminar la utilización de esos equipos. Ahora, si uno va por la calle principal de Canelones, donde la velocidad máxima autorizada tal vez sea 30 kilómetros por hora, y alguien pasa ocho veces más rápido, es decir, a 240 kilómetros por hora, seguramente lo vayan a multar, le retiren la libreta y, eventualmente, si provoca algún daño, lo metan preso. Pero a nadie se le ocurre prohibir el uso del vehículo automotor en Canelones porque hubo un episodio negligente o accidental. Acá lo que hubo fue eso: un episodio accidental o negligente, en el que tiene que ponerse en funcionamiento toda la operativa, la multa, la sanción; pero no porque alguien aplique ocho veces la dosis tengo que prohibir el producto o el instrumento de aplicación. ¿Por qué? Porque los instrumentos de aplicación autopropulsados tienen la última tecnología antideriva, que no tienen otras máquinas más antiguas. No tenemos que confundir causa con efecto y, sobre todo, no tenemos que hacer asociaciones equivocadas. En esa línea trabaja el MGAP. Estamos yendo a la implantación de equipos de georreferenciación en tiempo real que nos van a estar diciendo dónde está físicamente y qué está aplicando el equipo autopropulsado número 453 de Juan Gómez, que está trabajando en el departamento de Soriano. Vamos a ser el primer país del mundo en contar con ese sistema. Esa tecnología fue validada, hay una empresa que está en condiciones de proveer estos equipos, y hay otras dos que están ajustando la tecnología. Por una cuestión de orden, por competencia, cuando haya tres proveedores diferentes vamos a poner en práctica la norma. Su objetivo debe ser decirle a la gente que en este país no se aplica cualquier producto, sino los que están registrados por la Dirección General de Servicios Agrícolas. Además, que pueden aplicarse sólo en determinadas condiciones ambientales. Va a quedar registrado, por ejemplo, que usted aplicó hoy, viernes, a las 13.45, en Reboledo, con 35 kilómetros por hora de viento. Eso queda registrado, y usted no está cumpliendo con las condiciones para aplicar. Si no se genera un sistema de control, puedo poner la norma que quiera, pero no puedo controlar que se cumpla”.