Con un déficit de 2.728 millones de dólares correspondientes a la ejecución presupuestaria de 2016, el Poder Ejecutivo entregó ayer de noche la Rendición de Cuentas de 2016 al Parlamento. Las cuentas de 2016, no obstante, reflejan un superávit de 174 millones de dólares “por concepto de operaciones presupuestarias derivadas de normas legales”.

Entre las disposiciones referidas al ordenamiento financiero, el proyecto modifica la Ley de Presupuesto del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que obligaba al Estado a comprometer “gastos de funcionamiento o de inversiones” en el cumplimiento de sentencias judiciales. El nuevo artículo establece la salvedad de que la obligatoriedad no será aplicable cuando “ello afecte la atención de los servicios a su cargo”. “En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales”, establece el artículo sustitutivo.

En cuanto a funcionarios públicos, se aclara que no podrán volver a ser contratadas personas que hayan sido desvinculadas por “conducta dolosa tipificada como delito” –hasta ahora se usaba la expresión “falta administrativa grave”– y se establece que quienes hubieren sido destituidos por “ineptitud u omisión” podrán ser recontratados por el Estado luego de transcurridos diez años de la falta. Establece licencias para padres y madres –biológicos o adoptivos– de bebés que nazcan prematuros con menos de 32 semanas de gestación y que requieran internación: la licencia será mientras dure la internación, con un máximo de 60 días, y luego podrán hacer uso de la licencia por maternidad o paternidad (la licencia por maternidad será de 18 semanas).

El Ministerio del Interior suprimirá los cargos de director nacional de Policía Comunitaria y de director de la Oficina Nacional de Violencia Doméstica y de Género. Además, se autoriza a esta cartera a declarar como “chatarra” y “vender al peso”, todo tipo de“bienes muebles, vehículos automotores, birrodados, ómnibus, camiones, chatas, maquinaria vial, maquinaria agrícola, artículos de línea blanca entre otros”, que hayan quedado en su poder como resultado de acciones de esta cartera o del Poder Judicial, y que “por su estado de abandono y deterioro resulte antieconómico e inconveniente su remate en subasta pública o el eventual traslado a otros predios estatales”.

En el capítulo referido al Ministerio de Economía y Finanzas se establece un mecanismo para que esta cartera tenga un mayor control sobre las cuentas de los entes autónomos y descentralizados, agregándole una nueva competencia a la Auditoría Interna de la Nación (AIN): “Promover un sistema de información de auditoría interna gubernamental”. Para eso, se exige a estas instituciones comunicar sus informes sobre “auditorías internas, control interno y gobierno no corporativo del organismo” a la AIN, mediante sus respectivos ministerios.

La Ley de Presupuesto había fijado una tasa anual de 13.895 unidades indexadas (UI) a las entidades que hicieran juegos, rifas, apuestas públicas y similares; ahora se sustituye ese artículo por uno que fija una Tasa por Autorización de Rifa o Similares equivalente a 3% sobre el valor total de los boletos efectivamente vendidos. Por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo a “autorizar la explotación de zonas temáticas de servicios, para la prestación de servicios audiovisuales, esparcimiento y entrenamiento, con excepción de juegos de azar” –zonas francas– siempre y cuando se sitúen fuera del área metropolitana. El Ejecutivo destinará 60% de lo que perciba anualmente en concepto de canon de las zonas temáticas de servicios audiovisuales al financiamiento de instrumentos para la promoción de actividades del sector audiovisual.

Las multas que aplicará el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a infractores de normas agropecuarias, agroindustriales, de pesca y recursos naturales serán de hasta 2.671.038 UI (9.696.669 pesos); antes eran de hasta 2.000 unidades reajustables (UR, 1.977.960 pesos). Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para controlar normas de protección del ambiente de actividades públicas o privadas, podrá aplicar multas de hasta 50.000 UR (49.449.000 pesos), cuando hasta ahora eran de hasta 10.000 UR (9.899.800 pesos).

Dentro del Ministerio de Salud se crea la Junta Nacional Reguladora de Medicamentos y Afines, como organismo desconcentrado. Tal como había sido anunciado, se reconoce el derecho a la asistencia en situaciones de urgencia y emergencia a todos los habitantes residentes en cualquier institución de salud.

Además de los 1.500 millones de pesos que le asigna a la Administración Nacional de Educación Pública, otorga 348 millones de pesos a la Universidad de la República.

Al igual que en 2016, se reservan partidas de 300 millones de pesos (200 millones para 2018 y 100 millones para 2019) para la Administración de los Servicios de Salud del Estado, para que la Comisión de Apoyo y la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata atiendan sentencias de condena por juicios laborales.