En la actualidad hay dos grupos de ciudadanos y organizaciones sociales que quieren impulsar un plebiscito en contra de la Ley de Inclusión Financiera. Uno de ellos está encabezado por el abogado Gustavo Salle, quien afirma que ya cuenta con “cientos de miles de adhesiones”. De todas maneras, un integrante de la campaña de recolección de firmas reconoció que muchos de estos adherentes aún no firmaron y “solamente manifestaron en las redes sociales su intención de hacerlo, en comentarios que incluyen apreciaciones sobre el Nuevo Orden Mundial, la Masonería, y la relación entre la banca judía y el efecto que tiene la Coca-Cola sobre los tornillos oxidados cuando se los deja sumergidos una noche entera en ella, entre otras cosas. Honestamente, no podría asegurar que entre ellos no haya menores de edad, asiáticos con problemas de sueño que a las cuatro de la madrugada se meten a comentar en perfiles de Facebook de otras zonas horarias del planeta, o, directamente, programas informáticos que simulan ser usuarios de redes sociales creados por hackers rusos para la campaña de Donald Trump y que alguien se olvidó de desactivar”. El otro plebiscito está impulsado por varias gremiales de comerciantes. Un directivo del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, que apoya la iniciativa, aseguró: “La Ley de Inclusión Financiera tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, reduce el uso de efectivo y desalienta los robos. En ese sentido, se podría decir que protege nuestras vidas, la de nuestras familias y nuestros empleados. Pero por otro lado, el tema de documentar todos los movimientos nos complica a la hora de falsear los datos que le presentamos a la Dirección General Impositiva. Y la lucha contra la inseguridad no puede privarnos de nuestro derecho de evadir impuestos. No puede ser que por culpa de unos delincuentes que no tienen ningún sentido de respeto por las leyes, nosotros, los trabajadores honestos, no podamos quedarnos con el dinero que le pertenece al Estado”.