Consideramos la Reforma de la Salud la reforma estructural más importante encarada por Uruguay en las últimas décadas.

Empezamos nuestro balance diciendo que tenemos memoria, que nos acordamos muy bien de cuál era la situación del sistema de salud de Uruguay una década y media atrás. Era un sistema enormemente fragmentado, con mutualistas que daban quiebra y cerraban; muchos trabajadores perdían sus puestos de trabajo, y los usuarios, a lo largo y ancho del territorio nacional, debían ponerse al hombro hasta la última policlínica y asumir el rol de un Estado ausente.

Además de reconocer que tenemos memoria, debemos decir que ya pasó una década y que las carencias que el sistema tiene no se explican solamente con la situación de la cual venimos.

Cambio en el modelo de atención

De los tres pilares en que se basó la reforma –cambio en el modelo de financiamiento, cambio en el modelo de gestión y cambio en el modelo de atención–, consideramos que la gran carencia en estos diez años es lo poco que se avanzó en el cambio en el modelo de atención.

El objetivo de cambiar el modelo de atención se basa en priorizar el primer nivel. Es decir, prevenir y promover, haciendo centro en la salud, no en la enfermedad. En muchas áreas, el sistema de salud uruguayo está altamente mercantilizado; en esas áreas, el negocio no es la salud, sino la enfermedad. Esa es la razón principal por la que no se ha avanzado en cambiar el modelo de atención.

Si los organismos rectores de la reforma no cumplen su rol de rectoría, si no exigen ni controlan que se trabaje y se invierta en el primer nivel de atención, la reforma seguirá estancada en uno de sus aspectos principales.

Distribución de recursos humanos

Existe una enorme inequidad en la distribución de recursos humanos en el territorio nacional. Montevideo, con aproximadamente 45% de la población, concentra más de 70% de los recursos humanos en salud. Entre 27% y 28% de esos recursos se destina al resto de la república; de ellos, sólo 8% se encuentra al norte del Río Negro.

Sabemos que este es un problema muy complejo, multicausal, que no se resuelve fácilmente ni en poco tiempo. Lo que nos preocupa es no ver que haya propuestas serias, en el sentido de que se abra un proceso que lleve a resolver este tema, que tiene consecuencias prácticas muy negativas para muchísimos compatriotas.

Se supone que en esta sociedad de libre mercado no se puede obligar a nadie a trabajar donde no quiere. Al mismo tiempo, los usuarios de la salud tenemos garantizado en la Constitución y en las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) el derecho a recibir el mismo nivel de atención, sin importar dónde vivamos.

En este punto, hay claramente un choque de derechos. Se hace necesario explicitarlo, hacerlo visible y empezar a debatirlo, con el objetivo de iniciar un proceso que conduzca a resolverlo.

Renta oculta

Se supone que las instituciones de salud no tienen como objetivo dejar ganancia a quienes las integran. Permanentemente escuchamos que las instituciones están en rojo o que apenas empatan en sus números.

Sin embargo, los salarios de algunos cargos gerenciales en algunas de las instituciones privadas más grandes oscilan entre los 800.000 y los 1.000.000 pesos; los de directores técnicos de áreas, entre los 250.000 y los 300.000 pesos; los de los cargos principales en algunas instituciones del interior, entre los 400.000 y los 500.000 pesos. Algunos anestésico-quirúrgicos tienen sueldos de 1.500.000 pesos por mes.

En el sistema de salud uruguayo hay renta oculta como salario. Se hace necesario debatir si el sistema de salud, que todavía tiene importantes carencias, puede pagar salarios de este nivel.

Participación social

Este punto es un claro ejemplo de lo que decíamos al comienzo. Para hacer un balance de estos diez años del SNIS, por un lado hay que tener memoria, por otro, tener claro que ya pasaron diez años.

Antes no existían lugares para los representantes sociales en organismos tan importantes como el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado o la Junta Nacional de Salud. Tampoco en las Judesa ni en los concejos consultivos de las instituciones.

Pero no alcanza con eso. Para realmente profundizar la reforma, se hace necesario profundizar la participación social. Si consideramos que la salud “[n]o es una relación de consumidores y suministradores de servicios, sino de protagonistas, de participantes, en una construcción social. Si concebimos la salud como algo distinto a una compra venta, tenemos que luchar por una calidad mayor del involucramiento social en la misma”.(1)

Creemos que el carácter de los concejos consultivos debe ser vinculante, que hay que jerarquizar la agenda de las Judesa para que por allí pase la resolución de los fondos de reinversión y la discusión de la complementación con una mirada departamental. Pero, por sobre todas las cosas, exigimos participación en la Comisión de Cápitas, allí donde se decide el carácter y el destino de aproximadamente 150.000.000 pesos mensuales por cápitas, más 6% de metas.

Como síntesis de nuestro balance, queremos decir que se avanzó mucho en estos diez años, pero en este momento la reforma se encuentra estancada. Se hace necesario tomar medidas para sostenerla y profundizarla. Estamos convencidos de que es imposible profundizar la reforma sin afectar intereses que tienen negocios muy lucrativos en el sistema. También decimos que estamos convencidos de que no se puede profundizar la reforma sin la participación social consciente y organizada de usuarios y trabajadores.

(1). Documento “Calidad en salud”, de la Federación Uruguaya de la Salud, del 7 de julio de 2017.