El artículo 9° del proyecto de ley de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento levanta la prohibición de reingresar a trabajar al Estado para aquellos funcionarios públicos que fueron destituidos por omisión o ineptitud. Dispone que, una vez transcurridos diez años a partir de la destitución, la persona queda habilitada a conseguir un empleo público. Este es uno de los puntos del proyecto más cuestionados por la oposición. Este martes, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, explicó el fundamento de la disposición.

Scavarelli consideró que la normativa actual implica “un exceso”, porque transcurridos diez años de la destitución, las causales de ineptitud u omisión “no necesariamente se mantienen vigentes, así como tampoco las consideraciones desfavorables que dieron lugar” a la destitución del funcionario en cuestión. “La posición doctrinaria de derechos humanos denominada 'derecho al olvido' dispone la necesidad de generar una oportunidad para esa persona, en este caso un funcionario público que no incurrió en un delito doloso”, argumentó Scavarelli.

El jerarca hizo notar que si un particular corrompe a un funcionario público o actúa en contra de la función pública, la sentencia judicial contra ese particular le impone como máximo la prohibición del ingreso al Estado por diez años. “Estamos hablando de un delincuente que corrompió. Acá nos estamos refiriendo a que las personas que incurrieron en omisión o en ineptitud por cualquier causal, después de diez años, tengan la facultad de presentarse a competir como cualquier ciudadano común, sin ningún otro privilegio”, señaló.

Inoportuno e inconveniente

El diputado nacionalista Gustavo Penadés aseguró que no entiende el motivo del artículo y lo calificó de “inoportuno”. Dijo que sus “años de experiencia” le demuestran que “para que el Estado logre echar a alguien, realmente hay que demostrar que el individuo cometió un delito gravísimo” y que 90% de las causales de destitución son por ineptitud física. “La casuística no me invita a permitir que diez años después de que los funcionarios son echados por razones gravísimas puedan reingresar a la administración pública”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado nacionalista Jorge Gandini aseguró que estudió “bastante” el derecho al olvido y afirmó que no implica “olvidar los antecedentes”. “Aunque se recorran todos los caminos que dan infinitas garantías al funcionario –a veces todos los compañeros saben que es un funcionario muy malo, pero hay que demostrarlo–, es muy difícil destituirlo y termina en el Senado de la República, en la administración central. Esta es una pésima señal para los buenos funcionarios. Ese es el gran tema. En algún momento hay que premiar a los que cumplen, y esta es una manera de desalentarlos”, consideró. “Cuando todos saben que alguien no fue un buen funcionario –la mayoría de las veces no fue un buen compañero, porque terminó recargando y complicando a otros–, no puede volver. No sería una buena señal ni iría en línea con el hecho de que se quiere ser más eficiente en la gestión de la administración central”, agregó.

El diputado del Partido Independiente Iván Posada coincidió con los legisladores nacionalistas. “Me parece insólito que el Poder Ejecutivo, que debe desarrollar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, plantee un artículo de esta naturaleza”, afirmó, y adelantó que su partido lo votará negativamente.

En cambio, el diputado del Frente Amplio Alfredo Asti dijo que comprende la fundamentación del derecho al olvido y consideró que no puede interpretarse que la norma desestimule al “buen funcionario público”. “Está diciendo que el que es mal funcionario público y es destituido por ineptitud u omisión está, por lo menos, diez años fuera de la administración. O sea que el desincentivo a ser inepto u omiso está marcado”, señaló.

A su turno, Scavarelli comentó que todo el mundo tiene derecho a interpretar el artículo como le parezca, pero remarcó que “de ninguna manera en la razón de ser de este artículo está establecer un premio del 'vale todo'”. Aseguró que la destitución de funcionarios públicos no es “excepcionalísima”, ya que el año pasado, por ejemplo, se destituyó a 1.237 funcionarios.