El trabajo de la comisión investigadora de financiamiento de campañas de los partidos llegó a su fin a principios de este mes. El objetivo trazado por la investigadora fue analizar el vínculo existente entre algunas empresas con los gobiernos de turno –entre 1999 y 2015– y si alguna de estas fue posteriormente beneficiada. La comisión puso su foco en Fripur, La Diez, Aire Fresco, CUTCSA, Cambio Nelson, Tenfield e Iglesia Misión Vida, además de analizar si existió un cobro diferencial de minutos de televisión a los distintos partidos en la última campaña electoral.

El diputado Alejo Umpiérrez (Partido Nacional, PN), quien presidió la investigadora, fue categórico al decir que desde el principio sabían que la comisión estaba condenada a un “fracaso”. Esto, aseguró, no fue algo “casual”, ya que la comisión tuvo muchas dificultades para probar las presunciones que existían sobre cada una de las empresas. Entre los problemas con los que se encontraron, el legislador destacó la “muralla” del secreto bancario y tributario, ya que la investigación estaba centrada en analizar temas que tenían que ver con flujos de dinero. De todos modos, el diputado señaló que no deja de haber “presunciones” que los organismos correspondientes deberían estudiar, y adelantó que se llegó a un acuerdo entre todos los partidos para elevar los casos al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Electoral y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), porque existe un cúmulo de hechos que pueden dar “pistas” a estos organismos para que se profundicen las investigaciones.

El frenteamplista Óscar Groba hizo un repaso de todos los casos que estuvieron bajo la lupa de la investigadora. En cuanto a la exoneración de la deuda de diez millones de dólares por impuestos impagos a la Dirección General Impositiva (DGI) a Tenfield, Groba negó cualquier tipo de beneficio por parte del gobierno del entonces presidente José Mujica. En particular, hizo referencia a la comparecencia del ex director de la DGI, Nelson Hernández, quien dijo que como director “nunca recibió ningún tipo de presión sobre este expediente”. Según el diputado, el ex director precisó que Tenfield no tiene ninguna actividad en el negocio de intermediación de la venta de los pases de los jugadores y, además, la empresa manifestó que “no integra el grupo económico Casal”, o sea que "no existe relación entre Tenfield y el grupo Casal.

Groba centró buena parte de su exposición en explicar el vínculo que, según entiende, liga a la Iglesia Misión Vida, los hogares Beraca y el pastor Jorge Márquez con la senadora y precandidata presidencial nacionalista Verónica Alonso. Se puede ver “claramente” el financiamiento de todas esas instituciones al sector de Alonso, aseguró, y añadió que sobre el tema hay disposiciones “muy claras”. Entre ellas, la ley de voluntariado, que establece que los voluntarios no pueden participar en ninguna actividad política. Según el diputado, numerosas pruebas e informes periodísticos muestran que existió ese financiamiento de campaña y, además, aporte de estructura para su despliegue. Se refirió a los dos cheques firmados por el pastor Márquez para retirar listas de la imprenta Vistosul SA, y también al juicio que hizo con éxito el dueño de esa empresa, Martín Nyczka, contra Alonso y su esposo por una deuda en el pago de listas. También habló del rol de Gabriel Cunha, actual tesorero del sector de Alonso, vinculado a la Iglesia Misión Vida y señalado por varios como “mano derecha” de la campaña, aunque esto fue negado en reiteradas oportunidades por la senadora. Según Groba, hay pruebas “fehacientes” de que Cunha fue su jefe de campaña, así que la senadora o se “equivocó” o “mintió” al negarlo.

Adrián Peña (Partido Colorado) dijo que en muchos de estos temas la Justicia podrá “avanzar” y en otros no, pero valoró que los casos también pasen a la Jutep, porque tienen que ver con “la transparencia y ética pública” y, en definitiva, en muchas de estas instancias se trata de distinguir “lo que está bien de lo que está mal”.

El visto bueno

Ayer la cámara baja aprobó el proyecto de ley que modifica el régimen de declaraciones juradas sobre bienes e ingresos. La diputada frenteamplista Bettiana Díaz dijo que Uruguay se ubica en la posición 23 del ranking mundial que mide el índice de percepción de corrupción, y que también está catalogado como el país menos corrupto y más transparente de América Latina. Por ese motivo, los legisladores de todos los partidos coincidieron en aumentar la transparencia y extender el alcance de la obligación de rendir cuentas sobre sus patrimonios, así como los de los directores o gerentes de organismos privados que manejen fondos públicos.

La diputada del Partido Nacional Graciela Bianchi destacó que la normativa le otorga a la Jutep la potestad de investigar las declaraciones juradas. También dijo que quería dejar en “claro” que su partido, en acuerdo con los demás, entendió que por “razones de seguridad” quienes quieran ver los patrimonios deberán identificarse y dar cuenta del motivo, algo que fue incluido en la norma.