La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) afirma que el Banco de Previsión Social (BPS) “vulnera el principio de igualdad” al incluir en su programa de Ayudas Extraordinarias (Ayex) a ciertos colectivos de niños con discapacidad, dejando de lado a otros. La ayuda, que consiste en dotaciones económicas para cubrir distintas necesidades, está restringida a hijos de trabajadores dependientes, jubilados y pensionistas de la actividad privada, y a quienes poseen pensiones por invalidez y son pacientes del departamento médico del BPS; esto deja por fuera a los hijos de empleados públicos o trabajadores independientes. La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) denunció ante la INDDHH esta situación hace un año, pero el organismo se pronunció en octubre. La semana pasada el BPS respondió y según afirmó a la diaria María del Rosario Oiz, directora del ente, “el objetivo está puesto en la universalización de los servicios pero es parte de un proceso, en ese marco se van a ir incluyendo nuevos colectivos, pero no podemos decir hoy que todos los hijos de empleados públicos se puedan incluir ahora”.

En su resolución la INDDHH, además de señalar la vulneración del principio de igualdad, demanda que las autoridades del BPS adopten “medidas necesarias para concretar la incorporación progresiva” del resto de los jóvenes. Las Ayex son contribuciones económicas destinadas a la rehabilitación de las personas con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, para favorecer su inserción social, educativa y cultural. Las contribuciones pueden destinarse a la cobertura de servicios como la locomoción, fonoaudiología, fisiatría, psicomotricidad y psicología. La SUP plantea en la denuncia que “la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud no brindan los tratamientos que corresponden o los hacen por un período insuficiente” y se ve en las Ayex una posibilidad de acceso.

Las restricciones planteadas hasta ahora dejan por fuera una gran cantidad de niños. La SUP ejemplifica en la denuncia: “Un niño con un retraso del desarrollo o un trastorno del lenguaje tiene derecho a recibir tratamiento fonoaudiológico si su madre es maestra y trabaja en una escuela privada pero no tiene ese derecho si ella trabaja en una escuela pública”. Desde el BPS aseguran que los hijos de funcionarios públicos no reciben la prestación porque no están comprendidos dentro de lo que establece el programa; por otra parte, afirman que los hijos de los funcionarios del BPS sí están comprendidos “como consecuencia de viejas reivindicaciones sindicales que fueron recogidas”. De todas formas, el BPS “consigna que la evolución hacia la cobertura universal de las contingencias de seguridad social implica una incorporación progresiva de colectivos que se debe conciliar con la suficiente [incorporación] económica financiera del sistema que lo sustenta”.

Oiz explicó que en la respuesta a la INDDHH plantean que se está “ampliando la cobertura de las Ayex; a lo largo de este período no sólo incluimos nuevos gurises, sino que generamos nuevas prestaciones y vamos a seguir incluyendo nuevos colectivos”. Según la jerarca, el BPS tiene como objetivo la universalización, pero cubrir a todos es una situación con varias aristas a manejar. “No es un tema sólo de evaluar el costo económico que significaría para el BPS incorporar nuevos colectivos, hay que ver si los prestadores de estos servicios –porque no los ofrecemos nosotros directamente– están en condiciones de poder recibir a las nuevas organizaciones y de ofrecerles las prestaciones adecuadas”, indicó. Para Oiz, a medida que avanza la oferta de estos servicios, se van incorporando nuevos colectivos de diversas áreas, ya que esta es la única forma de asegurar prestaciones de calidad.

Dentro de los colectivos que se fueron incorporando, Oiz destacó el convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que incorpora a cerca de 300 niños del programa Uruguay Crece Contigo y otros programas de proximidad. Actualmente se encuentran analizando un posible convenio por el cual se podrían incorporar a las prestaciones del BPS unos 80 niños que viven en instalaciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Además, comentó que se sumaron varios servicios; a modo de ejemplo, mencionó el traslado a los centros educativos de niños y jóvenes; el financiamiento de tratamientos de equinoterapia para cerca de 1.000 niños en todo el país con trastornos del espectro autista; y el convenio con una fundación que permite el entrenamiento de perros guías y acompañantes terapéuticos.

Al tomar conocimiento de la resolución de la INDDHH, los pediatras emitieron un comunicado en el que afirman: “Aguardamos ahora que el Estado brinde una rápida respuesta ante esta situación, y confiamos en que la resolución ayude a que se sigan los pasos correspondientes para terminar con esta situación injusta y que vulnera derechos básicos. Porque cada día que pase, será otro día perdido en el debido tratamiento de cientos de niños, niñas y adolescentes”.