Semana de Carnaval. La página de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) no anunció en su portada que esa semana se haría una audiencia pública para informar a los vecinos acerca de un proyecto que afectaría a 112 hectáreas del Municipio de Piriápolis: el sitio sólo tenía en su agenda los eventos turísticos de la semana. Rastreando por las palabras claves “audiencia pública”, podía llegarse a la noticia de la IDM que anunciaba la actividad, citada para las 18.00 del jueves 15 en el club social de la estación Las Flores. Pese a esos obstáculos en la difusión, más de 80 personas concurrieron a la audiencia pública. Además de la concurrencia, las personas consultadas por la diaria destacaron que el proyecto en cuestión tuvo el rechazo unánime de quienes asistieron.

El “Programa de actuación integrada ruta 73-Las Flores” (PAI R73) es un proyecto presentado a la IDM por Pablo Valeta, propietario de una fábrica de materiales de construcción que instaló sobre la ruta 73, atrás del Cerro de los Burros, a dos kilómetros del balneario y de la estación Las Flores. Creó la fábrica en 2009, en su predio de nueve hectáreas; años después de funcionar sin habilitación –y en infracción, por estar en suelo rural–, la empresa fue clausurada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tras la denuncia de los vecinos. En 2013, la IDM le cedió al empresario, por 20 años, un espacio dentro del Parque Industrial de Pan de Azúcar, pero, explicó Valeta a la diaria la semana pasada, no está produciendo en ese sitio, porque aseguró que no cuenta con la habilitación. El PAI R73 propone recategorizar el suelo de 112 hectáreas convirtiéndolas, en su gran mayoría, de suelo rural a suelo urbano. Pero el principal objetivo del proyecto es convertir en suelo “suburbano de bienes y servicios” tres de las nueve hectáreas que tiene Valeta, para poder hacer funcionar la fábrica, que trabaja en base a hormigón. El proyecto fue elaborado por el privado y en enero el intendente Enrique Antía le dio aprobación previa. Luego de la audiencia, el proyecto vuelve al Ejecutivo comunal para pasar, finalmente, a la Junta Departamental de Maldonado, que tiene que avalar por mayoría especial el cambio de categoría del suelo.

La audiencia se inició con una presentación del proyecto hecha por los técnicos contratados por la empresa. Lo que le siguió fue una catarata de críticas que, explicaron a la diaria varios asistentes, los impulsores no lograron revertir. En representación de la IDM concurrió Soledad Laguarda, directora general de Urbanismo; asistieron también el alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, y el de Solís Grande, Hernán Ciganda. Las críticas fueron expuestas por todos los oradores: el abogado representante de los vecinos, las comisiones vecinales del Cerro de los Burros y de Playa Verde, y la arqueóloga Laura Brum, quien estudia la riqueza patrimonial de la cuenca del arroyo Tarariras, donde desemboca la cañada Castro, comprendida en el proyecto de Valeta.

El abogado de los vecinos linderos a Valeta, Andrés Mariño, pidió la nulidad de la audiencia, puesto que los vecinos no fueron notificados de la audiencia. Tampoco recibieron notificación los ediles: “La Junta Departamental no fue informada”, aseguró a la diaria Eduardo Antonini, edil y coordinador de bancada del Frente Amplio (FA), quien dijo haberse enterado de la audiencia por la nota publicada por la diaria. Lo mismo expresó Leonardo Delgado (FA), uno de los ediles que asistieron a la audiencia. “Nos llamó la atención el secretismo con que lo trató la intendencia”, expresó, y explicó, así, “la gran molestia” de los vecinos. Joaquín Garlo, edil del mismo partido, informó que estaba al tanto del tema, principalmente por las quejas de los vecinos por el ruido y el polvo que provocó la llamada “bloquera”. Los ediles esperan, ahora, el expediente que debería enviarles la IDM.

También de “secretismo” habló el periodista Alfonso Lessa, que veranea en las proximidades de la zona que quiere modificarse. Dijo que, si bien la audiencia fue publicada en el Diario Oficial y en un diario local, no era fácil acceder. Agregó que se hizo en Carnaval, en un lugar que no fue la zona del balneario, sino en la estación Las Flores. “Hay una serie de cosas que demuestran que se buscó aprobar con cierto silencio”, comentó, y eso es, también, lo que piensan muchos vecinos. Lessa destacó la contundencia de los informes de los vecinos, desde el punto de vista jurídico y académico, y la solvencia de las exposiciones.

Contundente

El informe que presentó la Comisión de Vecinos del Cerro de los Burros dejó a los expositores sin palabras. El equipo preparó un texto de 14 páginas para el proyecto. En él, los vecinos pidieron que “se declare nulo el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica” del proyecto y solicitaron que no se apruebe el PAI R73. Pidieron “que las autoridades departamentales definan el área correspondiente a la cuenca del Arroyo Tarariras como sitio de importancia para la conservación y que aplique mecanismos efectivos que garanticen su protección”, que se reconsidere la clasificación de suelo transformable de rural a urbano y suburbano de los padrones contenidos en las 112 hectáreas, y que se recategorice a estos como “no transformable”.

El informe pidió, además, que se cumpla con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y los decretos departamentales 3.866 y 3.867 para generar “ámbitos de discusión y trabajo”, que permitan elaborar “instrumentos de ordenamiento territorial con un enfoque integrador de los distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil organizada”.

En su exposición, la Comisión de Vecinos del Cerro de los Burros expresó que falta “una discusión amplia, que reúna a todos los actores locales, acerca de qué formas de desarrollo queremos para nuestra localidad”. Expresaron que la IDM debió haber incentivado esa discusión para laudar “entre dos posturas antagónicas”: la instalación de una industria de este tipo y la posición vecinal, “que pretende preservar el valor ecosistémico y patrimonial del territorio, buscando mecanismos de desarrollo social y económico tendientes a la explotación de dichos valores”.

La comisión citó el Decreto Departamental N° 3.867/2010, en el que se proyecta la microrregión Piriápolis, destacando la “vocación turística –base de su economía–” de la localidad, potenciada por las condiciones ambientales “urbana, serrana y costera únicas en el país, equilibradamente promovidas y gestionadas mediante la conjunción de la acción público, social y privada”.

Los vecinos entienden que se está ante un emprendimiento “mal parido, instalado de forma irregular” y que se salteó “autoritariamente los controles institucionales exigidos”, y reprobó que el proyecto ya se estaba desarrollando. Con lujo de detalles, el informe cita las normas que violó la bloquera, y la paradoja que implica el hecho de que “la Intendencia le compraba materiales a un emprendimiento que no tenía siquiera su propia habilitación de Higiene, ni autorizaciones ambientales, ni autorización del Municipio para realizar la actividad”.

Los vecinos recordaron que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) intimó al titular del proyecto a hacer un plan de recomposición ambiental y que nunca lo elaboró. Refutan que la infraestructura vial sea la adecuada, como establece el proyecto, no sólo por las modificaciones que tendrán que sufrir para habilitar el tránsito pesado, sino por la pérdida de valores de las rutas 73 y 37, que atraviesan importantes puntos de interés turístico, como el castillo de Piria, el castillo Pittamiglio y la visualización del cerro Pan de Azúcar, de la Sierra de las Ánimas y del Cerro de los Burros.

Los vecinos detallaron también el valor ecosistémico de la cuenca del arroyo Tarariras y sus afluentes, como la cañada Castro, y zonas de alta prioridad para ingresar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según lo había definido el propio MVOTMA para el período 2015-2020. Mencionan también las más de 15 hectáreas de monte nativo que se verían afectadas con el cambio de categorización del uso del suelo.

Los testimonios fueron elocuentes e incluyeron las amenazas que han recibido algunos vecinos, así como el retiro de denuncias, por temor a las represalias que pudiera tomar Valeta. Como prueba también están los carteles de “venta” de casi todas las propiedades que están en el entorno de la bloquera.