El seminario “¿La regulación de las encuestas contribuye a una mejor democracia?”, organizado por la presidencia de la Cámara de Representantes y la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay (CEISMU), reunió ayer en la antesala de la Cámara de Diputados a legisladores, académicos, periodistas y representantes de las empresas encuestadoras.

Más de un tercio de los países de América del Sur cuentan con un organismo estatal que regula de algún modo las encuestas. En Uruguay, el diputado frenteamplista José Carlos Mahía hizo circular un borrador de proyecto de ley elaborado por el especialista en usabilidad Daniel Mordecki, que establece la obligatoriedad de la publicidad y la estandarización de las fichas técnicas, y estipula sanciones para las empresas que no cumplan con la normativa, que pueden llegar hasta la inhabilitación permanente para publicar encuestas.

Los expertos que expusieron ayer coincidieron en general en la necesidad de la autorregulación, pero no se mostraron favorables a la regulación estatal. La estadounidense Kathleen Frankovic, doctora en Ciencia Política y directora de Encuestas en CBS News durante más de 30 años, mencionó como un ejemplo negativo la regulación en Francia, ejercida por una comisión integrada por 11 personas, la mayoría abogados o abogadas que no entienden de la actividad. “No tiene el balance adecuado”, consideró la experta. Afirmó que la autorregulación “es difícil” y “requiere mucho trabajo, pero es mucho mejor que la regulación gubernamental”, que, según consideró, tiene el problema de estar sujeta a la interpretación del gobierno de turno.

Rosario Queirolo, doctora en Ciencia Política y directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay, comenzó su exposición poniendo en duda el supuesto de que la regulación permite tener más información y mejorar la calidad de la democracia. Evaluó, en cambio, que la regulación puede disminuir la información con la que cuentan los ciudadanos, por ejemplo, como consecuencia de la veda de difusión en los días previos a la elección.

Queirolo aseguró que las encuestas tienen menos incidencia en la opinión pública de lo que se cree. “Los votantes no son marionetas de las encuestas; pueden usarlas instrumentalmente”, consideró. En materia de influencia directa en el voto de la población, advirtió que no siempre los ciudadanos quieren votar al ganador. Afirmó que la tendencia al “voto útil” es un comportamiento “muy poco prevalente” que tienen sobre todo los ciudadanos “muy informados y muy interesados en la política”.

En cambio, señaló que la influencia indirecta es “la más poderosa y la más camuflada”: por ejemplo, el hecho de que los medios presten más atención a quienes lideran las encuestas, o que las encuestas influyan en el ánimo y desánimo de los militantes, en la dirección estratégica de las campañas y en los donantes. No obstante, acotó que la regulación “no necesariamente hace que disminuyan cualquiera de estos efectos indirectos”, que por otra parte, evaluó como positivos para la democracia en tanto brindan mayor información a los electores. Queirolo añadió que detrás de la intención de regular muchas veces está la idea de que las empresas “están vendidas”, pero aseguró que a las empresas “no les sirve errar, porque no viven de la política”.

Juan José Calvo, economista especializado en demografía económica, también se mostró partidario de autorregular más que de regular por ley. “Tengo serias dudas sobre la utilidad de la regulación. En general, el trabajo está siendo bien hecho y mal interpretado”, sostuvo. Opinó que la mayoría del mercado uruguayo “hace un trabajo profesional y serio” y que la regulación estatal plantea problemas, como por ejemplo quién es el “tribunal estadístico” que juzgará, cómo se fiscalizará y cuál será la sanción.

Evaluó, en cambio, que el principal problema es el déficit de cultura estadística de la población en general. Consideró que este déficit tiene como principal consecuencia que se confunde “ciencia con magia”. “Hay un número mágico en el que voy a creer. Es la magia de la cuantificación, pero con desconocimiento de lo que está expresando y de sus limitaciones”, advirtió Calvo.

El demógrafo mencionó un dato que presentaron las encuestadoras al inicio de la actividad: los estudios de opinión pública representan 3% de la facturación de esas empresas. Calvo evaluó que este dato da cuenta de que estos sondeos se están pagando mal, y eso “desestimula la adopción de nuevas metodologías”.

Evaluó, de todos modos, que es necesario incorporar los cambios demográficos en el diseño de la investigación, porque ha habido cambios en los hogares, en materia etaria y en la distribución territorial que “no se reflejan en los ajustes de metodología y en las muestras”.

Uno de los puntos a regular mencionados es la publicidad y estandarización de la ficha técnica de las encuestas. Frankovic señaló que muchas veces esta información no está disponible y es necesaria “para que la gente pueda entender”. Contó que en Estados Unidos se apunta fundamentalmente a autorregular la transparencia de las encuestadoras, pero no la metodología que utilizan.

También se hizo hincapié en la importancia de capacitar para interpretar y comunicar bien las encuestas. “Hay que convencer de que son estimaciones, y de que no hay que pedir predicciones”, señaló Frankovic. La experta comentó que una encuesta reciente, realizada en países de todo el mundo, arrojó que se evalúa mucho peor cómo se comunican las encuestas que cómo se hacen.

El historiador Gerardo Caetano sostuvo que los comunicadores “tienen que ser diferentes, tienen que ser más cultos, tienen que discutir” y no asignar “poderes chamánicos” al encuestador.

Datos y ponderaciones

Caetano discrepó con algunos de los argumentos de los otros expositores. En primer lugar, señaló algo que los otros oradores omitieron: los errores que cometieron las encuestadoras en la última campaña electoral, que en algunos casos superaron el margen de error. “En Uruguay hay señales de que algo hay que cambiar”, consideró. Afirmó que las encuestadoras deberían aclarar cuáles son los datos públicos y cuáles son las ponderaciones, y en función de qué hipótesis se formulan. “Es legítima la ponderación; lo que importa es decirlo y explicarlo, explicar que no sólo hay márgenes de error sino hipótesis”, indicó Caetano. Agregó que esas hipótesis predictoras no funcionaron en 2014 y, por lo tanto, hay que cambiarlas, teniendo en cuenta los “cambios vertiginosos” que experimentó la política.

Además, dijo que no está cerrado a la posibilidad de la regulación. En particular, consideró interesantes algunas disposiciones del borrador de proyecto de ley que hizo circular Mahía, como la publicidad y estandarización de la ficha técnica, y darle a esta el carácter de declaración jurada.

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