Existen diversas identidades de género. Hay personas que nacen con un sexo y se identifican con el género que la biología les plantea cuando nacen. A esas personas las llamamos cis. Hay otras personas que nacen con un cuerpo que no se identifica con su género. A esas personas, además de llamarlas trans, las cargamos de odio y discriminación.

En Uruguay la población trans es atravesada por múltiples situaciones de vulneración. La expulsión, en su sentido más amplio, determina sus vidas. Una ley integral para personas trans descansa en los cajones del Parlamento. En las últimas semanas, producto de un impulso conservador que vuelve a poner sus cuerpos –y sus vidas– en debate, se generó una serie de polémicas que dan cuenta de que la ofensiva contra los derechos está organizada. El despertar de los parlamentarios para aprobar la ley integral para personas trans y garantizar un marco mínimo de derechos es una necesidad que no puede esperar.

Cuantificar una realidad

Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, son alrededor de 853 personas trans en Uruguay. El 90% son mujeres trans y el 10% son varones trans.

Este censo es único en el mundo. Uruguay es el primer país que asume la decisión política de recabar información amplia sobre esta población para reconocer y abordar su realidad. Según Federico Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y uno de los responsables de esta investigación, este trabajo es importante porque “el Estado uruguayo reconoce la situación particular de una población, visibiliza definitivamente los datos duros de su realidad y las diferentes barreras que impidieron, y aún impiden, el desarrollo pleno de las personas trans en el país”.

Si bien el censo es una herramienta más que valorada, algunos expertos plantean ciertos reparos. Se cree que los números están levemente subestimados. Los motivos son varios, según Delfina Martínez, activista trans: “Muchas tienen miedo de ser parte de un registro, quizá porque es el primero. Esto se da sobre todo en las personas más mayores, que pasaron por múltiples sufrimientos y fueron perseguidas por el Estado. El fichaje que hasta hace un tiempo las caratulaba como ‘pederastas pasivos’ implicaba persecución policial, días de encierro, maltrato físico, psicológico y emocional. También hay muchas que viven en el interior profundo, que tienen que vestirse como varones para poder acceder a un trabajo regularizado, entonces optan por vivir su verdadera identidad de a ratos. Como estas, hay muchas razones que hacen que las personas trans desconfíen y tengan miedo de figurar en un registro del Estado”.

Lo que relata Delfina no ocurrió hace tanto; las prácticas abusivas contra las personas trans fueron características, por ejemplo, en las razias de la segunda mitad de la década de 1980. Por esto, y por tantas otras cosas, el Estado está en debe con esta población. La calidad de vida de las personas trans está directamente vinculada con la falta de políticas específicas y por el contexto de discriminación en el que viven. La expulsión es la norma. De las escuelas, de las casas, de todo ámbito social. Elemento que determina, entre otras cosas, que la esperanza de vida promedio sea de 35 años. A pesar de esta insoportable desconexión con los sistemas formales, sólo 1% de las personas trans están privadas de libertad.

La población trans habita en su mayoría (61,8%) en las zonas costeras y de frontera. Canelones, Maldonado, Cerro Largo, Salto, Paysandú y Artigas son los departamentos con mayor población trans. El restante 38,2% reside en Montevideo.

La inmensa mayoría de las personas trans son adultas: 34,7% tienen entre 18 y 29 años, 26,6% tienen entre 30 y 40 años, 19,9% tienen entre 40 y 50 años, y sólo 17,6% llega a vivir más de 50 años. Solamente 10% tiene menos de 18 años.

En un país en el que la edad promedio de emancipación es de 28 años, el promedio de abandono del hogar de las personas trans es de 18 años. Por supuesto, la emancipación de la media de la población no transcurre con la violencia que se da el abandono del hogar de las personas trans. El principal motivo para que dejen sus casas está asociado a los problemas familiares que se generan por el desarrollo de sus identidades de género. Seis de cada diez personas trans dicen haber sido discriminadas por algún miembro de su familia. Reconocen a varios actores familiares que han proyectado discriminación sobre sus cuerpos y sus procesos: sus madres (41%), sus padres (50%), sus hermanos (56%) y otros familiares (27%).

A pesar de que la normativa en Uruguay ha avanzado y de que las personas trans pueden cambiar su nombre y su sexo registral luego de un trámite judicial, al momento del censo solamente 19% (158 casos) tenían su cambio de nombre y sexo registral. También había 149 casos (18%) que estaban en trámite. Pero la enorme mayoría, 513 casos (60%), no habían tomado acciones para generar su cambio de nombre ni de sexo registral. Los motivos se desconocen. Quizá lo que significa enfrentarse a un trámite judicial o los costos y tiempos que esto genera puedan ser algunas de las causas.

La educación, lejos de ser un ámbito de inclusión, es un elemento de expulsión y discriminación. 88% dicen haber sido discriminadas. El bullying de sus compañeros y el capricho de los docentes que insisten en llamarlas por el nombre que no las representa, con el argumento de que “es el que está en la lista” o por el simple regocijo de incomodar, aparece en los relatos permanentemente. En la escuela, 75,3% de la discriminación proviene de los compañeros y 18,7% de los docentes; en el liceo las cifras son similares (compañeros, 70,2%; profesores, 20,6%).

Sólo 12,1% de las personas trans pudo terminar el nivel secundario, ya sea en el liceo o en la UTU. El máximo nivel alcanzado varía entre primaria incompleta (11%), primaria completa (25,8%) y ciclo básico incompleto (23,6%). Solamente 1% de las personas trans pudo acceder a la Universidad y terminar una carrera.

El trabajo sexual es una salida laboral más que considerada. 67% de las personas trans han estado vinculadas con el trabajo sexual. De cada tres personas trans, una se dedica actualmente al trabajo sexual, otra lo hacía en el pasado y sólo una nunca lo hizo. Se cree que este dato está subestimado por diversos motivos, entre ellos el estigma que aún supone reconocerse como trabajadora sexual, o el hecho de recurrir a ese trabajo “para rescatarse”, sin considerarlo propiamente un trabajo.

La gran mayoría se involucró con el comercio sexual antes de los 18 años. Para esos casos no podemos hablar de trabajo sexual, sino de explotación sexual. Según testimonios, los 14 años suelen ser una edad bisagra para las personas trans. Cabe preguntarse, en estos días en que se ha debatido tanto sobre la situación de los menores de edad, si la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, producto del abandono del Estado y de la familia, se llevará tantos ríos de tinta como los que pretende llevarse la inhabilitación a que estos mismos adolescentes decidan sobre su salud y sobre las transformaciones de su cuerpo para acercarse un poco más a lo que sienten. Esos que quieren bloquear el acceso al sistema y las garantías de salud para estos adolescentes, ¿van a militar así para que no sean explotados?

Para dar un debate responsable sobre salud también hay que saber de qué estamos hablando. Es un imaginario que todas las personas trans están disconformes con su cuerpo. Por el contrario, muchas están conformes con su cuerpo y su genitalidad, y no quieren transformarlos de ninguna forma. No quieren hormonas, implantes ni cirugías genitales. “Hay personas que hacen una transición sin adherirse a un tratamiento de reemplazo hormonal, porque en sí no es obligatorio; es un tema de autonomía de los cuerpos, básicamente”, explicó Martínez.

Según el censo, la mayoría de las personas trans vive su identidad sin realizar cambios corporales. 78% no toma hormonas, sólo 22% lo hace. En cuanto a los implantes, 75% no tiene y 17,9% se aplicó silicona líquida. El resto optó por utilizar aceites industriales que son altamente riesgosos. La migración de la silicona industrial es un hecho recurrente, que puede provocar graves lesiones (discapacitantes y mortales).

La cirugía de reasignación de sexo es una opción para muy pocas personas. 60,7% de las personas trans no se la hicieron y no tienen intenciones de hacerla. Son 322 casos (37.7%) los de personas trans que no se la han hecho pero podrían llegar a estar interesadas en hacérsela. Al momento del censo, sólo ocho personas se habían operado, cuatro lo habían hecho en Uruguay y las cuatro restantes en el exterior.

Una oportunidad

El proyecto de la Ley Integral para Personas Trans será tratado próximamente en el Parlamento. Es una oportunidad histórica para comprender la realidad de las personas trans y abordarla de manera integral por medio de políticas públicas específicas. Se intenta así promover la equidad de género y reducir las múltiples formas de discriminación.

Se proponen acciones para promover la inclusión laboral, educativa, cultural y sanitaria. Plantea que la salud debe ser un derecho “sin ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género”. También establece facilidades para el cambio de nombre y sexo registral, y pensiones reparatorias para aquellos que el Estado tanto lesionó en las épocas más oscuras del país.

Lo que esta ley nos permite, en definitiva, es reconocer que las personas trans son personas. Es una oportunidad para reparar el enorme daño que hemos generado. También nos habilita a construir un mundo un poco menos malo para las próximas generaciones. Hoy son alrededor de 1.000 personas las que nacieron y crecieron en la violencia estructural. No podemos permitir que el estigma y la discriminación siga anulando vidas. No podemos seguir violentando a las personas trans.

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