Cuatro meses después de que la Justicia de Rusia prohibió la actividad del movimiento LGBTI+, el gobierno que encabeza el presidente Vladimir Putin ordenó incluirlo en su lista de organizaciones terroristas y extremistas. El Servicio Federal de Vigilancia Financiera (conocido como Rosfinmonitoring) tomó la decisión después de que el Tribunal Supremo avaló una petición del Ministerio de Justicia que instaba a declarar al colectivo de la diversidad como “extremista”.
El máximo tribunal, en concreto, reconoció como “extremista” la división estructural de la organización interna del movimiento LGBTI+, según consignó la agencia Europa Press, y argumentó que existían indicios de que incurría en “actividades extremistas, como la incitación a la discordia religiosa y social”.
Tras tomar la decisión, las autoridades rusas aseguraron que “no viola el derecho de los ciudadanos a su intimidad y no acarrea consecuencias legales negativas”, y que se trata de un trámite para completar el proceso de prohibición del movimiento iniciado el año pasado. Sin embargo, la legislación rusa establece que las personas o asociaciones que financien organizaciones extremistas y terroristas pueden ser condenadas con penas de hasta diez años de prisión.
Por otra parte, la agencia Rosfinmonitoring tiene la potestad de congelar las cuentas bancarias de las organizaciones que aparecen en la lista que monitorea, por lo que activistas advierten que esta podría ser otra consecuencia.
En julio de 2023, unos meses antes de que la Justicia prohibiera la actividad del colectivo LGBTI+ en todo el país, el Parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe el acceso de las personas trans a realizar el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad y los tratamientos de reafirmación de género por medio de cirugías o suministro de hormonas. A la vez, impide que puedan adoptar niñas, niños y adolescentes, y establece la anulación de matrimonios en los casos en los que alguno de los cónyuges se someta a una cirugía de reafirmación de género.
La cruzada de Putin contra las disidencias tiene más de una década e incluye la entrada en vigencia de normas que prohíben la “propaganda” LGBTI+ y el matrimonio entre personas de mismo sexo, entre otras restricciones de derechos.