"El modelo de producción condiciona el modelo de salud de una población y de nuestra comunidad, en particular”, afirmó Carmen Ciganda, toxicóloga y asesora del ministro de Salud Pública, en la jornada “Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay”, que desarrolló el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ (T de Transgénicos, A de Alternativas Agroecológicas), de la Universidad de la República (Udelar). La actividad se desarrolló el viernes 13 en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Ciganda admitió que “hay una carencia de información sobre el impacto en la salud, un subdiagnóstico de lo que está pasando”, porque el Centro de Información y Atención Toxicológica del Hospital de Clínicas tiene muchísima información sobre intoxicaciones agudas, pero no se conoce qué pasa con las intoxicaciones de bajo impacto, aquellas que conforman la mayoría de las afectaciones, que son “padecimientos crónicos”. Si bien las instituciones de salud deberían reportar los casos de intoxicaciones de plaguicidas, en diálogo con la diaria Ciganda comentó que “se tiende a reportar casos floridos de exposición ambiental, pero la gente no consulta si siente irritación ocular, lagrimeo o tos frente a exposición a plaguicidas”. Por otra parte, reconoció que a veces “el médico que está atendiendo no tiene las herramientas suficientes para diagnosticar y relacionar que lo que le está pasando al usuario fue producto de una exposición laboral o ambiental a plaguicidas”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) pretende fortalecer su rectoría en el tema de los plaguicidas. Ciganda reprobó, al igual que lo hizo el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, que ninguna de las dos carteras participen en la autorización y el registro de plaguicidas agrícolas y veterinarios. “Es imperioso que se participe, tanto desde el punto de vista de la salud como del ambiente. Ya tenemos pruebas suficientes de que la aplicación de plaguicidas deriva hacia matrices ambientales, y de ahí deriva directamente a la población que está al lado, al trabajador o a todos los demás que comemos las frutas y verduras que vienen con los residuos de plaguicidas”, dijo Ciganda. “Quien tiene que opinar sobre temas vinculados con la salud es el MSP. Lo mismo pasa con las evaluaciones de impacto ambiental, que deben ser dirigidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA]. Ahora el impacto ambiental lo está evaluando el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP]; hay superposición de roles”, expresó en diálogo con la diaria.

El MSP busca, también, fortalecer la participación del sector de la salud en el códex alimentario. Dijo que “el mejor marcador de exposición poblacional a plaguicidas es el límite máximo de residuo” que pueden tener los alimentos, y que se deben establecer planes de monitoreo y evaluaciones de riesgo.

Acciones a implementar

La toxicóloga admitió que todavía son “débiles o insuficientes los mecanismos de control, monitoreo y vigilancia” del uso de plaguicidas. Precisó que hay “contaminación de las matrices ambientales, fundamentalmente cursos de agua, sedimentos y calidad de aire”, y resaltó que “todo lo que impacta en la salud ambiental lo hace también, directa o indirectamente, en la salud humana”. Señaló que los agroquímicos impactan en las enfermedades no transmisibles –obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias y cáncer– y en las disrupciones endócrinas.

Por medio de un proyecto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) en el que participan también el MVOTMA y el MGAP, el MSP pretende “actualizar la normativa e introducir las evaluaciones de impacto ambiental en ambiente y de impacto ambiental en salud en el proceso de registro de plaguicidas”, dijo Ciganda. Comentó que se contrató una consultoría de las cátedras de salud y química de la Udelar para que, antes de fin de año, elaboren una “lista de los biomarcadores para plaguicidas ajustada a nuestra realidad agropecuaria nacional”. Detalló que un biomarcador es un “marcador biológico que se busca en alguna matriz humana: pelo, orina, sangre, piel”. Se pretende que la academia haga un listado de estudios que “tengan evidencia científica de su representatividad” y que puedan ser aplicados comercialmente en Uruguay; para eso, las cátedras revisarán los biomarcadores que recomienda la Organización Internacional del Trabajo y estimarán la brecha con la capacidad analítica actual del país. Ciganda comentó que después de eso se buscará “la manera de incorporarlos a nuestra normativa para contar con la obligatoriedad de implementar esa lista de biomarcadores de exposición humana a plaguicidas”.

La ordenanza 145/2009 dispone la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos a factores de riesgo laborales por sustancias físicas o químicas, entre ellas los plaguicidas. Sin embargo, no siempre se hacen, y la información que se da es limitada. Por ejemplo, el análisis que mide la enzima acetilcolinesterasa determina la exposición aguda a plaguicidas fosforados o carbamatos, pero “simplemente habla de exposición” y “no aporta datos de exposición crónica o de afectación crónica”, dijo Ciganda a la diaria. El estudio, que busca rastros de glifosato en la orina, también indica si la persona estuvo expuesta a la sustancia; este estudio no se hace todavía en Uruguay, pero Ciganda dijo que la Facultad de Química está estudiando la aplicación de esa técnica. Los biomarcadores permitirán hacer un seguimiento a largo plazo de cómo impactan los plaguicidas en los trabajadores que los aplican, formulan, fraccionan, trasvasan y transportan, para pasar luego al resto de la población, adelantó Ciganda. Con toda esa información, el MSP apunta a construir un plan nacional de vigilancia de trabajadores expuestos a plaguicidas, que incluirá una guía para elaborar la historia laboral de exposición, qué cosas tiene que preguntar el médico, los estudios que le tiene que indicar y una guía de notificación de eventos agudos.

Ciganda recomendó, además, crear una ley general de plaguicidas, que reúna bajo un “paraguas amplio” las normativas que tienen los diferentes ministerios.

Tal plaguicida, tal enfermedad

Damián Verzeñassi es médico y profesor del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Participó en la jornada, invitado por la senadora nacionalista Carol Aviaga. Verzeñassi presentó los resultados de los campamentos sanitarios, que son módulos de relevamiento epidemiológico que se implementan desde 2010, como práctica final de la carrera de Medicina. Durante cinco días, los estudiantes se instalan en comunidades de menos de 10.000 habitantes y, casa por casa, registran los problemas de salud que manifiesta la población y hacen controles en las escuelas. Verzeñassi habló de los resultados de los campamentos en 29 localidades de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, que incluyeron 105.000 entrevistas a los habitantes de esas localidades.

Se detectó una mayor incidencia de cáncer (397,4 casos cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa bruta anual de incidencia de cáncer en Argentina es de 218 casos cada 100.000 habitantes), y entre las principales patologías crónicas se hallaron hipertensión e hipotiroidismo en varones y mujeres (eso llamó la atención, porque antes el hipotiroidismo se manifestaba sólo en mujeres “grandes”). También se detectó un incremento de abortos espontáneos. Las localidades estudiadas están en el corazón sojero argentino; el estudio establece una correlación entre esas patologías y los efectos de los principales agroquímicos del agronegocio, entre ellos clorpirifos, atrazina, cipermetrina, imidazolilcarboxamida, metamidofos, metilparatión, 2,4-D y glifosato.