La Cámara de Senadores finalmente dio luz verde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para extender los seguros de paro a trabajadores de la Compañía Nacional de Cementos, la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel), la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos y Envidrio, no sin antes discutir sobre la pertinencia de esas medidas.

En el caso de la Compañía de Cementos, 50 trabajadores de los 130 que conforman la plantilla están en seguro de paro de manera rotativa. El miembro informante de la Comisión de Asuntos Laborales, Juan Castillo, sostuvo que la planta de Pan de Azúcar está teniendo problemas de competitividad por la reducción de la demanda de algunos socios regionales –fundamentalmente Brasil–, así como de la obra civil en Uruguay. No obstante, señaló que “existen expectativas” de que en el segundo semestre se retome la producción y por tanto que “la situación se pueda revertir”.

La situación de Fanapel y las subsidiarias Liderliv y Comital Uruguay es más crítica. La fábrica de Juan Lacaze “ha venido recibiendo algunos golpes” –en palabras de Castillo– y esto determinó que dejara de producir en el primer trimestre del año pasado, dejando a 300 personas sin trabajo.

En el caso de la cooperativa ubicada en Empalme Olmos, “problemas de mercado y demoras en pagos”, así como la importación de productos similares a los suyos con menor precio, llevaron a que la fábrica esté transitoriamente parada y haya tenido que enviar al seguro de paro a la totalidad de las 200 personas que integran su plantilla.

Por último, Ebigold y Alenvidrio, empresa más conocida como Envidrio y administrada por ex trabajadores de Cristalería del Uruguay, que cerró en los años 90, afronta problemas de competitividad y, a pesar de que ha reintegrado a 80 de sus 140 trabajadores, según Castillo “no tiene los mecanismos ni los medios” para hacer lo mismo con el resto.

El senador nacionalista Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, cuestionó que sean “de interés general” las razones invocadas como fundamento en los cuatro proyectos de ley, y sostuvo que hay una situación de “privilegio” de los afectados, ya que no se contempla así a cualquier uruguayo, “que bien lo tendría merecido”, sino a “personas organizadas”.

En respuesta a ese cuestionamiento, Castillo afirmó que “cualquier trabajador es libre de afiliarse, así como también tiene derecho a no hacerlo”. Además, señaló que “es muy difícil estar en la piel de las trabajadores cuando se cierra la fábrica” y que para estas personas “el privilegio es tener un trabajo”, ya que “lo que menos quiere un obrero es estar sin hacer nada”.