El hecho fue noticia en todos los medios y no pasó desapercibido en ningún rincón del planeta. “Cometimos errores y eso genera una brecha de confianza con la gente”, dijo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. “Que se devuelva la soberanía de los datos al ciudadano”, exigió Angela Merkel.

Todos somos objeto de prácticas de vigilancia que, aunque tendencialmente exhaustivas, no suponen un tratamiento democrático e igualitario. Vigilancia de masas, vigilancia orientada, vigilancia de masas que deviene en orientada (cuando identifica personas de “interés” o “sospechosas”), responden a las diversas funciones y objetivos del procesamiento de datos (seguridad, comerciales, de protección, etcétera) y recaen sobre distintos grupos e individuos.

Quiero subrayar la existencia de otros datos que se acumulan progresivamente sin llamar la atención de la opinión pública: me refiero a la contribución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al procesamiento de datos de los beneficiarios de prestaciones asistenciales con el objetivo de vigilar, esto es, de clasificar, controlar, rastrear, comprobar y observar sistemáticamente a individuos y poblaciones. Prácticas que no son nuevas, que pueden rastrearse en la historia del Estado moderno y que son fuente del acervo de los saberes del Estado, pero cuya transformación cuantitativa, posibilitada por el desarrollo tecnológico, muta su naturaleza.

Siempre son nobles los objetivos declarados que persigue el inventario sistemático de las poblaciones. En las políticas de “bienestar”, la construcción de bases para su evaluación y monitoreo respondió a la necesidad de contar con insumos para la toma de decisiones en materia de políticas sociales, para formular nuevas políticas o redireccionar las existentes, responder a demandas de información específicas, compartir información con otros organismos y con la ciudadanía. (1) Ante estas alteraciones importa, sobre todo, jerarquizar la reflexión académica, política y ética para identificar los “efectos colaterales” de estas prácticas promovidas por la reforma social y la reorganización de la política asistencial inaugurada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y pronunciarnos al respecto. Bien señalan Bauman y Lyon (2) que no se trata simplemente de un problema individual de ataque a la privacidad, sino de un problema que nos afecta a todos –aunque no en la misma medida– al colocar ciertos dilemas éticos y políticos. Las bondades de estos sistemas para almacenar datos, planificar acciones y contribuir a la transparencia de lo social mediante el procesamiento de datos, resumida en la expresión “vigilar para proteger”, no pueden oscurecer la reflexión acerca de los efectos de la ampliación de los saberes de Estado mediante las prácticas de vigilancia. Sobre todo cuando advertimos que para la mirada profana del ciudadano común, estos sistemas no son nada transparentes en su operativa y alcance. Pero generan problemas terrenales, concretos, que vuelven la sospecha sobre aquellos efectos colaterales de la vigilancia basada en el procesamiento de datos personales con el objetivo declarado de mejorar las protecciones sociales.

A título de ejemplo, menciono un episodio que tomó estado público en 2016 a instancias de un equipo de profesionales que recorrieron los tránsitos institucionales previstos y no obtuvieron respuestas para comprender qué había sucedido. la diaria del 2 de mayo de ese año (“El Mides lo llevó preso”) y Brecha del 5 de mayo (“Caballos de Troya”) se hicieron eco de la noticia. Las notas cuentan cómo la Policía detuvo a un joven requerido en un procedimiento dudoso, luego de que sus datos fueran documentados por un equipo de trabajo del Mides cuando su familia tramitaba una prestación económica destinada a la compra de alimentos. Más reciente es el caso de un ciudadano cuyos antecedentes penales fueron publicitados luego de haber denunciado en la prensa que el Mides no ofreció alternativas que, a su entender, contemplaran su situación.

Las cadenas de vigilancia posibilitadas por la compartibilidad de los datos deberían inquietarnos al punto de sospechar un tanto más de los vigilantes detrás de las bases y un tanto menos del vigilado, individualizado, identificado y georreferenciado. Llamar la atención sobre los daños colaterales es un imperativo ético-político: “La idea de ‘colateralidad’ sugiere que los efectos positivos asumidos y los supuestamente negativos se dan de manera paralela, y por esta razón cada aplicación consciente y expresa de cualquier técnica nueva produce (al menos en principio) una nueva área de fatalidades que antes no se habían producido” (Bauman y Lyon, 2013: 105). Sin embargo, Lyon (2013) señala que en la misma medida en que nuestra vida cotidiana se vuelve más transparente para los organismos que nos vigilan, nuestro conocimiento sobre cuáles son las actividades de estos organismos se vuelve más opaco. A nivel de las corporaciones profesionales, la reflexión sobre estas cuestiones no puede obviar el examen sobre los efectos de estos procesos en las prácticas profesionales, sobre su autonomía relativa y los alcances del secreto profesional, por mencionar apenas algunos.

El caso “Facebook” escandalizó al mundo entero: ¿cómo hicieron esto con nuestros datos? ¡Devuelvan la soberanía de nuestros datos! Y desconocemos que en las formas de vigilancia incorporadas a las políticas cuyo propósito es mejorar el “bienestar“ no se pide consentimiento a los titulares de los datos para extraerlos, desconocen qué se dice de ellos y a quién se les dice ni para qué se hace. Incluso cuando se trata de datos sensibles, es decir, aquellos que, según definición de la Ley 18.331, de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data, “revelan nuestro origen racial o étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical y toda información referente a nuestra salud o vida sexual“.

Laura Vecinday es doctora en Ciencias Sociales, integrante del Departamento de Trabajo Social de la Udelar.

(1) Canzani y Cancela, “Una mirada al Sistema de Información del Mides”, 2015.

(2) Bauman y Lyon, Vigilancia Líquida, 2013: 105.