Es común toparse con mensajes violentos y discriminatorios en los foros de las páginas web de los canales de televisión. Un mes atrás, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), ante varios comentarios de este tipo en el portal de Subrayado, decidió tomar cartas en el asunto: solicitó a las autoridades de Canal 10 que borren las expresiones que incitan al odio, elaboren un código de ética para el medio y publiquen un comunicado en el que expresen que no aceptarán mensajes con estas características, informó el 6 de abril la diaria. El caso fue emblemático, ya que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no regula internet, la institución consideró que los foros “son un complemento” de los medios de comunicación audiovisual y decidió usar las potestades que la normativa le otorga. El viernes, en una mesa redonda organizada por la INDDHH, analistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil intercambiaron visiones sobre el rol que debe tener la institución en el cumplimiento de la llamada “ley de medios”.

El consejero de Comunicación e Información para el Mercosur, Guilherme Canela, apuntó que uno de los principales desafíos que tiene la institución es fomentar la educación para los medios. Canela se refirió a la investigación Kids Online Uruguay, hecha este año por UNICEF y UNESCO –entre otros–, en la que se observó que siete de cada diez niños uruguayos se conectan diariamente a internet. Para el consejero, si bien la LSCA no refiere particularmente a internet, hoy en día es muy difícil hacer una separación entre la red y los medios audiovisuales. Según Canela, el resultado de la investigación muestra “claramente” que Uruguay debe establecer una política “estructurada y sostenida de educación para la comunicación”. Por ahora, explicó, tan sólo existen buenos proyectos que algunos docentes llevan adelante por iniciativa propia.

Por otro lado, indicó que la INDDHH no puede mantener una “posición aislada” respecto de los demás actores que la ley nombra. La institución, agregó Canela, debe establecer una relación de cooperación con el próximo Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), la sociedad civil organizada, el Poder Judicial, los dueños de los medios y sus trabajadores. Advirtió que, “si no se crea un ecosistema regulatorio con todos los actores implicados, la ley no va a funcionar”. Señaló que no se debe perder la perspectiva del “bosque”: la protección de la libertad de expresión. La institución tiene que estar al tanto de lo que pasa con la ley de publicidad oficial, internet y la concentración de la propiedad de medios, expresó.

El director de Observacom, Gustavo Gómez, indicó que, “más allá de que el proceso de elección del CCA y la campaña de bien público del Sistema Nacional de Cuidados son buenas noticias, estamos llegando tarde a la aplicación de una ley que reconoce nuevos derechos”. Recordó que la LSCA está vigente desde 2014 y que, si bien el Poder Ejecutivo es un actor clave para su reglamentación, no es el único. En ese sentido, señaló que la INDDHH “también tenía cosas por aplicar y, desde mi punto de vista, se ha demorado un poco”. Por ejemplo, sugirió, la institución puede comenzar a desarrollar un plan nacional de educación para la comunicación, promover los derechos de las audiencias y elaborar un protocolo de actuación de oficio. Dijo que en Uruguay “estamos lejos de que la gente denuncie; nosotros estamos pidiendo que la gente se queje. Lo más terrible de la no aplicación de la ley es que ni siquiera el gobierno difundió que existe”. Por ese motivo, hizo hincapié en que la institución debe asumir un “rol de liderazgo” en la aplicación de la ley.

En la misma línea, Lilián Celiberti, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, remarcó que “todavía estamos lejos de pensar que la comunicación es un bien común y no sólo un derecho de los medios comerciales”. Para Celiberti, es por ese motivo que la ciudadanía no reclama mayor transparencia en el proceso de elección del CCA, organismo encargado de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de la LSCA: “No conocemos quiénes son todos los candidatos, no los hemos visto debatir, no sabemos qué plantean. ¿La ciudadanía no tiene nada que ver con la elección?”, se preguntó. A su entender, la INDDHH debe “convencer y legitimar” su tarea y colocar estos temas en la opinión pública.

Tanto Martín Prats –integrante del Grupo LSCA de la INDDHH– como Gómez remarcaron que la función de la institución es fundamentalmente pedagógica: “Debe apostar al cambio de conductas. Para eso debe orientar a los medios para que desarrollen una política de protección de los derechos de las personas”, aseguró Prats. En ese sentido, indicó que la INDDHH recibe denuncias de “todo tipo y color”, y que lo primero que debe hacer es “plantear el principio de no censura y el pluralismo”; en otras palabras, promover la libertad de expresión, no generar mecanismos de sanción. Aunque se ha avanzado, aseguró, todavía falta: “Hoy, las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad y los migrantes se sienten todavía vulnerados y discriminados por los mensajes de los medios de comunicación. Este es un tema que tiene que trabajar la INDDHH”.