La democracia enfrenta varias amenazas en el siglo XXI. Al creciente sentimiento antipolítico que se manifiesta en muchos países habría que sumarle la crisis del Estado de bienestar que acompañó el proceso de consolidación de las democracias en el mundo occidental. Las campañas electorales tienden a vaciarse de contenidos para convertirse en campañas de marketing, y más recientemente se suma la utilización de las redes sociales para desplegar estrategias de desinformación.
A poco de cumplirse las dos primeras décadas del siglo XXI, es un dato de la realidad el proceso de expansión de las redes sociales. Asimismo, es incuestionable que este desarrollo transformó la forma de relacionarse entre las personas. La comunicación desde un dispositivo y mediante distintas plataformas es personal, grupal, social, empresarial, política, académica y de todas las formas imaginables.
Difundimos todo tipo de comunicación –relevante o no– y ante todo somos receptores de inagotables fuentes de información o desinformación.
Las noticias falsas (fake news) inciden en los procesos electorales de los estados. La presencia de este nuevo fenómeno de campaña electoral ha llevado a varios países a estudiar el tema en forma individual y colectiva. La finalidad de esos estudios sería analizar la pertinencia de incorporar a los diversos marcos normativos legislación que permita actuar en estos casos.
A modo de ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron,anunció a principios de año que lanzará un proyecto de ley para combatir las noticias falsas durante el período electoral. En Brasil, el Consejo de Comunicación Social, órgano asesor del Congreso de ese país sobre políticas de comunicación, aprobó la semana pasada una propuesta de criterios a tener en cuenta para legislar sobre “noticias falsas”. Advierte que se debe definir claramente qué se entiende por “noticias falsas”, así como establecer en forma inequívoca los criterios de penalización. Asimismo, propone penalizar al autor y no a los usuarios, y establecer un órgano plural y técnico para la aplicación de la normativa.
En México, el Instituto Nacional Electoral firmó acuerdos con diversas plataformas digitales para difundir información oficial y orientar al electorado. No es menor el tema para este país, que tiene muy cercano en el tiempo y en el espacio el escándalo de la última elección en Estados Unidos. En este último país fueron usados datos de millones de usuarios de Facebook a favor de la candidatura de Donald Trump, enviando noticias y propuestas falsas atribuidas a la candidata demócrata Hillary Clinton.
En la actualidad, el país que más avanzó sobre la legislación de noticias falsas es Malasia. Efectivamente, la cámara baja de ese país acaba de aprobar una propuesta legislativa para prohibir la divulgación de noticias falsas. La medida dispone hasta seis años de prisión por publicar o difundir noticias engañosas.
Estos son sólo algunos ejemplos de diferentes Estados que advierten un problema profundo de difícil resolución, que además tiene la particularidad de que no es sólo de dominio interno. Nuevamente podemos citar el caso de Estados Unidos y la supuesta intervención de Rusia en las elecciones estadounidenses. También existen acusaciones de la intervención rusa en las elecciones de Francia, Alemania y Ucrania, e incluso antes la propia Rusia había acusado a Occidente de ser promotor de las “revoluciones de colores” en Ucrania y Georgia.
Más allá de los casos mencionados, es pertinente detenerse en el tratamiento que la Unión Europea ha realizado del tema. Ante las proximidades de la elección del Parlamento Europeo (2019) existe el temor fundado de que las noticias falsas difundidas en las redes sociales puedan ser utilizadas para generar una tendencia o resultado determinado. La consultora Garner, especializada en tecnología informática, afirma, sobre la base de sus estudios, que el mundo occidental en 2022 consumirá más noticias falsas que verdaderas. Ante estos hechos, la Comisión Europa creó un grupo de expertos para combatir las noticias falsas, Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG, por su sigla en inglés).
Importa detenerse en algunas apreciaciones y conclusiones del informe realizado por el HLEG, denominado “Enfoque multidimensional sobre la desinformación”. En primer lugar, porque ofrece una perspectiva más amplia del concepto de noticias falsas; además, plantea algunas medidas no punitivas para abordar el tema.
El grupo de expertos reconoce que, aunque no necesariamente ilegal, la desinformación puede, sin embargo, ser perjudicial para los ciudadanos y la sociedad. Actualmente, los debates sobre noticias falsas abarcan un amplio espectro de tipos de información, desde errores honestos hasta intervenciones de estados extranjeros que podrían debilitar procesos políticos. El informe se focaliza especialmente en problemas asociados con la desinformación. Se define como “falsa”, “imprecisa” o “engañosa” la información diseñada, presentada o promovida con la intención de causar daño o beneficio. Con la finalidad de asegurar respuestas apropiadas en concordancia con los principios de libertad de expresión, libertad de prensa y pluralismo, el HLEG recomienda un abordaje multidimensional.
Si bien compartimos la conveniencia de hacer un abordaje integral de un problema tan complejo, que apueste a la capacitación de los usuarios y a la autorregulación de los actores involucrados, estamos convencidos de que hay que ir un paso más allá y avanzar en adecuaciones legislativas que preserven la calidad de la democracia. Si las futuras contiendas electorales pueden ser definidas por estrategias de empresas de comunicación, que inescrupulosamente despliegan campañas de desinformación (cosa que ya está sucediendo), se estaría provocando un profundo daño a la política, a los partidos políticos y a la democracia.
Marcos Otheguy es senador del Frente Amplio.