Las Fuerzas Armadas uruguayas no sólo llevaron a cabo actividades de espionaje en democracia, como constatan los documentos del denominado “archivo Berrutti”, a estudio del Parlamento. También utilizaron recursos públicos para incidir políticamente. Una investigación realizada por docentes y estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), junto con la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, describe y sistematiza las acciones que llevaron adelante los militares durante la campaña para derogar la ley de caducidad, en 1989.

El estudio, coordinado por el docente y periodista Samuel Blixen, todavía está en curso, pero el miércoles de noche se presentó un avance de los hallazgos en el aula magna de la FIC. La investigación forma parte de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) de la Udelar, denominado “Sistematización, tratamiento y difusión de la información digital vinculada con las investigaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente y terrorismo de Estado”. Apunta a procesar los documentos contenidos en el archivo Berrutti, hallado en dependencias militares en 2006, y la documentación digitalizada del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna).

La investigación tiene vertientes distintas. El miércoles se presentaron tres informes: uno sobre los códigos de espionaje que utilizaban los militares, otro sobre la estructura y los responsables del Servicio de Información de Defensa (SID) en la dictadura, y un tercero sobre las acciones de los militares respecto del referéndum de 1989. Este último análisis fue realizado por los periodistas y docentes Betania Núñez, Amanda Muñoz, Tania Ferreira y Samuel Blixen, la periodista Mariana Cianelli, el docente Iván Fernández y la licenciada en Ciencias Lucía Blixen.

La principal conclusión de este informe es que los militares “intentaron influir, boicotear y robar información respecto al referéndum” para “incidir sobre el resultado”, señalaron Núñez y Muñoz, que estuvieron a cargo de la presentación de los resultados. Agregaron que al hacer esto, los militares “cometieron delitos” como hurtar información y utilizarla en años posteriores “para afectar la vida de los ciudadanos”.

Se analizaron ocho rollos del archivo Berrutti, que contienen 6.113 imágenes de documentos fechados entre enero de 1986 y abril de 1989. Allí se constata que el espionaje militar sobre la campaña del referéndum estuvo dirigido a averiguar qué perspectivas había de que triunfara el voto verde para “saber si los militares van a tener que salir a la calle o se van a tener que quedar”, según consta textualmente en un documento, en presunta referencia a un nuevo golpe de Estado.

Se relevó la existencia de 38 informantes infiltrados que reportaban a 15 militares, denominados “manipuladores”. Los informantes eran personas de confianza de las organizaciones espiadas y cobraban dinero y premios. El espionaje puso el foco en el Partido Comunista, la Corriente de Unidad Frenteamplista (CUF), el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido por la Victoria del Pueblo, el PIT-CNT y el Partido Nacional. Pero los militares también espiaban a sus aliados, e incluso al propio presidente de la República en aquel entonces, Julio María Sanguinetti. Un documento del archivo destaca que Sanguinetti “demuestra cabalmente su preocupación” por la posibilidad de que triunfara el voto verde.

Núñez explicó que hubo un “enorme y sistemático esfuerzo” por recolectar información sobre la campaña del voto verde: quiénes eran los grupos más activos; qué conflictos había entre diferentes sectores políticos sobre este tema; cómo era la estructura, organización y financiamiento de la campaña pro referéndum; e incluso quiénes firmaron. Esta última información les interesaba especialmente a los militares, al punto de que planificaron acciones de robo para hacerse de los nombres de los firmantes. En varios documentos se hace referencia a cómo “hurtar” y “afanar” documentos de la comisión pro referéndum. Y consiguieron hacerse de los nombres. Un documento de la División de Ejército III, fechado en 1997, incluye como antecedente en una ficha de una persona que aspiraba a un cargo en el Ministerio de Defensa Nacional el hecho de que “figura en la lista de probables firmantes del referéndum”.

Si la información reportada y contenida en los documentos es certera, los militares involucrados también llegaron a retener las credenciales de otros militares para que no firmaran por el referéndum. “A los militares se les está haciendo firmar, a pesar de que no tengan la credencial, algunos han manifestado que se les ha retirado la misma en las unidades, pero igual han firmado”, indica uno de los documentos, que registra una conversación entre agente y manipulador. “Esto nos parece más grave, porque no solamente estaban monitoreando quiénes firmaban y quiénes no, sino que les habían retenido las credenciales para que no firmaran en plena democracia”, remarcó Muñoz.

Además, los militares utilizaron recursos públicos para imprimir folletos y volantes de la campaña del voto amarillo.