"Jorge Batlle fue el primero que vino a ponerme esta idea en la cabeza", cuenta Ernesto Talvi en su oficina de Ciudadanos, el nuevo sector del Partido Colorado (PC). Esa idea en la cabeza es la de ser precandidato a la presidencia de la República, se oficializó hace una semana en un acto en el club Larre Borges y lo pondrá en competencia con Fernando Amado (Batllistas Orejanos), José Amorín Batlle (Uruguay Batllista) y el aspirante que salga de Batllistas, el sector liderado por Julio María Sanguinetti. Talvi es economista y fue durante 20 años el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). “Decidí dejar atrás toda mi vida académica, que me encantaba, y me dolió tener que dejarla; no estoy en esto para probar, sino con un compromiso serio”, dijo en entrevista con la diaria.

Hubo bastante hermetismo sobre tu precandidatura. De hecho, se creó Ciudadanos y todavía no se sabía si ibas a aceptar. ¿Realmente lo pensaste mucho o estabas afinando detalles?

Lo pensé muchísimo. Porque Ciudadanos fue concebido como un proyecto nuevo en un partido histórico y tradicional. Una propuesta de renovación que no iba a nacer de ningún acuerdo político, y no iba a heredar ninguna estructura política. Tenía que ver si eso era viable. Dio trabajo, y te confieso que hasta hace relativamente poco no tenía completamente tomada la decisión de ingresar en la política.

Los otros tres sectores del PC que compiten en la interna tienen la palabra “batllista” en su nombre, pero tu grupo no. ¿Cómo te llevás con el batllismo?

Muy bien. Me he definido siempre como un liberal progresista, y Ciudadanos va a ser una fuerza liberal y progresista. Creo que ese liberalismo progresista, o la socialdemocracia, en Uruguay tienen el nombre de batllismo. Vamos a proponer construir un Estado de bienestar moderno para asegurarles la igualdad real de oportunidades y una vida digna a los ciudadanos, empezando por el primero de los derechos, el más importante, que es que todos tengan asegurada, por medio de la educación pública, una educación de calidad que les permita poder soñar con un futuro que ellos mismos puedan construir. No como lo que pasa ahora, que en los contextos vulnerables, donde nace 50% de los chiquilines, sólo 13 de cada 100 terminan el liceo; por ende, no son empleables por la economía formal y quedan condenados por el barrio en que nacieron a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales o a ser semillero de las narcomafias y el crimen organizado.

Proponés instalar 136 liceos como Impulso, que en su página web se define como “de gestión privada”. ¿Qué implica ese tipo de gestión?

Es de gestión privada porque no lo está gestionando el Estado sino una fundación. Pero no proponemos liceos de gestión privada, sino 136 liceos públicos de gestión pública. Es necesario crear una red de liceos que tengan ciertas características: por ejemplo, van a ser de tiempo hipercompleto, de 8.00 a 18.00 todos los días, de lunes a sábado, y con liceo de verano. Allí a los chiquilines se les asegurará una alimentación adecuada y chequeos periódicos –físicos, psicológicos, odontológicos, oftalmológicos–, para que estén en buenas condiciones alimentarias y de salud, que les permitan absorber conocimiento. Muchos chiquilines, en estos ámbitos de enorme dificultad económica y familiar, tienen trastornos psiquiátricos que es necesario tratar, porque así no se puede aprender, y un chico con una adicción tampoco puede hacerlo. Además, se necesitan planteles de docentes estables, que estén comprometidos con un proyecto, propuestas pedagógicas muy distintas a las que tiene hoy la Administración Nacional de Educación Pública en estos contextos. También estamos fracasando en la reinserción de los menores infractores, porque terminan –a pesar de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente– en infiernos de donde salen más violentos y más conectados con las redes criminales. Hoy existe la tecnología para poder reinsertar a estos chiquilines a la sociedad. En Suecia están cerrando cárceles, porque tienen tanto éxito en la reintegración que se están quedando sin presos. ¿Por qué, si otros países están imitando al modelo sueco, no lo podemos imitar nosotros? Esa es otra propuesta que estamos lanzando: tres centros de rehabilitación modelo.

¿Lo de Suecia no es una utopía?

No. Panamá está intentando emular el método sueco, y varios otros países latinoamericanos también. Es como preguntar si no será una utopía que usemos los programas de Microsoft o una Mac. Esa tecnología no se inventó acá, sino en Silicon Valley, en Estados Unidos. Sin embargo, los procesos de adopción de las nuevas tecnologías son rapidísimos. La televisión demoró 38 años en llegar a tener 50 millones de usuarios, y Twitter demoró uno. Entonces, ¿por qué pensamos que podemos adoptar tecnología cuando se trata de tecnología propiamente dicha, y no cuando es un modelo organizacional educativo o de reintegración de menores infractores a la sociedad?

En las propuestas sobre el empleo que figuran en tu página web planteás “racionalizar la regulación laboral”. ¿Qué significa eso?

Entendemos que una buena normativa laboral tiene que llevar a una relación entre sindicatos de trabajadores y empresarios que permita asegurar condiciones de trabajo y las mejores remuneraciones posibles, pero también asegurar a las empresas una rentabilidad que les permita subsistir. La negociación colectiva es un buen instrumento para eso, pero creemos que hay algunas cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, los convenios colectivos deben contener mecanismos de prevención y resolución de conflictos, que impliquen que deben cumplirse ciertas etapas antes de llegar a la medida más extrema, que es la huelga. Y si esas etapas no son cumplidas, por los trabajadores o por los empresarios, entonces el convenio colectivo cae. Es importante que haya un estímulo para que las partes tengan instancias previas a la huelga, y así poder prevenir o resolver conflictos. Lo otro que nos parece muy importante modificar tiene relación con las condiciones a nivel sectorial. En la medida en que el sindicato de una empresa decida cambiar esas condiciones, porque de esa manera pueda proteger los empleos o adaptarse a una realidad que de golpe, para una empresa del sector, no sea análoga a las de otras, tiene que ser posible acordar algo que sea distinto a lo que se acordó a un nivel sectorial, que es muy amplio y no toma en cuenta la realidad por la que pueden estar pasando circunstancialmente algunas empresas.

En el acto de lanzamiento de Ciudadanos sostuviste que en Uruguay se pretende cobrar impuestos finlandeses para dar servicios latinoamericanos. ¿Qué planteás respecto de eso?

Que se den mejores servicios. En este momento, una persona de ingresos medios paga por todo concepto –impuestos directos, indirectos, departamentales y nacionales– 43% de la renta inicial, y en Finlandia la cifra equivalente es 47%. No estoy jugando con las palabras cuando digo que pretenden cobrar impuestos finlandeses. Pero Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo y los mejores servicios públicos. A nadie en Finlandia se le pasaría por la cabeza mandar a sus hijos a un colegio privado o atenderse en la salud privada. Nuestra propuesta es redignificar lo público, y que volvamos a sentirnos orgullosos de tener uno de los mejores sistemas educativos de América Latina, como teníamos en su momento.

Ernesto Talvi.
Ernesto Talvi.

Hablando de impuestos: ¿cómo ves las reivindicaciones del movimiento Un Solo Uruguay?

Uruguay tiene que reconciliarse de una buena vez con su sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador, porque es el motor de nuestra economía. Entonces, cuando los precios de lo que producimos y vendemos –carne, lana, arroz, leche– se cayeron a pedazos, en 2012, el sector recibió un golpe muy grande. A eso se le suma que, por las dificultades que estaban atravesando las finanzas del gobierno, se subieron los impuestos y las tarifas públicas, como las de la electricidad y el gasoil –insumos muy importantes en el proceso productivo–, y además el tipo de cambio nos deja como uno de los países más caros en dólares. Entonces, ese triple golpe dejó en números rojos a casi todos los rubros de producción, y si perdés plata o tenés niveles muy bajos de rentabilidad, se empiezan a cerrar emprendimientos y se pierden empleos. Yo entiendo por qué nace Un Solo Uruguay, pero creo que tendría que mantenerse en una reivindicación de tipo gremial y no extenderse mas allá de eso. Y creo que con el tema de UPM están asumiendo una posición equivocada, porque es un buen proyecto para el país. Se le han dado incentivos –bajos impuestos, tarifas públicas a precios internacionales, buena infraestructura, etcétera–, entonces, ¿por qué no pasamos a un régimen de “todos somos UPM”? ¿Por qué no extender beneficios como los de UPM o similares a todos los nuevos proyectos de inversión, aunque sean de pequeños y medianos empresarios nacionales?

¿Hay algo que destaques de los tres gobiernos del Frente Amplio [FA]?

Una de las cosas que le reconocí siempre al FA fue su conducta en la crisis [de 2002]. No jugó la carta peronista, que con Fernando de la Rúa fue dar un golpe institucional ante una situación grave. El FA acolchonó al presidente [Jorge Batlle] y protegió al sistema. Así demostró que estaba preparado para gobernar. Ganó la elección y le dio continuidad institucional a la forma de organización de la sociedad. No vino la revolución del proletariado. Con énfasis y matices, el Uruguay de hoy es una continuidad; eso le ha dado una estabilidad enorme al país, y quienes vienen a invertir encuentran un clima previsible. El FA bajó la pobreza y la indigencia, en parte porque tuvimos una bonanza económica extraordinaria por razones externas, pero también por las políticas sociales que se llevaron adelante –nosotros estimamos que un tercio de la baja de la pobreza y la indigencia es mérito de la política social–. Después, el Plan Ceibal lo veo con muchísima simpatía. También la reglamentación sobre donaciones especiales, que promovió el surgimiento de un montón de iniciativas valiosas de la sociedad civil, y la agenda de derechos. Nosotros respaldamos la liberalización de la marihuana. Creemos que hay que ser cuidadosos, y que a los jóvenes hay que informarlos de manera muy categórica sobre los daños y peligros que encierra su consumo –como se hace con el cigarrillo–, pero entendemos que la legalización es buena, y pretendemos ir en la dirección de Israel, de usar esta planta para fines no sólo psicoactivos, sino también medicinales, cosméticos, etcétera. Reivindicamos el matrimonio igualitario y la posibilidad de que personas del mismo sexo adopten hijos.

¿Y la ley de interrupción voluntaria del embarazo?

Se intentó derogar por la vía del referéndum y no hubo éxito, o sea que la ciudadanía ya se pronunció, y uno tiene que ser respetuoso de eso. Yo estoy a favor de la vida, pero eso no necesariamente es sinónimo de estar en contra de la legalización del aborto. Se puede trabajar desde la legalidad en procedimientos de disuasión, para que podamos eventualmente reducir la incidencia de los abortos, porque creemos en el valor de la vida, de la madre y del chiquilín que todavía no ha nacido.

Venís de afuera de la política, como Edgardo Novick. ¿Qué diferencias tenés con él?

La más importante, más allá de estilos y propuestas, es que yo opté por ingresar a la política desde un partido histórico que es parte del ADN de la república, que ha tenido errores –como los han tenido todos– pero es parte de nuestras mejores tradiciones, y fue el gran constructor del Estado de bienestar que José Batlle y Ordóñez inició a principios del siglo pasado. El Partido de la Gente es un proyecto nuevo, que tenemos que ver, a medida que se vaya desenvolviendo, cuáles son los valores que defiende. Eso es lo bueno de los partidos establecidos, que uno sabe en qué creen, más allá de quiénes ejerzan el liderazgo.