La propuesta de bases programáticas del Frente Amplio (FA) 2020-2025, que será considerada por las bases y los sectores de la coalición de izquierda de cara al Congreso, apuesta a consolidar y profundizar la inversión social.

En el capítulo “El desafío de la integración y la inclusión”, la fuerza política en el gobierno reconoce que las acciones de fortalecimiento de la matriz de protección social “no han logrado impactar en forma suficiente sobre los mecanismos de exclusión”, y propone una serie de medidas. Plantea establecer un sistema único de transferencias para menores de 18 años que permita “superar la fragmentación” del sistema actual, así como establecer un fondo de focalización para la infancia y la pobreza que permita “fortalecer prestaciones y lograr universalizar la inversión”. Se añade que sería deseable establecer reglas fiscales “como expresión de compromisos políticos a favor de la infancia”, por ejemplo, disponer que cualquier distribución nueva de recursos que se implemente no podrá ser regresiva en relación con los niños y los pobres.

En materia educativa, se entiende “imprescindible impulsar y profundizar cambios estructurales”. Se plantea la necesidad de universalizar la educación media de calidad; de promover la revisión de los planes, de los programas y del régimen de evaluación y pasaje de grado; de ampliar la cobertura de centros educativos y de cuidados para la primera infancia, y también de escuelas de tiempo extendido y de tiempo completo en los territorios de menor nivel socioeconómico; la creación dentro del segundo ciclo de secundaria del Bachillerato de Servicios Públicos, e incluir allí a la Educación Policial y Militar. Se plantea formular un Plan Nacional de Educación teniendo en cuenta las recientes conclusiones del último Congreso de la Educación.

La propuesta de programa plantea, además, “continuar incrementando la inversión en educación, sobre la base del 6% más el 1% del PIB [Producto Interno Bruto] para investigación”.

En cuanto a la vivienda, el documento propone “como mínimo duplicar” los recursos presupuestales para el Fondo Nacional de Vivienda, desarrollar un plan de acción para situaciones “de emergencia sociohabitacional grave” y eliminar el requisito de propiedad del inmueble para la tramitación de préstamos y subsidios para mejora de vivienda, bastando con la ocupación a cualquier título. Sugiere crear un “Fondo de Suelo Urbanizado” para disponer de un stock de tierra pública en todo el país, y que el Estado intervenga en el mercado de los alquileres mediante la construcción de viviendas destinadas a alquiler. Se remarca que la propuesta del FA en esta materia “no puede ser más de lo mismo, sino que tiene que superar significativamente, en alcance, cobertura y profundidad, lo hecho hasta ahora”.

En materia de salud, se propone dotar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado de recursos económicos “que la equiparen con el prestador privado”, y continuar reduciendo las tasas, tickets y órdenes cobrados por las mutualistas.

En cuanto a los cuidados, se sugiere profundizar lo actuado hasta ahora por el Sistema Nacional de Cuidados. Se propone modificar los esquemas de licencias y permisos para el cuidado de niños y niñas, desde un enfoque de igualdad de género, por ejemplo disponiendo licencias exclusivas para varones como mecanismo para fomentar la corresponsabilidad. Además, se plantea explorar las experiencias de los bancos de tiempo, sistemas de intercambio solidarios entre usuarios de cuidados.

Democracia, derechos humanos y seguridad

En el capítulo “El desafío de la democracia” se incluye nuevamente la propuesta de una reforma constitucional que consagre los derechos conquistados en los últimos años, que contemple el tercer nivel de gobierno y “que transforme el Poder Judicial”, entre otras disposiciones. Se propone reformar la Ley Orgánica de la Judicatura para garantizar “un sistema de acceso y carrera transparente y democrático”, y “asegurar” el voto en el exterior de las y los uruguayos.

Se reafirma la lucha contra la impunidad y por verdad, memoria y justicia como un desafío democrático pendiente, pues “aún no se cumplió cabalmente con la investigación y condena a los culpables” de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Se propone en este sentido “levantar toda traba burocrática que obstaculice la obtención de información de calidad respecto a los lugares de enterramiento y posibilitar un mayor acceso a fuentes de inteligencia militar, que permita mayor celeridad en el conocimiento de los archivos de la dictadura, llevando a buen término las búsquedas que sean necesarias”.

En cuanto a la seguridad pública, una de las propuestas es que la gestión de las unidades penitenciarias recaiga en un cuerpo especial –“que puede ser la Policía, la Guardia Republicana o un cuerpo a crear”– subordinado al Instituto Nacional de Rehabilitación, que a su vez dependerá del Ministerio de Educación y Cultura. “En el período 2020-2025 se deberá culminar con la sustitución del personal policial por operadores penitenciarios civiles”, señala el documento. También se sostiene que las nuevas unidades penitenciarias no deberán tener más de 500 plazas, y se propone implementar acciones para promover el desarme de la sociedad.